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¿El fin justifica los medios?

Desde hace años hemos permitido que corrupción se institucionalice, para empezar a resolver el problema debemos asumir primero esa responsabilidad.

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Escrito en OPINIÓN el

Estamos acostumbrados al trato diferencial ante la ley en México. Esta aseveración que para muchos podría ser cuestionable, desde mi punto de vista es innegable pues existen distintos casos en los cuales el acceso a juicios expeditos y justos se encuentra estrechamente vinculado al nivel socioeconómico o educativo de las personas que exigen que se respete, por ejemplo, su derecho al debido proceso y acceso a la justicia. Esta situación ha alcanzado tales dimensiones que diversos expertos han expresado que el Estado de derecho democrático está completamente ausente y así se ha mantenido históricamente, a pesar de las diversas reformas implementadas.

 

Esto me permite afirmar que en esencia estamos frente a la falta de voluntad política de querer hacer cumplir las medidas anticorrupción que se han dispuesto durante los últimos años. Pongamos como evidencia la vivencia de los días pasados: si yo como individuo quisiese impedir las elecciones lo mínimo que sucedería es que me detendrían y sentenciarían, si pertenezco a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) salgo impune.

 

Lo mismo sucedería si decido irme a vivir a algún parque o monumento, estacionar un camión en un lugar indebido; como individuo me castigan, como miembro de un grupo privilegiado como la CNTE puedo vivir en el Monumento a la Revolución, estacionar mi auto o incluso camiones donde quiero y nadie me toca.

 

Si quisiese formar parte de un cuerpo de policía, lo mínimo que revisarían es qué tanto cumplo con los requisitos indispensables, edad, exámenes toxicológicos, condición física, exámenes psicométricos, no antecedentes penales. Si optara por ingresar a la institución policial en Michoacán y perteneciera a un grupo de autodefensa, me incorporan de manera casi inmediata a la policía rural, pese a que no cumpla por lo menos con la mitad de los requisitos referidos.

 

Si yo trato de viajar con once mil dólares norteamericanos por avión y no los declaro me detienen, si recibo como herencia de un tío lejano diez millones de pesos y los deposito en mi cuenta, me investigan. Si soy gobernador de una entidad puedo mover o sacar del país millones de dólares sin problema alguno.

 

Estos son algunos de tantos ejemplos que todos los mexicanos conocemos, hemos comentado y criticado; de los cuales lamentablemente también somos corresponsables. Desde hace muchos años hemos permitido que la corrupción se institucionalice y para empezar a resolver el problema debemos asumir ese nivel de responsabilidad. Aclarado esto, es fundamental recalcar que, sin excusar la responsabilidad individual, quien por mandato debería romper con estas prácticas que vulneran el Estado de derecho y generar un ambiente de respeto a la ley son las autoridades que representan al Estado.

 

Sin embargo, parece que con tal de conseguir ciertos fines, los gobernantes están dispuestos a impulsar acciones violatorias de leyes que ellos mismos impulsaron, políticas que no corresponden a los compromisos de campaña, decisiones que contradicen las posturas públicas. Por ejemplo, suspender la evaluación docente, permitir violencia y vandalismo, incorporar grupos de personas a instituciones del Estado sin que cumplan los requisitos básicos, dejar de investigar los lazos de autoridades con el crimen, violar los derechos humanos; mandan la señal que la ley es una referencia, que aplica sólo para algunas personas y que puede ser pisoteada según la necesidad o interés político del momento.

 

 

¿El fin justifica los medios? Esta frase se le adjudica erróneamente a Nicolás Maquiavelo, cuando en su obra El Príncipe, explica que cualquier acción, si está ligada a la razón de Estado es justificable. Sin embargo, toda vez se omite que el autor en el mismo texto aclara que, entre las características que un líder debe tener, están la de saber gobernar sobre saber ejercer la fuerza y de hacerlo siempre guiado por el bienestar del pueblo. Aunado a ello, Nicolás Maquiavelo explicó que un príncipe, para que pueda mantenerse como tal, también debe enfrentar decisiones difíciles para garantizar el bien del pueblo y no, como comúnmente estamos acostumbrados a pensar, que se vale todo con tal de obtener un beneficio.

 

El tema no es sólo de moralidad o justicia, es de sustancia: haber interrumpido la evaluación docente para "mantener la calma en elecciones" o proveer de prebendas a los sindicatos “para disminuir las protestas” manda la señal que ante una violenta presión de un grupo, el Estado claudica y cede a los intereses particulares.

 

Permitir el vandalismo y las agresiones a policías en manifestaciones públicas sin castigo alguno “por no generar más confrontación con grupos disidentes o anárquicos”, viola los derechos y vulnera los bienes de miles de mexicanos respetuosos de leyes e instituciones.

 

Haber incorporado a los integrantes de las autodefensas a las policías rurales sin haber pasado por la capacitación mínima requerida ni por los mecanismos de control que se establecieron en ley como base para mejorar el desempeño policial y prevenir la penetración de agentes del crimen en las instituciones del Estado bajo el argumento que “urgía resolver el tema de las autodefensas en Michoacán”, nos deja hoy con servidores públicos poco capacitados, que no sabemos si juegan a favor o contra el Estado. Esto representa una cachetada para tantos policías honestos que a veces son dados de baja injustamente por no pasar alguna parte del proceso de control y confianza.

 

Dejar de investigar los enriquecimientos inexplicables de líderes sindicales, servidores públicos, políticos de elección popular para “mantener la paz social” sólo genera descontento, incentiva la corrupción, el despojo y el desprecio de la ley.

 

El fin no justifica los medios. En un país con un sólido Estado de Derecho, los derechos humanos y la seguridad humana deben guiar las políticas públicas y no se pueden dejar al margen bajo ninguna circunstancia. El respeto de la norma debe guiar las actuaciones de las autoridades y tanto la transparencia como la rendición de cuentas, deben ser el mecanismo natural a través del cual los ciudadanos nos relacionemos con las autoridades.

 

Cada uno de nosotros debemos levantar la voz cada vez que una autoridad justifica sus violaciones o la ignorancia de las normas. Nuestras autoridades deben entender que toda acción u omisión fortalece o debilita el Estado de Derecho. Hay antecedentes que muestran que se puede avanzar, el ejemplo más recientes es el fallo del Poder Judicial a través de cual se resolvió el amparo a favor de la aplicación de la evaluación docente. Este caso muestra que las arbitrariedades de la autoridad pueden combatirse por medio de las instituciones legalmente establecidas porque el fin, no justifica los medios.

 

@frarivasCoL