Miles de docentes de todo el país han recibido un comunicado de sus autoridades que los elige a participar en un examen de evaluación, objeto principal de la reforma educativa de este gobierno.
Los comunicados de elección a los docentes han sido apresurados en su elaboración y entrega; son escritos de machote, algunos de ellos hasta con errores ortográficos firmados por distinguidos directivos escolares de cada estado.
La elección dicen, ha sido al azar entre maestros de 6 a 20 años de antigüedad, pero hay regiones en el país que han llegado al extremo de poner en la lista a profesores con hasta 35 años de antigüedad, seleccionados más que por su perfil, como represalia a su oposición crítica a esa mal llamada reforma educativa.
Una evaluación no puede tener como propósito la afectación de los derechos laborales de los docentes, pero la impulsada por Chuayffet y su sequito, es todo lo contrario. Desde el diseño legislativo, su objetivo y la aplicación arbitraria con la que se implementa, lo que menos le importa al gobierno es respetar los derechos laborales de los mentores.
El diseño de esa reforma educativa fue anular todo lo colectivo, propio de un régimen fascista. Por eso se derogaron desde la Constitución, todas las normas relacionadas con derechos grupales como las contenidas en las condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo en los temas de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia.
Al no existir contrapesos gremiales, las autoridades aplican los procesos de evaluación sin respetar incluso las normas del servicio profesional docente aprobadas por el régimen peñista. Las notificaciones de elección las hacen como quieren, a quién ellos deciden, sin los tiempos mínimos de anticipación ordenados en la ley, sin proporcionar la capacitación suficiente e idónea, ni entrega de los materiales de estudio adecuados.
Lo que menos le interesa al grupo chuayffetista es cumplir su propia norma si le estorba a sus propósitos de afectar a los docentes.
Para el modelo chuayffetista (igualando al pinochetista) los derechos humanos son un estorbo. Miles han sido “notificados” de manera ilegal vía correo electrónico para que inicien el proceso de evaluación en pocos días, bajo la amenaza que de no acatarla serán despedidos.
Se ha observado en este proceso que el interés de esta evaluación no es calificar el grado de conocimiento de los profesores sino cumplir con un calendario impuesto a como dé lugar, aún a pesar de que los examinados no tienen la información ni capacitación sobre los temas que no son materia de sus cursos o preparación previa.
Los cursos de capacitación para la preparación de los exámenes aplicados recientemente han sido una farsa. Cuando se llegan a realizar son “breves charlas” por un expositor que se dice “certificado” sin aportar elementos para el estudio y preparación del examen. Eso sí, los organizadores hacen firmar a los maestros participantes antes del ingreso a la sala, un documento de asistencia a “su capacitación” para demostrar “en el papel” el cumplimiento de ese compromiso.
En algunos estados de la República, las autoridades con un cinismo que no disimulan, imparten “micro cursos de capacitación” para formalizar el requisito.
Los exámenes están diseñados con respuestas de opción (confusión) múltiple, todos ellos con el mismo formato, independientemente de la especialidad de cada docente. No importa la preparación, para los burócratas chuayffetistas el objetivo es demostrar (en el papel) que la reforma educativa va adelante y de paso denostar a los profesores.
Los docentes que han participado en los exámenes de evaluación, lo hacen en el sistema de cómputo proporcionado por los organizadores (que no se hacen responsables de las fallas del equipo). Si el sistema “se pasmó”, se afectó por un virus o se cortó la energía eléctrica, el tiempo del examen sigue transcurriendo y no hay manera de que se detenga con motivo de estas fallas. Nada importa, más que cumplir con un mandato de la apariencia de la reforma educativa.
Las preguntas formuladas, la mayoría nada tienen que ver con los planes educativos que se vienen aplicando. Son preguntas formuladas por teóricos de escritorio, alejadas de la experiencia docente.
El examen de evaluación es la desvergüenza de este régimen, su propósito es socavar la educación pública, es anular la organización magisterial, desaparecerla, romper su visión social y nacionalista, pero si el magisterio se une y se organiza no lo lograrán.