La impunidad sigue extendiéndose en los diferentes puntos de nuestra geografía nacional sembrando enojo, desesperanza y frustración en la población. Este año arrancó con una mayor violencia que el anterior y no se ha logrado frenar esta espiral de barbarie e inseguridad.

 

Los delincuentes andan desatados sin que nadie los frene, las policías se encuentran en su mayoría contaminadas por las mafias, ex gobernadores saqueadores (Moreira, Duarte, Borge, etcétera) siguen prófugos o protegidos por las complicidades de la cúpula del poder, la corrupción elude sistemas que se crean para combatirla que no pasan de ser mera propaganda, en tanto que nuestro país enfrenta una embestida externa.

 

Es preciso señalar, sin embargo, que el principal enemigo de nuestra nación no es el ahora inquilino de La Casa Blanca, Donald Trump, sino una camarilla cleptocrática que ha sido incapaz de generar las condiciones económicas, políticas, sociales y de seguridad pública para que el país salga adelante. La falta de una estrategia diplomática, comercial e industrial inteligente y vigorosa de parte del gobierno de la República hace más estragos en la nación que los tuits de Trump.

 

Diferentes territorios y regiones son dominados por la delincuencia y la narcopolítica, -la colusión entre políticos y criminales- genera un entorno nocivo para la población que la deja en el desamparo y desprotegida. Muchos comerciantes, empresarios y en general toda persona que realiza una actividad económica lícita o que tiene un empleo hoy se enfrenta a la epidemia de extorsiones, al pago del impuesto criminal llamado "cobro de piso".

 

Los gobiernos, salvo excepciones, han dejado de cumplir de esta manera con su primigenia responsabilidad de procurar seguridad a la población que es el fin básico del contrato social.

 

Los gobiernos tienen que generar una seguridad democrática y el entorno propicio para que la población pueda dedicarse con libertad a su actividad económica sin la zozobra de que serán despojados por maleantes del fruto de su trabajo, de su patrimonio o agredidos en su integridad física.

 

Los gobiernos no pueden eludir su principal obligación que es proteger a la población, dedicándose la mayoría únicamente a desviar recursos, mientras someten a la población con el clientelismo claudicante que les permite seguir contando con votos para sus partidos del Pacto por México y empobrecer al mismo tiempo a la población, en un pernicioso círculo vicioso.

 

La estrategia económica del gobierno federal no ha permitido al país idear e impulsar un modelo de desarrollo que mejore la situación económica, no se ha detonado la construcción de una industria nacional y el enfoque maquillador enfrenta una gran amenaza con las políticas proteccionistas del nuevo gobierno de los Estados Unidos. A PEMEX no sólo lo saquearon sino que lo han ido matando de inanición.

 

La política fiscal del gobierno ha sido depredadora creando impuestos al por mayor, aumentando otros y exprimiendo a los contribuyentes con aumentos a las gasolinas, el diésel, el gas y la luz. Gracias al movimiento social y ciudadano de protestas el gobierno ha frenado nuevos gasolinazos, pero aviesamente ha aumentado las tarifas de la electricidad.

 

La principal reforma estructural de Peña Nieto se basó en una mentira descomunal, en miles de spots dijeron que bajarían las tarifas de la luz, el gas y las gasolinas con esta reforma energética y todo fue una tomadura de pelo.

 

Tanto la ONU como diversos organismos internacionales han denunciado las atrocidades y violaciones graves a los derechos humanos que van desde ejecuciones extra judiciales, tortura, tratos crueles e inhumanos y desapariciones forzadas. Según el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México al 1 de marzo de este año se contabilizaron 30 mil 942 personas desaparecidas, entre ellos los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en un caso brutal de complicidades entre criminales y autoridades.

 

En ese contexto, es muy evidente que el principal problema que enfrentamos es el de un gobierno incapaz de responder a los grandes retos del país. No es posible que estemos perdiendo la batalla contra los delincuentes por la falta de un genuino liderazgo, por la impunidad y por las complicidades.

 

Es el momento de construir un proyecto ciudadano de cambios, es la hora de que las fuerzas progresistas construyan una alternativa viable con altura de miras, sin mezquindades, con generosidad y con amplia convocatoria.

 

México no puede seguir siendo rehén de la impunidad y los contubernios. El cambio es urgente, el país no puede seguir desangrándose ni estar en la parálisis. La irritación social se debe convertir en energía para cambiar la realidad imperante.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

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