El viernes pasado el Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó en sesión especial, el registro de la candidatura independiente de Ana Teresa Aranda Orozco a la gubernatura de esa entidad.
Si revisamos el caso, podemos darnos cuenta, como en otras muchas candidaturas independientes, de la dificultad que enfrentan quienes apuestan por renunciar a su militancia partidista, y explorar la vía independiente.
Desde abril del año pasado, la ahora candidata independiente presentó su renuncia como militante al Partido Acción Nacional, anticipándose seguramente a su eventual postulación como candidata a la gubernatura de Puebla por la “vía ciudadana”.
A pesar de haber manifestado expresamente su voluntad de no militar más en ese instituto político, la Comisión de Afiliación del PAN le negó su petición ya que no había incluido copia de su credencial de elector para el trámite correspondiente.
Como consecuencia de ello, Aranda promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la Sala Superior, misma que determinó revocar el acuerdo del PAN, y ordenar al Registro Nacional de Militantes de ese partido dar de baja a Aranda del padrón correspondiente.
Ese mismo día, la Sala Superior resolvió otro juicio también promovido por Ana Teresa, en el que determinó no aplicar algunos de los requisitos previstos por el Código Electoral de Puebla para ser candidata independiente; consistentes en que los aspirantes a candidatos obtuvieran firmas con el porcentaje de apoyos ciudadanos en por lo menos dos terceras partes de los municipios que componen la entidad, así como la prohibición para ser candidatos independientes, de las personas que hubieran sido militantes de un partido político, los doce meses anteriores al día de la elección.
Una vez superadas estas etapas, la entonces aspirante a candidata independiente presentó ante el Instituto Electoral Local los documentos para ser registrada como candidata a la gubernatura del estado, y las cédulas de apoyo ciudadano correspondiente.
Sin embargo, una vez más las dificultades se presentaron a su puerta, y los partidos PAN, PANAL y Compromiso por Puebla solicitaron al Instituto Electoral que verificara la autenticidad de las firmas de apoyo de la candidata, acudiendo a los domicilios de los ciudadanos. Nuevamente el asunto terminó en la Sala Superior, la cual echó para atrás la decisión del Instituto Electoral, ya que no existía disposición legal que le autorizara a ordenar visitas para verificar la autenticidad del apoyo ciudadano a los candidatos independientes.
Unos días después, el Instituto Electoral local le negó el registro a Ana Teresa Aranda como candidata independiente, al estimar que no se habían cumplido con los requisitos establecidos en la ley para ello. Nuevamente la Sala Superior echó para atrás la resolución del Instituto Electoral, y le ordenó registrara inmediatamente a la ciudadana como candidata independiente a la gubernatura de la entidad, al estimar que algunos de los requisitos solicitados por la autoridad electoral local eran de imposible cumplimiento.
La ahora candidata independiente inicia tarde su campaña, y es muy probable que antes de que se celebren las elecciones locales, encuentre muchos más obstáculos en su camino. Su militancia de varios años en Acción Nacional es un hecho público y notorio, y su nombre es ampliamente conocido en el estado.
En otros tiempos, un candidato sin partido no era más que un buen chiste, pero desde hace algunos años, las candidaturas independientes sí parecen preocupar seriamente a los partidos políticos. La raíz del miedo partidario no parece estar en el voto ciudadano, sino más bien en la pérdida o merma de sus propias fuerzas internas. Desde que El Bronco ganara la gubernatura de Nuevo León todo parece posible, y por lo tanto ningún esfuerzo partidario parece poco para evitar un desastre.
Paradójicamente las candidaturas independientes se pensaron como una vía ciudadana, independiente de los partidos políticos, y en consonancia con ello, las legislaciones local y nacional establecieron ciertos candados legales para evitar que los partidos se inmiscuyeran en estas figuras “ciudadanas”.
Sin embargo, en la práctica, salvo contadas excepciones, las candidaturas independientes no son realmente accesibles para el ciudadano de a pie, y más bien parecieran estar diseñadas para ofrecer una vía alterna efectiva para los candidatos de partido, que estén en posibilidad de soportar las embestidas políticas de sus adversarios.
Posdata: En la discusión del lunes en la Sala Superior sobre los asuntos de David Monreal y José Guillermo Favela Quiñones se dejó claro que los ahora candidatos a las gubernaturas de Zacatecas y Durango, respectivamente, incumplieron con las normas de fiscalización. El debate entre los proyectos de los Magistrados Carrasco y Galván se centró en determinar si se aplicaban las consecuencias que establece la norma para su incumplimiento, o bien si se “privilegiaba” el derecho humano a ser votado. Adivine usted, en qué quedó el asunto…