Estamos en la cuesta de enero de la crisis (luego será febrero, marzo y no sé cuantos meses más) y de los despidos también. Los afectados en estos tiempos son principalmente trabajadores llamados de honorarios, eventuales y algunos de estructura de las dependencias públicas quienes sufren la penuria de la primera quincena sin sueldo y las que siguen.
Son 15 mil 825 los despidos anunciados por el gobierno federal sin contar los 13 mil autorizados por el Consejo de administración de Pemex y otros más en los gobiernos de los estados de la República que siguen la suerte de los recortes presupuestales a nivel nacional, más los que ocurren día a día insertados en el sector privado.
El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, acaba de declarar al The Financial Times que los países emergentes, como el nuestro deben estar preparados “para una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas” por el cambio de políticas monetarias en los países ricos (léase mayor proteccionismo) y por la desaceleración de la economía China.
Ello quiere decir que se incrementarán los cierres de empresa y los recortes de personal en empresas ligadas a las exportaciones que son miles. Otras empresas, para atemperar su crisis, forzarán a sus trabajadores a una contención salarial y prolongación de jornadas de trabajo sin pago adicional. Que la paguen ellos y no las empresas.
El drama del despido lo sufren fundamentalmente personas que en su mayoría rebasan los 35 años de edad y no encuentran alternativa de empleo. Los que tenían prestaciones las dejan de tener y se enfrentan al mercado informal o a la puerta falsa de la delincuencia.
Los jóvenes son quienes reciben la mayor carga productiva al estar contratados, la mayoría, de manera temporal. Esta condición, facilita les impongan dinámicas de procesos de producción “salvajes”, de tensión máxima, tanto física como mental, en largas jornadas de trabajo y en perjuicio de su salud.
En los centros fabriles se impone a los trabajadores, producir más y más hasta el cansancio, hasta el agotamiento, como condición para mantener la continuidad de los contratos temporales.
Está “explotación salvaje” convierte muy pronto a los jóvenes asalariados, en jóvenes de semblante viejo y cansado. Basta observarlos a la hora de salida de las fábricas y centros de trabajo. No se diga después de sufrir diariamente la penuria del transporte público en largas horas de desgaste y hacinamiento sin control.
Jóvenes que cada tres meses, algunos cada 60 días y otros cada 30 días están bajo la tensión de saber si sus contratos se renovarán o no. Es una tensión que enferma, que estresa a quienes enfrentan este problema al no saber si seguirán contando con un salario regular.
Esa crisis que ya enfrentan los y las trabajadoras en México se refleja en constantes accidentes y enfermedades de trabajo, los cuales no quedan registrados, porque los patrones en muchos casos, los envían con médicos particulares para ocultar toda información sobre estos casos.
Cuando el trabajador ya no puede seguir laborando, el patrón mejor opta por cubrir una miserable liquidación (a veces de 200 o 300 pesos en total) y mandarlo a la calle, despedido. Y esto lo puede hacer, porque en México despedir casi nunca tiene consecuencias. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje viven una de las mayores crisis por el incremento de despidos y en consecuencia más demandas laborales, poco personal y bajo presupuesto.
Los trabajadores que sufren la cuesta del inicio de año, están viviendo en carne propia las consecuencias de unas reformas estructurales que no les han traído beneficio alguno sino pesar; sienten el drama de perder el empleo, ese que prueban cuando enfrentan despidos sin alternativa alguna, en un país como el nuestro de promesas falsas, demagogia y engaños.
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