En primer lugar, la Comisión de Energía, con el voto en contra del PRD y el PT, avaló un método para la discusión durante el proceso de dictamen, el cual limita el número de legisladores que podrán participar en los debates y obliga a los legisladores a presentar todas sus reservas en un bloque de 15 minutos, sin importar su número o materia. Esta interpretación muy sui generis de las reglas del juego, está pensada para evitar que la presentación de reservas, artículos que un legislador solicita sean analizados y votados por separado, se utilice como medio para retrasar o paralizar el proceso de dictamen.
Es verdad que recurrir a la presentación de múltiples reservas (se ha dado el caso de legisladores que reservan en lo particular prácticamente todos los artículos de un proyecto de ley) es una táctica orientada a desgastar a los otros legisladores prolongando por horas las discusiones. En casos recientes, las sesiones se han prolongado hasta la madrugada debido a que los legisladores de algún partido presentan y presentan las mismas reservas, las cuales a su vez son sistemáticamente rechazadas una y otra vez por los otros.
Sin embargo, a pesar de la lógica filibustera detrás de esta táctica, lo que ni la presidencia de la Mesa Directa o de las comisiones pueden hacer, es no permitir que los legisladores debatan o soliciten que determinados temas se discutan en lo particular. Si esto es incomprensible durante las votaciones del pleno, lo es en mayor grado en el proceso de dictamen en comisiones, cuando se supone que el legislador realiza un análisis más a fondo del contenido y efectos de un proyecto de ley.
Por el afán de acelerar las deliberaciones, otra vez la prisa, y al colocar el acuerdo entre bancadas por encima de los procedimientos definidos en las normas, se corre el riesgo de aprobar una reforma con procedimientos tachados de ilegales y con ello de erosionar su legitimidad ante los ciudadanos.
En segundo lugar, el PAN ha establecido seis irreductibles para dar su voto a favor de las leyes secundarias:
1)Que el Senado ratifique los nombramientos de los consejeros independientes de Pemex y CFE, así como de los presidentes de la Comisión Nacional de los Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Lo cual es una propuesta razonable que permite fortalecer los contrapesos entre los poderes públicos.
2)Dar mayores facultades a los consejeros de Pemex y CFE para que puedan tomar las decisiones que mejor convengan a estas empresas, ahora definidas como productivas del Estado. Este es un aspecto clave. Mucho se ha discutido de la necesidad de que Pemex y CFE compitan con empresas del sector privado, pero esto es retórica pura si al mismo tiempo el gobierno federal sigue metiendo mano en sus decisiones y no se les permite convertirse en empresas con consejos administrativos que puedan definir estratégicamente su propio plan de negocios.
3)Otorgar un porcentaje de las utilidades a los agricultores y ganaderos cuyas tierras sean expropiadas para extraer gas natural y petróleo. Los legisladores y las autoridades saben que enfrentarán resistencia de comunidades y pequeños propietarios ante la perspectiva de perder sus tierras o frente a las consecuencias ambientales de la fractura hidráulica. En la reforma constitucional se trató de dar vuelta al asunto estableciendo arbitrariamente en un transitorio que el sector energético tiene prioridad sobre cualquier otra actividad económica. Ahora se busca prevenir el estallido de conflictos sociales ofreciendo a los propietarios el 1% de las utilidades en complemento al pago por sus tierras. En cualquier caso, en este tema el gobierno federal y los legisladores están pisando un campo minado.
4)Implementar un “modelo efectivo de contenido nacional” que permita impulsar a la industria mexicana y garantice una derrama económica y empleo en el país. En este caso es claro que el sector privado comienza a percibir con incertidumbre su capacidad para competir con grandes corporaciones petroleras o compañías internacionales altamente especializadas. No hay duda que el riesgo de cartelización está latente ante una apertura descuidada o como resultado de una mala regulación en el sector. Sin embargo, no queda claro cómo se va a garantizar competencia y proteger simultáneamente a la incipiente industria nacional.
5)Garantizar transparencia en las licitaciones y las mejores condiciones para el Estado en la asignación de contratos. En este caso no sólo es necesario definir mecanismos de transparencia, sino diseñar mecanismos efectivos para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. De igual forma, si bien por el tipo de operaciones y los niveles de riesgo que caracterizan al sector, es difícil definir con antelación los porcentajes de utilidad que deberán corresponder en cada caso al Estado, la ley deberá establecer con claridad bases y criterios para el otorgamiento de contratos y asignaciones, así como definir su temporalidad.
6)Otorgar certeza a la industria naviera mexicana, lo cual va de la mano con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria nacional para competir globalmente.
Finalmente, los grupos parlamentarios del PAN en ambas cámaras han presentado una iniciativa para regular el proceso de transición energética. Esta propuesta, que sustituye a la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, tiene la virtud de integrar finalmente criterios de sustentabilidad a la reforma energética y establecer metas de generación de electricidad con fuentes de origen no fósil, impulsar la eficiencia y ahorro energéticos y definir el alcance de la denominada “energía limpia”.
Lo que en este caso me llama la atención es que se impulse la generación de energía renovable a través de una ley que se discutirá en forma separada del rediseño del sector energético mexicana. ¿Por qué no integrar de una vez las metas de energía limpia como parte del diseño de la Ley de la Industria Eléctrica? ¿Se necesitan dos leyes separadas? Me parece que esto refleja cómo entienden los legisladores la transformación del nuestro sector energético: la definición central de un modelo orientado hacia la explotación de combustibles fósiles, acompañado en forma complementaria, pero separada, de mecanismos para “regular el aprovechamiento sustentable de la energía, y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica”.
En el mismo sentido, esta iniciativa busca impulsar la “transición energética”, sin embargo la reforma energética, por su alcance y contenido, es en sí una transición energética. Representa la transformación gradual pero de largo plazo en instituciones, mercados, fuentes energéticas, tecnología y pautas de oferta y consumo, las cueles definen un modelo energético. Proceso que por lo general se lleva décadas.
Con esta propuesta de ley para la transición, ¿hablamos entonces de dos transiciones, de una dentro de otra, de una para el mediano plazo y otra para el largo plazo? El riesgo es que este enfoque represente sólo un paliativo frente al impulso prioritario a los hidrocarburos o un parche legislativo ante la ausencia de la energía renovable en el diseño central del modelo. Si en verdad nos interesa una transición energética más sustentable, ¿no hubiera sido mucho mejor equilibrar e impulsar diferentes fuentes energéticas en un solo modelo integrado y como parte de la misma “transición”?
Veamos ahora cómo se resuelven las negociaciones y como se aterriza el nuevo modelo energético mexicano en las próximas semanas.
@ja_leclercq