Existe una frase que se ha incrustado en la memoria colectiva del político mexicano y, por desgracia, pareciera no haber otra que defina mejor el leitmotiv de la política en México: “un político pobre es un pobre político”, y con ella hemos aprendido a vivir millones de mexicanos, lamentablemente.
Con la actual acusación por presunto enriquecimiento ilícito de Javier Duarte, e irregularidades detectadas en la pasada administración de Roberto Borge Angulo, se evidencia que ya sea unos o los otros, el grado de corrupción y descomposición que existe al interior de la política es grave, y este es un tema pendiente que asfixia la gobernabilidad en México.
Casos donde ex gobernadores terminan siendo dueños de empresas, propiedades y sumas de dinero inexplicables consignadas en cuentas bancarias nacionales y del extranjero, es “natural”, posteriormente son acusados de peculado, enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado.
Ejemplos de esto serían Humberto Moreira (Coahuila), Arturo Montiel (Estado de México), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Fidel Herrera (Veracruz), Mario Marín (Puebla), Eugenio Hernández (Tamaulipas), Juan Sabines (Chiapas), Ulises Ruiz (Oaxaca), Narciso Agúndez (Baja California Sur), Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes), Andrés Granier (Tabasco), y la lista bien podría ser interminable.
“El diablo anda suelto” y está presente en todos y cada uno de quienes buscan en la política amasar grandes fortunas para ellos y los suyos, mal utilizando influencias y puestos públicos.
Estas prácticas no son exclusivas de gobernadores, suceden a todos niveles.
Si queremos que nuestra situación como nación cambie, el Gobierno mexicano debería actuar sin miramientos en todos los casos, poniendo así ejemplo a las siguientes generaciones de políticos y servidores públicos que ven en el ejercicio de sus funciones un beneficio personal.
El diablo anda suelto y no hay cómo agarrarlo, sino pisándole la cola.