La semana pasada en un escueto comunicado de viernes por la tarde, el INEGI dio a conocer los resultados de la encuesta que por mandato de ley se tenía que realizar para permitir al CONEVAL el cálculo de la pobreza a nivel municipal. El INEGI señala en el comunicado que en la nueva encuesta se mejoraron los métodos de recolección de datos y advierte que el ejercicio no es comparable con las encuesta de ingreso anteriores. Un día después la CONEVAL señaló que el INEGI nunca le informó que los resultados de la encuesta no eran comparables. Días después el CONEVAL decidió no utilizar la encuesta en cuestión para calcular los parámetros de pobreza en el país. Sobra decir que la comparabilidad es una característica que por mandato de ley el INEGI debe garantizar en los datos que genera y que la institución no ha mostrado una nota técnica que sustente la polémica decisión de cambiar los métodos de recolección de datos. El resultado no es solamente el desperdicio de 150 millones de pesos que costó la encuesta, sino también el no poder conocer los resultados de las políticas públicas de combate a la pobreza y de dificultar hacia adelante la posibilidad misma de medirla.

 

Aún cuando el INEGI decide cambiar la metodología de captura de datos, que hace que la encuesta no se pueda comparar con las anteriores, el instituto no informa al CONEVAL, el usuario final de los datos, sino hasta en el momento mismo de darla a conocer. De hecho, el INEGI tuvo que haber hecho estudios piloto para mantener la comparabilidad de la encuesta, probar la confiabilidad del nuevo método y al mismo tiempo realizar los ajustes pertinentes para mejorarla.

 

De las mediciones que conocemos a partir del año 2000, podemos saber que la pobreza total se había mantenido más o menos constante en proporción de la población. Como la población ha crecido, después de la última medición, el número de personas con pobreza por ingresos creció entre 2012 y 2014 en tres millones y en dos millones los de pobreza multidimensional. Eso no lo podremos saber para el periodo 2014-2015. La conclusión a la que se podía llegar con estos datos es que la política social había sido capaz de contener el fenómeno de la pobreza, pero no reducirla. Ahora ya no podemos saber cómo continúa esta historia. Esto se debe a que el INEGI decidió que, en caso de que los encuestadores tuvieran dudas sobre el ingreso declarado por las personas, regresarán a hacer la encuesta para insistir en que se les proporcionará el dato correcto.

 

El INEGI no ha mostrado cuál fue el diagnóstico técnico que les llevó a tomar esta media, ni el manual de procedimientos que siguió el encuestador, ni el entrenamiento que se le proporcionó. Era evidente que esta medida tendría como resultado un registro más elevado en los ingresos de las personas de menores recursos, pero eso no sucedería para los de ingresos altos. El propio INEGI reconoce que el problema de las mediciones de ingreso es precisamente la dificultad de encuestar a personas de altos ingresos, que son mucho más difícil de contactar. El resultado no es sorprendente, la nueva medición registra un crecimiento de 33% de los ingresos del decil más pobre y de sólo 7% del más rico.

 

Ahora, el problema no es solamente que la encuesta no se pueda comparar, sino que evidentemente no sirve para medir la desigualdad y la pobreza del país. Eso es porque sobrestima el ingreso de los más pobres y subestima el de los más ricos. Por ejemplo, en el cálculo que hace el Centro Espinoza Iglesias del índice Gini, el instrumento utilizado para medir la desigualdad, resulta que con dos años de resultados similares a los que reporta la encuesta, la desigualdad de México sería igual a la de Estados Unidos. Además, los cambios en los ingresos de los deciles más bajos en estados como Chihuahua o Puebla superan en 40 y 60% a los ingresos registrados en la encuesta anterior. Preocupa entonces, que el INEGI insista en replicar este método de recolección de datos para los próximos años, ya que se refiere a sus nuevos métodos como una mejora en los procesos de medición del ingreso.

 

La encuesta de INEGI representa un serio retroceso para la medición de la pobreza, pero también de la desigualdad. Lo que señala la extensa literatura reciente sobre el tema, es precisamente que en las mediciones no se captura el ingreso de los más ricos. Es por eso que Thomas Piketty utiliza registros fiscales para medir la desigualdad. El INEGI hizo precisamente lo contrario, sobrestimó el ingreso de los más pobres, sin buscar la manera de captar mejor a los más ricos. Esto es grave cuando lo que hoy nos preocupa es reducir la pobreza, pero también las brechas por desigualdad de ingreso en la sociedad, ya que eso impide erradicar la marginación y entorpece el crecimiento económico.

 

Al final existen ganadores en esta historia. El principal es el gobierno federal que, debido a que no ha hecho nada nuevo en materia social y a que la economía no crece, pues no hubiera podido acreditar una reducción en la pobreza. Como esta encuesta no servirá para nada, entonces no quedará en evidencia de que programas como el de la Cruzada Contra el Hambre solamente empaquetan políticas que ya estaban en marcha. Como el gobierno en realidad no tiene políticas de inclusión social importantes, entonces ni la pobreza, ni la desigualdad puede disminuir. Por eso no conviene la medición. Por eso en la comparecencia del director del INEGI ante el Congreso, fueron los legisladores del PRI los que defendieron la encuesta y sus resultados.

 

@vidallerenas

@OpinionLSR

 

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