El Congreso discute en estas semanas las propuestas tributarias y de gasto del gobierno. El principal problema es que debido a la baja de los ingresos petroleros, el gasto destinado a los programas públicos disminuye en más de 210 mil millones de pesos. Lo anterior a pesar a que de hecho el presupuesto total se incrementa, pero crecen rubros como pensiones o costo financiero de la deuda. El punto principal es que, cuando los precios del petróleo se derrumban, México tiene serios problemas para mantener niveles de gasto de alrededor de un cuarto del tamaño de la economía, el que se ha alcanzado desde el sexenio pasado. 2016 es el tercer año consecutivo en el que la diferencia entre los ingresos y egresos supera los tres puntos del producto.

 

Año con año, desde el 2009, el gobierno mexicano presenta proyectos para reducir el déficit que nunca se concretan. De acuerdo a la Ley de Ingresos del 2012 los requerimientos financieros del sector público deberían ser para 2016 de 34% del PIB cuando se propone que sean de 47% del producto.

 

Lo que comienza a suceder es que se recurre a la contabilidad creativa para no considerar la deuda de la Comisión Federal de Electricidad y un rubro denominado “proyectos de alto impacto” fuera del cálculo del déficit. Además, es un año de menores ingresos, ni se realizó una revisión profunda del gasto, el presupuesto base cero quedó como un mito genial, ni se redujeron de manera significativa partidas de gasto no prioritario. El gasto en servicios personales, por ejemplo, se incrementó. Lo que se redujo fue el gasto en inversión y en servicios sociales.

 

Una característica del paquete financiero es que se pretende simular la deuda y evitar que el congreso conozca sobre algunos tramos de ingreso y de gasto. Por ejemplo, se pretende bursatilizar hasta el 25% de las aportaciones federales que tienen los estados para invertir en infraestructura educativa. En el Congreso no sabemos ni a que tasa se colocará la deuda, ni a cuáles escuelas se destinará. Si la tasa de interés fuera de 5%, un escenario factible ante el incremento de las tasas de interés globales, los estados perderían más de 20 mmdp en los próximos años y se registraría un pasivo contingente debido al compromiso de pago que se va a adquirir.

 

Además, en la Ley de Ingreso de 2016, se pide modificar la ley de año anterior debido a que se tomó menos deuda para Pemex, ya que sufrió un importante recorte en su inversión, y se utilizó más en los llamados proyectos de alto impacto, un rubro no contemplado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La propia regulación que se propone para utilizar el remanente de operación del Banco de México permite su uso para el pago de deuda de años anteriores, pero también para cubrir el déficit del año en el que se entera. Es decir, en 2016, en caso de que el gobierno gaste más de lo autorizado, supuesto que se ha presentado en años anteriores, podría utilizar recursos por varios miles de millones de pesos, producto de vender dólares caros y comprarlos baratos, sin autorización del Congreso.

 

La propuesta que presentó en el Ejecutivo Federal es particularmente severa con el gasto en inversión. La inversión física del gobierno cae en más de 20% con respecto a la contemplada para el 2015. Lo anterior es coherente con las decisiones tomadas por el Gobierno Federal durante 2015, ya que el 75% del recorte aplicado al gasto fue precisamente de inversión. Los mayores paganos fueron PEMEX y CFE, por supuesto, pero también la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. La estrategia de dejar de invertir en Pemex, ya que supuestamente lo harán los particulares, ha acelerado la caída de la plataforma de exploración del petróleo, y con ello los ingresos.

 

La mayoría de los proyectos de infraestructura del gobierno se cancelaron o, como el Tren México-Toluca, están retrasados y sufrieron importantes modificaciones. Algunos proyectos incluidos en el proyecto de presupuesto, como la ampliación del metro a la zona oriente del Estado de México parecen tener muy pocas posibilidades reales de concretarse. En el caso del Aeropuerto la información es confusa, solamente un pequeña parte se financia con recursos presupuestales y el resto aparentemente se financiará con concesiones y la bursatilización de ingresos futuros. De todo esto el Congreso se entera de poco y decide casi nada.

 

El paquete en mi opinión es también una muestra de que las llamadas reformas estructurales no funcionaron. Solamente la mitad de la caída, de alrededor de 3 puntos del producto, se debe a la caída del precio internacional del petróleo y fue compensada por los recursos provenientes de la reforma fiscal. La mayoría de ellos habría que decirlo, producto de mayores impuestos al consumo que generan mayor desigualdad. El otro tanto fue producto del incremento de los impuesto a los consumidores mexicanos de gasolinas, lo que generó ingresos por más de 200 mmdp. Eso hará imposible que las gasolinas bajen en el futuro cercano. Es probable que algunas tarifas de electricidad bajen, pero no como resultado de la inversión privada, sino por un subsidio de más de 200 mmdp a cargo del presupuesto.

 

Llama la atención que el único incentivo fiscal importante que propuso el gobierno fue la deducción inmediata de inversión, pero solamente para el sector energético. Eso muestra que las reformas realizadas en realidad no están generando la inversión esperada, por lo que parte de la misma será incentivada a costa de los ingresos públicos. Se trata, en suma, de un paquete fiscal plagado de interrogantes y que no servirá para promover el crecimiento de una economía estancada por décadas.

 

@vidallerenas 



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