La percepción ciudadana sobre la corrupción en nuestro país, es sumamente alta. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional 2014, los ciudadanos consideran que México es un país altamente corrupto. El Banco Mundial, ha reprobado a México con una calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca en el lugar 127 posicionándolo como uno de los países más corruptos.
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013, para más del 90% de los ciudadanos la corrupción constituye un problema y para el casi el 80% de ellos es un problema serio. Según el Banco de México la corrupción en el país representa cerca del 9% del PIB. De acuerdo a datos del INEGI la corrupción alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a aproximadamente el 2% del PIB (2013).
En los últimos días, el Congreso de la Unión aprobó el paquete de leyes que servirán para prevenir, detectar y sancionar faltas administrativas, faltas administrativas graves y hechos de corrupción. Durante este proceso, la discusión verso fundamentalmente sobre la publicidad y formatos de las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal, tema que se encontraba contenido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El tema no era de la menor importancia, pues representaba una demanda de miles de ciudadanos que exigían legítimamente una autoreivindicación por parte de sus “representantes” ante los altísimos niveles de corrupción y desconfianza que se han generado en los últimos años. El resultado fue la ya trágica votación de la reserva al artículo 29 del ordenamiento antes mencionado.
Ante el trágico resultado, me parece fundamental mencionar que la ciudadanía no perdió todas las batallas en este proceso, y que sin duda se lograron muchas victorias por parte de las y los ciudadanos que participaron en el proceso, pues en este nuevo andamiaje anti-corrupción, la participación de la ciudadanía será fundamental para una adecuada implementación y funcionamiento del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción.
Desde la aprobación de la Reforma Constitucional, la ciudadanía estaba consciente sobre el papel que asumiría en el Sistema Nacional Anticorrupción, a través del Comité de Participación Ciudadana. La pregunta era ¿cómo?, fue entonces y en el marco de construcción de estas siete leyes que surgieron diversos planteamientos y distintas visiones sobre los alcances que tendrían estos cinco ciudadanos en el funcionamiento del Sistema Nacional. Si debía ser un modelo de participación ciudadana con un enfoque tradicional, caracterizado por ser un órgano vigilante sin capacidad de incidir en la toma decisiones o podríamos transitar a un enfoque más progresivo con niveles más amplios de información, consulta, decisión, control y ejecución de estos ciudadanos.
El resultado de lo aprobado por los legisladores fue un Sistema Nacional Anticorrupción, en donde los ciudadanos serán parte fundamental en la toma de decisiones, pues el sistema, primero que nada será presidido, en todo momento, por los ciudadanos de manera rotativa entre el Comité de Participación Ciudadana. Entre sus atribuciones los ciudadanos tendrán bajo su encargo opinar realizar propuestas sobre la política nacional y las políticas integrales en materia de combate a la corrupción; además propondrán indicadores y metodologías para la medición, seguimiento y evaluación del fenómeno de la corrupción; propondrán mecanismos para que la sociedad participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas graves y actos de corrupción; así como, emitir propuestas, al Comité Coordinador proyectos de recomendaciones no vinculantes a los entes públicos y la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública.
Otro de los puntos novedosos con los que cuenta el Comité de Participación Ciudadana del Sistema es el relativo, al proceso de selección de estos cinco miembros, así como el perfil de los ciudadanos ya que se logró aprobar un modelo ciudadanizado y transparente, garantizando que estos ciudadanos sean ajenos a partidos políticos. Lo aprobado por el Congreso permitió que el Comité de Participación Ciudadana sea nombrado directamente por ciudadanos, a través de un comité de selección, el cual estará integrado por académicos y sociedad civil. Para su elección deberán demostrar que son ajenos a partidos y tendrán una remuneración económica, a través de contratos de prestación de servicios por honorarios, en los términos que determine el órgano de gobierno, por lo que no gozarán de prestaciones, garantizando así la objetividad en sus aportaciones al Sistema.
Lo antes mencionado, representa un cambio sustancial en la forma de como la ciudadanía participa en la toma de decisiones públicas, pero sobre todo, este nuevo enfoque de participación plantea nuevos retos a los próximos ciudadanos que formen parte del Sistema Nacional Anticorrupción y representa una lucha que los ciudadanos ganaron frente a una clase política que aún se resiste a la rendición de cuentas, transparencia y honestidad.
Edith Estefania Hernández Ceballlos
Asesora del Senado De La República