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El Congreso Ejecutivo

El Pacto por México sentó un mal precedente en nuestro Poder Legislativo.

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Escrito en OPINIÓN el

La actual LXII legislatura inició su primer periodo con el análisis y la aprobación de las últimas iniciativas preferentes de la administración de Felipe Calderón: Una en materia laboral y otra sobre contabilidad gubernamental. Para finales del periodo se recibió el primer proyecto presupuestal de la nueva administración que asumió el cargo en diciembre de 2012.

 

Las expectativas en el Congreso con mayoría simple priísta y la llegada de Enrique Peña Nieto fueron altas. A partir de ello, se inició una nueva dinámica legislativa que, con el Pacto por México, dio un giro respecto a los doce años anteriores: Un acuerdo entre las dirigencias de las principales fuerzas políticas cuyo objetivo de origen fue establecer un espacio de consensos para consolidar las reformas que “transformarían a México”. Los resultados fueron contundentes.

 

En menos de un año se aprobaron tres reformas de gran calado: La reforma constitucional en materia educativa, la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y la reforma financiera. Para el segundo año de la legislatura, se aprobó la reforma constitucional en materia energética y sus secundarias reglamentarias, así como las secundarias de telecomunicaciones y educativa.

 

La mayoría de los legisladores, la clase política, la iniciativa privada y líderes de opinión celebraron la efectiva producción legislativa provocada por el Pacto por México con la que se pudieron realizar las reformas estructurales que estaban pendientes. El Pacto gozó de legitimidad, porque sin él no se hubieran aprobado las reformas en tan corto tiempo debido a la complejidad en la construcción de acuerdos dentro del Congreso y los nulos incentivos institucionales para la oposición de cooperar con el plan de gobierno.

 

Sin embargo, parece pasar desapercibido el cambio en la dinámica interna del Congreso. Es un secreto a voces que las reformas no se redactaron ni en la Cámara de Diputados, ni en el Senado de la República, sino en espacios externos al Congreso. Así se inauguró una dinámica en la que quienes determinan el rumbo de la vida parlamentaria, no son precisamente los legisladores. Es cierto que las grandes reformas aprobadas hubieran llevado, en otro contexto, meses o años de discusión y análisis, pero no podemos pasar por alto que hoy la posibilidad de realizar modificaciones a los dictámenes -tanto en comisiones como en el Pleno- es muy baja, porque el espacio donde se pacta es en las oficinas de la administración pública federal o si acaso, en las de legisladores clave del partido mayoritario.

 

El Pacto por México sentó un mal precedente en nuestro Poder Legislativo. Tanto, que una vez terminado el acuerdo entre los principales partidos políticos, continuó la lógica de que el trabajo legislativo ahora se enfoca en la figura del presidente de la República. Con ayuda –claro está- de los muy experimentados, eficientes y disciplinados coordinadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el presidente aparece como el principal impulsor de cualquier cambio y el eje articulador de los consensos.

 

Las iniciativas presentadas por los legisladores han quedado rezagadas en las comisiones a la espera de la iniciativa presidencial. El entramado institucional conformado por las comisiones también se ha debilitado frente al cabildeo y las redacciones impuestas desde la administración pública federal. Los tiempos del Congreso (de manera más pronunciada en la Cámara de Diputados) son los tiempos del presidente, no de las comisiones ni de sus legisladores. La siguiente tabla de aprobación de reformas constitucionales ilustra lo antes mencionado:

 

 

  

 

No obstante, como organización civil dedicada al monitoreo y evaluación legislativa es nuestra obligación resaltar que el Senado -con una integración más plural- tiene una lógica interna que lo hace diferenciarse de la colegisladora. Algunos ejemplos de estos destellos de luz fueron la organización de la Semana de la Transparencia y el Parlamento Abierto en marzo del 2014; el impulso de la Alianza Para el Parlamento Abierto; la reciente aprobación de la Comisión Bicamaral de Acceso a la Información, Protección de Datos y Gobierno Abierto; y el ejercicio incluyente y democrático en la redacción de la Ley General de Transparencia[1].

 

Somos muchos los ciudadanos interesados en contar con un Congreso Federal fortalecido que ejerza un verdadero contrapeso a los Poderes Ejecutivo y Judicial, por ello debemos denunciar las malas prácticas que se han impuesto en la actual legislatura. Votar en comisiones sin dictamen en mano (como sucedió con el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación) o votar en lo general en comisiones y llevar las reservas a la discusión en el Pleno, son un ejemplo de ello. No queremos tener una tribuna con ideas que se enfrenta a un pleno de oídos sordos y “levanta manos”.  

 

Hace falta espacio para difundir y denunciar todas las violaciones al reglamento y normatividad del Congreso, así como a las buenas prácticas legislativas. En ese sentido vale la pena preguntarse: ¿Cuál es el costo de preferir un Congreso eficiente frente a un Congreso representativo? ¿Queremos un verdadero debate y enriquecer el proceso legislativo o sólo queremos acelerar los procesos? Estamos ante el interminable dilema entre efectividad y representatividad, en donde sin duda es válido optar por uno u otro, pero lo que no se puede permitir es convertir las prácticas ilegales en legales. 

 

@BordePolitico

 

Los autores son:

 

Mariana Niembro Martínez  @MarianaNiembro_
Actualmente es Directora General de Borde Político A.C. Estudió Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con diplomados en análisis político y teoría crítica. Su experiencia profesional se centra en análisis legislativo y cabildeo tanto en la iniciativa privada como en el sector público.

 

Rodrigo Ramírez Quintana @rodrigo_rq

Actualmente es Coordinador de Análisis Legislativo en Borde Político A.C. Egresado de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su interés profesional y académico se centra en temas del Poder Legislativo, sistema electoral, competencia económica y desarrollo rural.

 

[1]Cabe agregar que aunque este proceso dejó algunas voces inconformes, sin duda constituye un avance en los espacios de confluencia entre sociedad civil, academia y legisladores que no sólo debemos replicar sino impulsar desde todos los frentes y con ayuda de las nuevas tecnologías.