El pasado 22 de marzo, se celebró el Día Mundial del Agua, conmemoración anual cuyo objetivo es la generación de conciencia sobre la importancia de este recurso natural y de su adecuada gestión. Esta acción refleja el interés de la comunidad internacional en torno a un recurso, cuya disponibilidad es esencial para la vida, la subsistencia de los ecosistemas, el desarrollo de las personas y de los países. Por lo anterior, se ha convertido en un elemento central de la agenda de las naciones, ante un escenario de crecientes tensiones sociales, económicas y ambientales que, incluso, pueden derivar en conflictos a diversas escalas; incluso en nuestro país, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es reconocida como instancia de Seguridad Nacional, y la gestión del recurso, lo que incluye la infraestructura ligada a él, un tema de la agenda en esa materia.

 

Es importante hacer notar que este vital líquido es reconocido como un derecho humano en diversos instrumentos internacionales y en los marcos jurídicos nacionales. En nuestra Constitución es una prerrogativa establecida en su artículo cuarto; además su explotación, uso, aprovechamiento, distribución y control es regulado por la Ley de Aguas Nacionales, al igual que el deber público de preservar la cantidad y calidad a fin de lograr su desarrollo integral sustentable. 

 

Dicha legislación incorpora el componente de transparencia en el sector hídrico, al establecer la obligación de la Conagua, de difundir amplia y sistemáticamente el conocimiento sobre la situación del recurso. Esta información resulta de suma importancia, al igual que su disponibilidad para cualquier persona, pues sus contenidos son transversales a otros ámbitos de la vida individual y comunitaria, como los de la salud, la alimentación, la industria, la generación de energía y, por supuesto, la preservación del medio ambiente.

 

Bajo esa lógica, la publicidad y el derecho a saber son condiciones necesarias, porque a través de ellas la sociedad pueda evaluar el desempeño gubernamental, e involucrarse en lo relativo al acceso, uso equitativo y sustentable de este recurso.

 

En la actualidad, se cuenta con amplias fuentes documentales a disposición pública, como los repositorios administrados por la Conagua, entre los que se encuentran el Registro Público de Derechos de Agua, el cual, si bien está pensado para brindar seguridad jurídica a los  concesionarios de este sector, resulta una fuente de conocimiento que cualquier persona puede consultar, para saber los nombres de quienes cuentan con un título de concesión, tipo de permiso, volumen de extracción amparado, cuerpo acuífero involucrado, y demás rubros complementados por el localizador de aprovechamientos, que facilita la ubicación geográfica de las concesiones y asignaciones de aguas nacionales y sus bienes inherentes, mediante el uso de mapas satelitales.

 

Por otro lado, la misma autoridad edita una serie de documentos con datos relevantes: las Estadísticas y el Atlas del Agua en México, y Numeragua. A través de ellos se pueden conocer aspectos concernientes a las coberturas del sistema de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, potabilización y tratamiento, así como la geografía hídrica del país y la infraestructura para su aprovechamiento.

 

Estos compendios son nutridos a partir del Sistema Nacional de Información sobre Cantidad, Calidad, Usos y Conservación del Agua, considerado el instrumento básico de datos del  sector, que como tal evita la dispersión y la contradicción entre cifras, favoreciendo las labores de las autoridades, tanto de las vinculadas directamente con este ámbito, como de las responsables de temas transversales, entre las que se encuentran las relativas a la salud, la política social y la infraestructura.

 

Desde la esfera del derecho de acceso, cabe referir un caso resuelto por el INAI (RRA 3852/16 y sus acumulados), donde un particular requirió a la Conagua, aspectos concernientes al número de metros cúbicos extraídos por seis concesionarios en 2014 y 2015, entre ellos, el pago de las respectivas tributaciones, que fue clasificado por la dependencia como reservado, al considerar una afectación al secreto fiscal; sin embargo, después de analizar el caso, el Pleno del Instituto determinó procedente la entrega de las declaraciones de pago en versión pública, haciendo visible únicamente el nombre del concesionario y el volumen declarado.

 

Este asunto cobra relevancia si se tiene en cuenta que, según reportes de la propia Conagua, más de 84 mil millones de metros cúbicos del vital líquido están concesionados en México. Dado este elevado volumen, se advierte la necesidad de mantener un monitoreo adecuado en todas las etapas relativas al aprovechamiento. Bajo esa lógica, se dota a la sociedad de insumos para fiscalizar los instrumentos y principios de la Política Nacional Hídrica, y conocer el apego a la legalidad de los concesionarios, los beneficios públicos económicos generados en favor del erario y, en su caso, advertir posibles afectaciones a este recurso, como el exceder los límites previstos de extracción.

 

En México existen diversos desafíos por atender en relación a la mejora de las condiciones de vida de la población, la reducción de la desigualdad, la seguridad alimentaria y la habitabilidad de las urbes; y un requisito indispensable para el éxito de las tareas a emprender, es la administración y gestión eficaz orientada a asegurar a las personas el suministro y calidad del agua.

 

Para ello, la información tiene un papel preponderante, ya sea obtenida a través del ejercicio del derecho de acceso o vía transparencia, porque al estar disponibles los aspectos más urgentes y relevantes en torno al tema, se posibilita la concientización, se empodera a la sociedad para incidir en la toma de decisiones de las autoridades, al tiempo que se incrementa su capacidad de exigencia por una amplia rendición de cuentas.

 

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