Los días pasan y contrario a lo que advertimos en la última entrega aún no sabemos nada de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Encontrarlos con vida y saber qué pasó y por qué pasó sigue siendo la prioridad prácticamente de todos los actores; de manera especial es el deseo y la exigencia de los padres de familia quienes luego de reunirse con el presidente de la República  dieron a conocer su postura, marcadamente crítica y de desconfianza, ante la falta de la única respuesta que a ellos les interesa, la verdad sobre el paradero y la vida de sus hijos.

 

 

En medio de este drama humano y de la crisis social y política que se ha desencadenado dejando al descubierto, por un lado, el horror de la violencia, cruel y despiadada, ejercida contra los jóvenes estudiantes, que es un sector de la población que en cualquier parte del mundo invoca y evoca a la esperanza y el futuro y que particularmente en nuestro país está a flor de piel por los antecedentes históricos en que han estado involucrados. Por otro lado, desnuda a un gobierno que se ha visto titubeante y pasmado ante hechos que, por inesperados, han sacado de balance la muy promovida eficacia gubernamental.

 

Pero lo más grave es que revela la profunda crisis de las instituciones nacionales, en especial las del área de seguridad, por la incapacidad para hacer valer el estado de derecho dada la corrupción de las autoridades a todos los niveles;  y por la falta de mecanismos institucionales que concreten con eficacia los modelos de operación policial y del aparato de justicia que necesita el país para llenar los vacíos de poder y mejorar las condiciones de seguridad de la población.

 

Como se ha visto, la crisis institucional y política no se reduce a una entidad, menos a un municipio, es un tema de alcance nacional que nos interpela a todos y que exige una respuesta sin precedentes; el nivel de deterioro es tal que las medidas convencionales, por espectaculares que parezcan como la caída de un gobernador, no son la solución. Se requiere un gran acuerdo nacional superior a lo que hasta ahora hemos visto, de mayor alcance y compromiso, envolvente de todas las instituciones públicas y privadas que tengan representación en nuestro país y que estén dispuestas a coincidir en una agenda obligatoria, vinculante y con compromisos serios, claros y medibles a favor de la vida y la seguridad de las personas y comunidades, un acuerdo de largo plazo para fortalecer la seguridad y el estado de derecho.

 

Durante los últimos días hemos escuchado pronunciamientos de las organizaciones empresariales y de las distintas fuerzas políticas a favor de este acuerdo nacional. El Consejo Coordinador Empresarial se ha pronunciado sobre la urgencia de un nuevo pacto nacional.  Durante la reunión anual de la COPARMEX se hizo un sentido llamado a la confianza como base y condición sine qua non para lograr la coincidencia a la medida que se necesita. Los dirigentes de los partidos políticos han hecho lo propio en distintos tonos y, de última hora, el presidente de la República ha recibido con apertura esta propuesta ciudadana y marcadamente plural de los partidos e instituciones de la sociedad civil.

 

Lo que hay que advertir es que un acuerdo nacional como el que se necesita no termine en una escenografía mediatizadora de la indignación nacional, en una parafernalia con todo el despliegue mediático que acabe en una mesa a modo de los políticos y  para la foto, por tanto, inconsecuente como lamentablemente ya ha pasado. La gravedad del momento exige una respuesta a la medida de la crisis y no aguantaría un acuerdo cualquiera. Sería muy grave no reconocer que la elasticidad del sistema político vigente está agotada, que estamos en un momento extraordinario, que los pactos y acuerdos ayudan y son útiles en condiciones críticas pero convencionales, que son buenos recursos pero que también están desgastados en especial porque se han sobrevalorado, lo que también mina la confianza.

 

Es evidente que  la construcción de un acuerdo nacional por la seguridad y el estado de derecho es una alta responsabilidad de los líderes sociales y políticos, pero no saldrá adelante sin la participación de todos, sin un despliegue sin precedentes de inclusión de los ciudadanos  y con consecuencias claras a toda prueba. No se trata de volver al lugar común de la panacea, tampoco de sobrevalorar o sobre vender el acuerdo, se pecaría de lo que se condena. Es preciso identificar el núcleo del compromiso común. Con seriedad no se advierte otro que hacer vigente del estado de derecho, lo anterior pasa por un reto que ya está enunciado, incluso a nivel de reformas legales, pero al que le hemos dado la vuelta y regateado los apoyos institucionales por diversas razones y este no es otro que concretar la implementación del nuevo sistema de justicia penal.

 

El nuevo sistema de justicia penal es un paradigma que trasciende a los liderazgos coyunturales, como sistema nacional de justicia no cabe en la geometría política de izquierdas y derechas;  tal y como lo confirma la evidencia empírica internacional es la respuesta a la impunidad, a la condición destructiva del abuso del poder para violar la ley y del delito sistemático de funcionarios y representantes del  sector  social o privado bajo la certeza de que no sucede nada, de que no hay consecuencias. Es la respuesta a la pedagogía del crimen y la violencia que, por común, adormece y condiciona formas de ser y de hacer las cosas en el día a día sin atender a la legalidad ni a reglas éticas o morales que son base de la convivencia civilizada.

 

Similar importancia tiene el sistema nacional anticorrupción propuesto recientemente por el Partido Acción Nacional, hoy elevado a la categoría de iniciativa de reforma constitucional y legal para dar vigencia a un conjunto de órganos de prevención, fiscalización y sanción a la corrupción con la participación de los ciudadanos a través de un Consejo Ciudadano para la Ética Pública; y de nuevas facultades a la Auditoría Superior de la Federación, a la Fiscalía Anticorrupción y al Tribunal de Justicia Administrativa, todos dedicados a garantizar el cumplimiento de las responsabilidades públicas. 

 

Seguramente estas y otras propuestas estarán a consideración de los convocantes y convocados al acuerdo nacional, todos deseamos que, por el bien del país, se concrete a la brevedad y con la fuerza legal, social y política que se necesita. El nuestro es, sin duda, tiempo de grandes transformaciones, quizá por instinto de sobrevivencia que, no hay que olvidar, es el último de los sentidos que se pierde.

 

@MarcoAdame



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