Finalmente el Senado brasileño votó a favor del juicio político en contra de la presidenta Dilma Rousseff por cincuenta y cinco votos a favor – lo que constituye mayoría calificada pese a que sólo se requería mayoría simple- de manera que concretaron la historia de una separación anunciada. 

 

Con esta polémica decisión, la presidenta es separada del cargo por hasta ciento ochenta días para ser investigada por presuntos hechos de corrupción. Veintiún senadores integrarán una comisión que emitirá un dictamen que será presentado al pleno senatorial que, ahora sí, exigirá la mayoría calificada de no menos de cincuenta y cuatro votos. De acuerdo a la legislación brasileña, Dilma Rousseff sigue siendo presidenta aunque en calidad espectral; seguirá viviendo en la residencia oficial y gozará de prerrogativas reducidas que pueden ser restituidas de ser considerada inocente. Como puede verse, aunque el proceso es complicado dada la composición del Senado y el clima de linchamiento social y mediático en contra de la presidenta y su grupo político, es altamente probable la destitución.

 

La crisis en Brasil sugiere una revisión cuidadosa, tanto por las consecuencias directas que tendrá sobre el pueblo brasileño como por los efectos inevitables que se esperan en la región; en particular en  países con gobiernos de origen democrático que no han terminado de consolidar su sistema institucional y que sufren el descrédito de regímenes populistas y autoritarios marcados por la corrupción y la incapacidad para resolver las grandes demandas de la población. 

 

Al interior, el proceso judicial para deslindar las responsabilidades de la presidenta Rousseff va de la mano con la inestabilidad de un gobierno interino, cuestionado de origen por la composición del nuevo gabinete, una economía en crisis presionada por la desconfianza de los mercados internacionales y un régimen sometido a los vaivenes políticos ante las próximas elecciones del 2018, en donde el expresidente Lula da Silva aparece como fuerte aspirante en las encuestas pese al juicio por corrupción que enfrenta y a los cambios propuestos en el Congreso para impedir la reelección. 

 

Al exterior, la caída de Dilma impacta al ciclo democrático de la región, en proceso de consolidación en medio de las graves crisis derivadas del populismo que se ha instalado en varios países del continente. 

 

En Argentina, el llamado a juicio contra la ex presidenta Cristina Kirchner y su grupo político ha tomado una fuerza inusitada, en especial por la denuncia de actos de corrupción que se acumulan día a día en una montaña que desafía al sistema judicial argentino, que irrita a una parte importante de la sociedad y que complica la agenda del nuevo gobierno de Mauricio Macri. Las fuerzas políticas que formaron gobierno enfrentan los embates del peronismo y la venganza política del kirchnerismo que no ha dejado pasar una sola ocasión ante las recientes medidas adoptadas para enderezar la economía del país y recuperar la confianza internacional.

 

El referéndum revocatorio en Venezuela, convocado por la oposición agrupada en la Mesa de Unidad Democrática, enfrenta la feroz oposición del régimen de Nicolás Maduro quien, a fin de enfrentar la amenaza de un golpe de estado, decidió suspender las garantías constitucionales mediante un periodo de excepción y está llamando a la movilización y a armarse contra el peligro de una invasión extranjera. Fiel al estilo de los gobiernos populistas, acude a la agenda del enemigo interno -su propio pueblo- y externo para justificar medidas autoritarias que ponen en peligro la paz y el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos. 

 

Bolivia definió con contundencia el referéndum que pretendía cambiar la constitución para imponer un cuarto mandato de Evo Morales. El 21 de febrero pasado no hubo un enemigo personal al gobierno sino una plancha ciudadana. Evo intentó todo para ganar, manipuló colores, contratistas, burocracia, sembró el miedo y pese a todo el poder de la maquinaria gubernamental la población votó por el no. Fue sintomática la indecisión con 40% a favor de Evo, 40% por el no y 20% de indecisos que no cambió a lo largo de toda la campaña. Surgieron plataformas ciudadanas por todo el país a través de las redes sociales pero el gobierno mostró incapacidad para entenderlas. Puede decirse que la población votó contra el abuso de querer cambiar a la mala la constitución. Desde luego que también influyeron  en el ánimo ciudadano los escándalos de corrupción de una contratista beneficiada con jugosos contratos de proyectos energéticos que está ligada sentimentalmente al presidente Morales. Datos de las últimas encuestas revelan que, por primera vez, el 65% no le cree al Presidente.

 

Como puede verse, en estos países del cono sur están viviendo grandes transformaciones y enfrentan retos democratizadores. Llama la atención la simultaneidad de estos movimientos que se expanden en la región, lo que ha provocado la impresión de un cambio de ciclo político en América Latina o, por lo menos, el principio de un nuevo acomodo de fuerzas y tendencias que bien podrían derivar hacia gobiernos más democráticos y humanistas.

 

Está claro que los hechos del Brasil no son la causa de los cambios regionales ya que cada uno de estos países vive procesos de larga data de organización y actualización política ante gobiernos populistas y autoritarios bien conocidos pero no cabe duda que lo ocurrido en el gigante de América -y no precisamente porque la "cachaza" esté muy fuerte- impactará los procesos políticos por impulso y vecindad y por el agotamiento de los modelos hasta hace poco imperantes en la región. 

 

@OpinionLSR

@MarcoAdame 



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