En 1995, poco después de asumir como presidente de la República, Ernesto Zedillo dio una entrevista en la que describió los comicios de los que resultó triunfador: Un proceso legal, pero no equitativo. Ponía así sobre la mesa la evidente desproporción de recursos entre los utilizados por el aspirante del oficialismo y los empleados por sus adversarios, en esa oportunidad el panista Diego Fernández de Cevallos y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas, entre otros.

Zedillo, que asumió la candidatura del PRI tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cargó durante toda su gestión una doble duda sobre su legitimidad. La que se derivaba de que él fuera el beneficiario de la muerte de su correligionario en el PRI, y la de ser parte de un sistema político que hacía agua por todos lados, dentro y fuera del PRI, lo que se demostraba con la ejecución no sólo de Colosio Murrieta, en marzo de ese 1994, sino de José Francisco Ruiz Massiue, entonces secretario general del PRI, pocos meses después.

No es difícil imaginar a Zedillo cavilando en la soledad de su despacho sobre si este fardo oscuro sería su legado histórico, o si apostaría por algo diferente. A ello se sumó una posición ambivalente sobre su partido, el PRI, sobre el que se pronunció en favor de mantener una “sana distancia”, pero en el que intervino en repetidas ocasiones para cambiar dirigentes y bloquear el avance de personajes concretos, entre ellos Manlio Fabio Beltrones, Fernando Ortiz Arana y Elba Esther Gordillo.

El balance final de su gestión, pese a la brusca devaluación que acompañó el arranque de su gestión, estuvo marcado por equilibrio en las finanzas públicas y control de la crisis. Pero especialmente, por no permitir que desde el Estado se diera un zarpazo autoritario contra el triunfo electoral del panista Vicente Fox, por primera vez en más de 70 años de vida del PRI. A partir de entonces la imagen de Zedillo no ha hecho sino ensancharse, dentro y fuera del país.   

Toda esta referencia puede ser pertinente en este momento ante las crecientes denuncias en torno a la campañas electorales para gobernador en el Estado de México, donde el aspirante priísta, Alfredo del Mazo Maza, aparece en múltiples encuestas como empatado en intenciones de voto con su oponente de Morena, Delfina Gómez, y no muy lejos tampoco –depende del estudio que se consulte- de la panista Josefina Vázquez Mota.

Los reportes que se acumulan apuntan hacia un derroche en la campaña de Del Mazo, expresada en visitas ininterrumpidas de funcionarios federales para repartir subsidios, lo que se complementa con un despliegue de gastos de propaganda, anuncios espectaculares, obsequios, movilizaciones para los gastados actos multitudinarios y un etcétera que se orienta a sembrar la duda sobre si presenciaremos una elección robada,  al estilo del más rancio pasado. De ello puede derivarse el arribo del candidato del PRI al palacio de gobierno de Toluca, pero también atraer un impacto letal para el partido oficial en 2018.

Cuando sólo faltan escasamente 50 días para la cita de los mexiquenses con las urnas, es quizá el momento de que todos personajes cavilen sobre su legado en la historia, local y nacional. El primero debería ser desde luego, el presidente Enrique Peña Nieto, quien con la designación de Del Mazo pareció ponerse al frente de la causa del PRI y con ello sellar su apuesta hacia el futuro.

El otro personaje bajo la lupa ahora y en el futuro inmediato, gane a pierda Del Mazo, será Eruviel Ávila, gobernador saliente del estado de México y aspirante a la postulación del PRI para la Presidencia de la República. Se ha vuelto un lugar común decir que si el PRI pierde en territorio mexiquense, se acabó la vida para Eruviel Ávila. ¿Pero seguirá siendo un precandidato viable si el PRI gana cueste lo que cueste? ¿Incluso con el riesgo de violencia y desprestigio, nacional e internacional? ¿Podría el PRI ganar el estado de México sólo para perder Los Pinos?

La respuesta debería radicar, si tuviéramos un sistema electoral a prueba de fuego, en jueces sólidos en este campo, con poder y respaldo tanto a nivel local como en el nacional. Justo para estos casos se dio lugar a la reforma constitucional de la que nació el actual INE, a cargo de Lorenzo Córdova.

De acuerdo con los indicios disponibles, sin embargo, ni el organismo electoral estatal ni el INE están viendo ni escuchando las alertas y las denuncias de que lo que se desarrolla en aquella entidad es una elección de Estado, con señales cada vez más burdas.

Esta semana será celebrado el primero de dos debates entre los candidatos a la gubernatura. Es probable que el mismo sea otro ejercicio de inequidad, con media docena de voces atacando a los aspirantes opositores reales, para beneficiar en la forma lo más velada posible al aspirante del oficialismo.

Es difícil que el andamiaje instalado a lo largo de  estos años para conservar al PRI en el poder del Estado de México sea desmontado en unas cuantas semanas. Pero quizá no sea tarde para tomar decisiones que impidan asignar a la gubernatura de esa entidad un costo inadmisible para el futuro del país. 

robertorock@hotmail.com






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