El próximo 26 de enero iniciará el debate sobre la legalización de la mariguana en México. Dos casos abrieron la discusión. Primero, un juez mexicano concedió un amparo para que las autoridades sanitarias permitieran a los padres de una niña que padece una forma grave de epilepsia importar un medicamento hecho a base de cannabis para tratar a su hija. Segundo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo a favor de un amparo promovido por la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, autorizando el consumo de mariguana con fines lúdicos. Esto sienta precedente para no penalizar el cultivo, preparación, posesión y transporte de mariguana para uso personal.

 

Quizá el debate se extienda pronto a otras drogas. En noviembre del año pasado la SCJN aceptó revisar un amparo que busca el registro de una iglesia cuyos rituales incluyen el consumo de peyote, prohibido por la Ley General de Salud. El amparo cuestiona la constitucionalidad de lo dispuesto en esta Ley, pues clasifica un sicotrópico contenido en el peyote como una sustancia sin valor terapéutico, susceptible de abuso y por tanto un grave problema para la salud pública.

 

Por ahora, en torno a la legalización de la mariguana, el Ejecutivo federal se comprometió a impulsar un debate “responsable y plural”. En este sentido, presentó la Plataforma para el Debate del Consumo de la Mariguana con información de legislaciones internacionales, documentos académicos, propuestas sobre su uso en México y estadísticas de consumo en las entidades del país. Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, dijo que estará disponible “toda la información que se recoja en el foro… tanto en términos de las acciones para política pública, como las que tienen que ver con el trabajo legislativo”.

 

Sin embargo, la información pública debe ser la protagonista de la Plataforma; ésta es crucial como evidencia de las acciones que el gobierno ha implementado y sus resultados. Sobre todo la información pública coloca a la población en el lugar de interlocutor privilegiado que le corresponde en este debate y en las decisiones que se tomarán. Todas las autoridades involucradas deben poner a disposición la información que generan, sean de salud, gobernación o seguridad.

 

Si bien la Plataforma es un avance, aún hay vacíos. Falta, por ejemplo, información pública sobre narcomenudeo y procuración de justicia. Esto quedó evidenciado gracias al derecho de acceso a la información, cuando un ciudadano solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) las bases de datos sobre el número de personas detenidas por posesión de más de cinco gramos de mariguana o por narcomenudeo, pero le dijeron que es inexistente. El 16 de diciembre de ese año, el Pleno del INAI instruyó al SESNSP realizar una nueva búsqueda y entregar la información solicitada. Esos datos podrían dar luz sobre las capacidades institucionales para distinguir entre consumidores, farmacodependientes y vendedores de droga, así como para destinar adecuadamente los recursos humanos y materiales del Estado para combatir a la delincuencia.

 

Ésta es la oportunidad del gobierno para involucrar a la población en cada una de las etapas de una decisión que marcará el rumbo de las libertades y el Estado de derecho en nuestro país. Uno de los primeros pasos es garantizar el derecho de acceso a la información de la población; sin ella no habrá debate, sólo monólogos.

 

Twitter: @joelsas



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