Después del histórico fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permite a un grupo de cuatro personas el cultivo, transporte y posesión del cannabis para el autoconsumo recreativo, sin fines de lucro. Era imposible que no se abriera un amplio debate a nivel nacional, el propio presidente Enrique Peña Nieto, ha marcado ya la pauta.
Para México, el tema de las drogas es de suma relevancia, por todas las implicaciones económicas, sociales, políticas y de seguridad que conlleva. Es importante entonces analizar cuál ha sido el desarrollo de la opinión pública con respecto a una posible despenalización de la mariguana.
Desde 2008, la encuestadora Parametría lleva una medición del porcentaje de mexicanos que se manifiestan en contra de la legalización de la mariguana, el cual ha ido disminuyendo paulatinamente desde un 92% a un 77% hasta una semana antes del fallo. Otra encuesta ahora del diario El Universal, realizada dos días después de la resolución de la Corte, reflejó que un 66% de los entrevistados están en contra de una eventual despenalización del enervante. http://bit.ly/1XQ6tKK
Los números cambian cuando se pregunta a las personas sobre una posible despenalización del uso medicinal de la mariguana, casi un 80% de los encuestados se encuentra a favor. De ahí que la iniciativa de la senadora priísta Cristina Díaz para regular el uso terapéutico de la mariguana, haya sido bien recibida, con la aprobación de casi todos los grupos parlamentarios.
En este contexto, el Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) impulsado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Transnational Institute (TNI), que reúne a investigadores y especialistas de siete países de América Latina (México entre ellos) con el objetivo de analizar el impacto de la ley penal y la práctica jurídica que rodea las drogas ilícitas, ha presentado cinco informes con los que buscan demostrar la urgente necesidad de debatir el tema de las políticas de drogas en la región.
Una de las principales críticas al modelo actual de políticas antidrogas, es el excesivo encarcelamiento de personas por delitos de drogas no violentos. Según el informe: Reforma de las Políticas de Drogas en América Latina: El discurso y la realidad, en la mayoría de los países latinoamericanos, una de cada cinco personas que está en prisión, lo está por delitos de drogas. http://bit.ly/1ko1QJN
Hasta mediados de 2015, según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) la población en prisión ascendía a poco más de 254 mil personas, de las cuales aproximadamente el 10% lo estaban por delitos no violentos relacionados con drogas, por cierto, la sobrepoblación a nivel nacional es del 25.1%, pero en algunas entidades alcanza hasta el 166% como el Estado de México.
De acuerdo con datos proporcionados por la Dra. Catalina Pérez Correa, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el costo promedio de manutención de cada interno en el sistema penitenciario nacional es de 213 pesos diarios, es decir, que la población encarcelada por delitos relacionados con drogas cuesta al erario público alrededor de 5.4 millones de pesos al día y mil 948 millones de pesos al año. http://bit.ly/1ShmCFx
Pero los costos del encarcelamiento de la población no solamente son económicos, los son también sociales, ya que la estancia en prisión estigmatiza de por vida a quien la padece. Otro de los estudios trata el tema del encarcelamiento de mujeres por delitos de drogas, en primer lugar, advierten que aunque la población femenina en prisión todavía no alcanza los niveles de la masculina, en los últimos años se ha incrementado considerablemente. http://bit.ly/1MVE6cs
La gran mayoría de las mujeres en prisión por delitos por drogas, lo están por la venta o transporte de drogas en pequeñas cantidades, casi siempre eran el sostén de su familia y estaban al cuidado de niños y otras personas, quienes quedan en una situación aún más vulnerable durante el tiempo que dura su estancia en prisión, ya que no cuentan con protección social y económica.
Estas son sólo dos perspectivas al respecto de las políticas actuales con respecto a las drogas, en ambas los costos económicos y sociales resultan catastróficos, pues de acuerdo a las cifras de la DEA el negocio de las drogas no sólo no ha disminuido, está en aumento y las organizaciones criminales y los cárteles se han diversificado con nuevas fuentes de ingresos como la extorsión, la trata de personas, el secuestro, el contrabando y la piratería, el robo de hidrocarburos y de minerales, entre otras.
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