El PRI-Verde ha mostrado un doble discurso y una incongruencia mayúscula, propia de su cinismo, al tratar su posición con relación a dos fiscales, por un lado, Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) contra quien han emprendido una campaña de desprestigio e incluso han pedido su remoción por ejercitar acción penal contra Arturo Escobar, dirigente del Verde y ex funcionario de Gobernación; y, por otra parte, con relación al nombramiento del fiscal de Guerrero, donde operaron para que un pillo, Xavier Olea Peláez, sea el fiscal de la entidad que hoy en día, en voz del secretario de Gobernación, representa el mayor reto en materia de inseguridad en el país y donde los índices de impunidad son alarmantes.

 

A Nieto Castillo lo satanizan por la acción penal que emprendió contra Escobar, cuyo partido ha llevado a cabo múltiples acciones fraudulentas y delictivas en materia electoral, usando como pretexto que prestó servicios profesionales como asesor del PRD en el Senado y no dijo este dato cuando presentó su currículum vitae para aspirar al cargo de fiscal. Según el PRI ello es una gran mentira, pero no dice nada con relación a que la actual procuradora general de la República, Arely Gómez González, pidió licencia al Senado del escaño al que llegó por el Revolucionario Institucional ni de su cercanía con un alto ejecutivo de la empresa Televisa.

 

Tampoco dice nada el PRI de la imposición y gran simulación que realizó en Guerrero para imponer como Titular del Ministerio Público local a Xavier Olea Peláez sujeto a una investigación penal en Tabasco y con una trayectoria de defensa de políticos corruptos, asesinos y defraudadores.

 

Probablemente sea necesario elaborar una recapitulación para muchas lectoras y lectores, que probablemente no se encuentren familiarizados con este personaje y su trayectoria, misma que conocemos bien quienes nos opusimos desde el primer momento a su nombramiento.

 

Aunque quienes lo promovieron para el cargo lo alaban como un hombre exitoso cuando en toda su biografía legal ha actuado en defensa de intereses contrarios al fortalecimiento del Estado y de la sociedad. Entre los personajes que ha defendido se encuentran Arturo "El Negro" Durazo, Raúl Salinas de Gortari, Juan Rafael Moro Avila Camacho, asesino de Manuel Buendía; los panistas de la Delegación Benito Juárez del DF que golpearon brutalmente a un brasileño que intentó defender a su mujer durante los días del Mundial de Fútbol; a Willy Reyes, ex alcalde de Tlapa acusado de asesinato del entonces diputado federal Moisés Villanueva y sobre quien pesa una orden de aprehensión; al dueño del crematorio del Pacífico de Acapulco, Guillermo Estúa Zardain, (aunque después trató de negarlo) donde se encontraron 60 cadáveres abandonados o el caso de José Manuel Saiz, ex secretario de Finanzas de Tabasco, que cometió un multimillonario desfalco al erario, asunto que llevara a que inclusive sobre el propio Olea exista una investigación penal en dicha entidad, entre otros casos controvertidos.

 

Es cierto, el debido proceso legal y el respeto a los derechos humanos de las personas garantizan que todas las personas que sean acusadas por la comisión de algún delito tienen derecho a ser representadas legalmente, sin embargo, los casos defendidos por el señor Olea tienen un factor en común: han beneficiado grandes intereses y perpetuado la impunidad en nuestro país y en Guerrero.

 

Si a esto sumamos que la función del fiscal sería perseguir, en representación del estado de Guerrero, al tipo de delincuentes que él ha defendido durante toda su trayectoria, no es exagerado afirmar que su reciente nombramiento no sería lo más adecuado para la institución y el interés público, pues no nos garantiza que sepa distinguir los límites entre su actividad profesional y sus posibles intereses o complicidades.

 

Como queda claro, quien ha sido electo como nuevo fiscal no es la persona ideal para ocupar el cargo, pero además de su currículum contrario a las funciones que ahora debe desempeñar, el procedimiento mediante el cual fue electo también es sumamente cuestionable.

 

Desde las reuniones de la Comisión de Gobierno quedó claro que de los veintiún nombres propuestos, el único que polarizaba y generaba inconformidad era precisamente el de Xavier Olea Peláez, sin embargo, siempre se le mantuvo en el proceso y por ello desde el primer momento y hasta la votación final nos mantuvimos en contra.

 

Desafortunadamente, esta elección demostró que en el Congreso del estado sigue prevaleciendo la toma de decisiones por línea y por consigna, no en beneficio de las y los guerrerenses.

 

Durante todos los trabajos que ha sostenido esta legislatura hasta el momento, el disenso en las opiniones se ha encontrado presente, pero siempre bajo un ánimo constructivo en busca de las mejores acciones, a pesar de ello, siempre se percibió la obstinación por mantener a este personaje dentro de la lista de candidatos, sin siquiera contemplar la posibilidad de eliminarlo de la lista con base en su controvertida trayectoria.

 

Además, este procedimiento tampoco fue incluyente ni con perspectiva de género, pues de entre todas las propuestas de la terna final ninguna correspondía a una mujer, lo cual habla también del deseo de imponer una candidatura, incluso cometiendo retrocesos políticos y sociales tan graves como la exclusión de las mujeres en la elección del titular de la Fiscalía de Guerrero.

 

Nuevamente un grupo político ha cargado los dados para ganar el juego, imponiendo a un fiscal que lejos de estar comprometido con el interés público y la representación social, representa conflictos de intereses, tráfico de influencias, ejercicio inescrupuloso de la abogacía, sobornos y falta de ética.

 

Éste es sin duda el primer gran error del gobernador de Guerrero Héctor Astudillo y, sin duda alguna, pronto tendremos noticias de la ampliación de currículum del nuevo fiscal del estado quien, hasta el día de hoy, ha demostrado ser justamente la clase de abogados que este país no requiere.

 

He ahí, pues, el doble discurso del PRI y del Verde persiguen a un defensor de la ley, con una trayectoria limpia como el fiscal de FEPADE, Santiago Nieto, e imponen a un pillo, traficante de influencias y con múltiples conflictos de interés, como Xavier Olea Peláez, como fiscal general de Guerrero, el estado con mayores problemas de inseguridad e impunidad. No tienen vergüenza.

 



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