La mayor parte de las personas podemos estar de acuerdo en que es importante que existan sitios de tratamiento de basura, aeropuertos, cárceles, estaciones de transmisión eléctrica, centros comerciales, escuelas, albergues y hospitales.
El problema surge cuando nos preguntamos dónde deberían estar estas instalaciones. Más aún si la propuesta es que se ubiquen junto a nuestra casa, en nuestra colonia o en la misma ciudad, ya sea porque traerán más ruido y tráfico, por un deterioro a la seguridad o también por la expectativa real o infundada de que pudiera afectarse la calidad de nuestro entorno o el valor de nuestras propiedades.
Así, cuando se da a conocer algún proyecto de nuevas instalaciones públicas en cierta población, es frecuente encontrar oposición entre los ciudadanos y, respondiendo a estos reclamos, en las autoridades locales.
Se ha dado por referirse a este fenómeno con el acrónimo NIMBY, del inglés, que significa “no en mi patio trasero” (not in my backyard). Es decir, el concepto reconoce implícitamente la aceptación de la necesidad de que existan ciertas instalaciones que responden a necesidades generales, pero a condición de que los costos reales o especulativos que generen en su entorno inmediato, se impongan a otras personas.
Este término se ha popularizado en los temas ambientales y también respecto de las instalaciones relacionadas con seguridad y asistencia social. Pero en las telecomunicaciones tenemos también casos de NIMBY, donde los operadores de redes pueden enfrentarse a la oposición de la población o la resistencia de las autoridades locales para autorizar la instalación de antenas, ductos, fibra óptica, radiobases o simplemente obtener derechos de paso para acceder a algún sitio.
Para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones se requiere obtener distintos tipos de autorizaciones, como por ejemplo en los ámbitos de salud, aeronáutico, medio ambiente, desarrollo urbano y uso de suelo. Se vuelve particularmente difícil obtener autorizaciones y superar la oposición de la población, cuando se va a instalar infraestructura en espacios residenciales urbanos. En ocasiones las autoridades locales sujetan la aprobación para instalar radiobases u otra infraestructura, a la anuencia de las organizaciones vecinales, lo que retrasa el crecimiento de las redes, además de generar costos adicionales y un componente importante de incertidumbre para los planes de expansión de los operadores.
Una situación comparable se genera en las zonas rurales cuando los terrenos son propiedad ejidal y, por lo tanto, se requiere obtener la aprobación comunitaria.
Este problema se añade a la heterogeneidad de procedimientos, requisitos y costos originados en la reglamentación de diferentes órdenes de gobierno y que deben cumplir los operadores para expandir sus redes.
Pero esta problemática no es exclusiva de México. Distintos países la han enfrentado con estrategias diversas, pero todas orientadas a facilitar los trámites administrativos para autorizar las instalaciones, ampliar la disponibilidad de sitios propicios para instalar infraestructura y promover su compartición.
Como ejemplo, está la Ley 20.599 de Chile, que regula la instalacio´n de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones, o el decreto 36159 de Costa Rica mediante el cual se establecen “Normas, Esta´ndares, y Competencias de las Entidades Pu´blicas para la Aprobacio´n Coordinada y Expedita Requerida para la Instalacio´n o Ampliacio´n de Redes de Telecomunicaciones”.
En un caso reciente donde T- Mobile South demandó al condado de Roswell, Georgia, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que las municipalidades que rechacen la construcción de radiobases deben presentar rápidamente al operador móvil las razones fundadas de su rechazo y brindar a las compañías suficiente tiempo para decidir si objetarán la decisión.
Con la Ley de Telecomunicaciones de 1996, el Congreso de EEUU buscó equilibrar el interés nacional por mejorar la cobertura de las redes inalámbricas con las atribuciones de las autoridades estatales y locales sobre el uso de suelo, aunque demandó una actuación expedita de los funcionarios ante solicitudes de instalación de radiobases, que las negativas sean respaldadas por evidencia sustancial y que consten por escrito; además, la ley considera que no son razones válidas para rechazar ni la estética ni los riesgos a la salud cuando las instalaciones cumplen con las normas federales.
En México, el IFT obligó a los agentes económicos conformados por América Móvil y Grupo Televisa, en su calidad de preponderantes, a dar acceso compartido a otros operadores a su infraestructura pasiva, es decir, antenas, postes, ductos, derechos de vía, etcétera.
Por su parte, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contiene diversas disposiciones para promover el uso eficiente de la infraestructura y el crecimiento de las redes. Establece, por ejemplo, que los diferentes órdenes de gobierno deberán facilitar la instalación de infraestructura y que el IFT expedirá lineamientos para su despliegue.
También prevé que los inmuebles, los derechos de vía y la infraestructura que pertenezcan a la Administración Pública Federal, estén disponibles de forma no discriminatoria para el despliegue de las redes de telecomunicaciones.
Al mismo tiempo prohíbe que los concesionarios que operen redes de telecomunicaciones establezcan restricciones para impedir a otros operadores el acceso o despliegue de infraestructura en edificios, centros comerciales, fraccionamientos, hoteles o cualquier inmueble de uso compartido.
No obstante, lo cierto es que además de la compartición de infraestructura, en el país se requiere un gran esfuerzo de despliegue de radiobases para ampliar la cobertura de las redes.
Actualmente se están llevando a cabo numerosas acciones para facilitar la expansión de las redes y con ello incrementar la oferta de servicios. Un importante componente de esta estrategia será el de transparentar, simplificar y homologar los procesos de autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones y, al mismo tiempo, establecer normas claras que den certeza a la población sobre la seguridad de las instalaciones a fin de favorecer su apoyo.
@elenaestavillo