Muchos son los temas en la mesa de la agenda de radiodifusión y telecomunicaciones apenas arrancando el año, que asociado al proceso electoral en los próximos meses tensarán aún más las cuerdas de tan conflictivo sector, en el que lo que veremos son las reglas desiguales entre los diferentes actores, consecuencia de los desaciertos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y de órganos reguladores que la aplican bajo interpretaciones que dejan mucho que desear.
Teles regaladas en procesos electorales
La transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) ha sido una historia llena de tropiezos y escollos, desde que se determinó en 2004 la política de dicha transición con Vicente Fox hasta la fecha, los intereses políticos y económicos han sido el mayor obstáculo para realizarla, y comenzó desde entonces con el pie izquierdo.
Ante las resistencias para la transición a la TDT, por parte de las televisoras, los partidos del Pacto por México determinaron poner en la Constitución que el apagón analógico debería de culminar a más tardar el 31 de diciembre del 2015 (artículo 5º transitorio). Ya creado e instalado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con autonomía constitucional, se suponía que este proceso finalmente siguiera sin las interferencias indebidas de los poderes fácticos y gubernamentales, pero no fue así, ya que desde el año pasado el IFT permitió que el gobierno federal le arrebatara el programa de la TDT para dejarlo el manos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que lo ha manejado de una manera altamente discrecional y opaca.
Bajo el argumento de integrar a las familias de menores recursos en el país a la conectividad, en lugar de dotarles de decodificadores y antenas, como se hizo en el programa piloto en Tijuana en 2013, determinó que regalaría televisiones digitales aptas para conectarse a internet, algo poco realista, pues para hacerlo, las familias beneficiadas, que están en los padrones de ayuda social de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que apenas si tienen para comer, tendrían que comprar un teclado, un módem y contratar un plan de renta de banda ancha que tiene por lo menos un costo de $300 pesos mensuales.
Desde que se determinó en la LFTR que las familias beneficiarias de este programa para el apagón analógico fueran las inscritas en el padrón de Sedesol, se advirtió el riesgo de que pudiera ser utilizado con fines electorales, pero aún así los legisladores lo aprobaron en sus términos. Los resultados están hoy a la luz pública, sin recato alguno los televisores se reparten en una caja con la leyenda “mover a México” que es el slogan de la campaña del gobierno federal, y se entregan en eventos con características claramente electorales al decirle a la gente que son un regalo del presidente Peña Nieto.
El pasado 14 de enero se determinó el primer apagón analógico del año en Tamaulipas (Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo) por parte del IFT, ya que de acuerdo a la información que le hizo llegar la SCT se contaba con un 90% de penetración para la transición digital; sin embargo, las anomalías son múltiples y se han consignado en diversas informaciones periodísticas, algunas de ellas es que tanto la SCT como la Sedesol han mantenido oculta la lista de las familias beneficiadas, las televisiones no cuentan realmente con ninguna conexión para internet y en varios casos no sirven siquiera para sintonizar las nuevas señales digitales[1].
Además la SCT, ha cambiado en varias ocasiones el calendario de avance y no cuenta con el presupuesto para continuar con la entrega de televisiones para las próximas regiones del país, por lo que hacen falta 12 mil millones de pesos para continuar con el programa y cumplir con la meta de hacer el apagón a más tardar el 31 de diciembre.
Muchas implicaciones tienen estos yerros por parte del gobierno federal, para empezar, el sobrecosto (por dar teles en lugar de decodificadores) de más de 4 mil millones de pesos lo pagamos todos con nuestros impuestos; de retrasarse más la transición digital tendrá alguna consecuencia para quienes o quien resulte ganador de las nuevas cadenas de televisión digital, que deberá de decidirse en marzo de acuerdo al calendario de la licitación que lleva el IFT; y por la manera en como se están entregando puede afectarse la equidad en las contiendas electorales en 14 estados del país.
Hoy, legisladores, entre ellos varios de los que aprobaron la LFTR en sus términos, se quejan del uso electoral del programa (los panistas Juan Pablo Adame y Javier Lozano, entre otros); sin embargo, hasta la fecha no se conoce de una queja concreta en este año ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que es quien debiera de fungir como árbitro para evitar que se lastime la equidad electoral y se impida el uso de programas oficiales para incidir en el voto, pues de nada valen cartas y exhortos, si no se hace una queja formal ante dicho instituto, que por cierto no hizo nada concreto, cuando el año pasado el partido Movimiento Ciudadano presentó una queja formal por este mismo asunto al Comité de Quejas y Denuncias.
Más concentración
Gracias al artículo 9º transitorio de la LFTR, el Grupo Televisa sigue comprando sistemas de cable en el país, sin que el IFT pueda como regulador siquiera opinar sobre las concentraciones, con la compra de Cablecom y de Telecable, dicha empresa tiene ya el control del 65% del control de la televisión de paga a nivel nacional, lo que le da la capacidad de controlar aún más el mercado de contenidos y las redes de triple play (telefonía fija, internet y video restringido), asfixiando a los cableros más pequeños. En cuanto a televisión satelital, Televisa concentra el 74% del mercado, teniendo como única competencia a Dish México, que se ve seriamente golpeada ante la multa de 40 millones de pesos que le impuso el IFT, apenas en la primera semana de enero, por no haber notificado contratos de posibilidad de compra por parte de Teléfonos de México, a quien multó por 14 millones de pesos.
En su comunicado, el IFT afirmó que “la sanción no se impuso como consecuencia de una práctica dañina para el mercado, sino por el incumplimiento de la obligación, lo que obstruyó la posibilidad de que la autoridad ejerciera sus facultades preventivas que tanto la Constitución, como la Ley Federal de Competencia Económica otorgan al IFT en materia de competencia”.
La resolución ha tenido serias críticas porque no aporta más que una mayor litigiosidad en el sector, deja ver claramente lo desigual de las reglas actuales, y la diferente vara con que se regulan a unos y a otros, cuando uno de los objetivos de la regulación debiera ser poner un piso parejo para todos los competidores y poner límites a los abusos de los grandes.
@callejag
aleida.calleja@gmail.com
[1] http://www.am.com.mx/irapuato/local/entregan-teles-entre-el-caos-172873.html , http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2015/impreso/autoridades-sin-cifras-de-afectados-por-el-apagon-116278.html y http://t.co/oOmkVzy7Fv