Eso es lo que supuestamente se intentó hace unas semanas en el Senado en un evento finalmente malogrado. Independientemente de la polémica con respecto a la presencia y uso de la voz del presidente de la República en tribuna de la Cámara Alta, lo irónico del asunto es que el regreso del PRI a Los Pinos trajo consigo un proceso de re-centralización política y administrativa. Me explico, buena parte de las soluciones planteadas para problemas fundamentales del país en temas como educación, seguridad, infraestructura, recaudación fiscal, electoral, de transparencia, etcétera, tiene un componente de mayor control central.

 

Si al inicio del proceso de democratización del país, en los años 90, federalizar, en el sentido de descentralizar, era visto como parte indispensable para la modernización del país, en los últimos años oposición y gobierno coinciden en que establecer controles nacionales es mejor alternativa que desarrollar las capacidades de las instituciones locales. Independientemente de la pertinencia de lo reformado, el proceso de recentralización no se dio como parte de un debate y un acuerdo con respecto al balance que nos conviene que prevalezca entre instituciones nacionales y sub nacionales, sino al poder retomado por el Presidente que tiene una mayor capacidad de establecer la agenda del Congreso, de controlar su partido e incluso influir en los otros. Es decir, un presidencialismo con fuerza renovada tiene como resultado arreglos institucionales más centralizados.

 

El profesor Alonso Lujambio, ahora que de manera acertada se quiere recuperar su brillante legado como politólogo, decía a finales de los años 90 que el federalismo era la ruta de la transición política mexicana en la que convergían todos, PRI, oposición y presidente. Eso debido a que el cambio político había iniciado a nivel local y todos tenían interés de fortalecer los espacios locales. Habría que agregar que además para el presidente Zedillo descentralizar es parte fundamental de las reformas administrativas que impulsaba en salud y educación.

 

Para Lujambio, la centralización fue producto del control que presidente y partido tenían sobre el Congreso y que, una vez que este se relajara, como resultado de la democracia, entonces habría espacio a la descentralización política. Para quien tristemente sólo fue legislador por unos días, la construcción de instituciones democráticas tenía que garantizar un Congreso independiente y eficaz y un federalismo funcional, con Poderes compartidos.

 

Lo que sucedió fue que durante los gobiernos en los que el presidente perdió fuerza ante el Poder Legislativo (Zedillo, Fox, Calderón) se desarrollaron procesos de descentralización política y administrativa, pero como éstos no siempre fueron acompañados de procesos de cambio locales que lograrán una buena gobernanza, pues en general se facilitó la posibilidad de abusar del poder local, ahora con recursos y facultades renovadas. El resultado fue un federalismo disfuncional.

 

El péndulo entre centralismo y federalismo en México se mueve al primer extremo cuando el poder presidencial se fortalece: En el Porfiriato, en la Revolución institucionalizada, y se desplaza al otro cuando este se diluye: en las guerras de liberales y conservadores, en las primeras décadas del siglo pasado, en la transición democrática.

 

Lo que observamos hoy es un momento en el que el presidente recupera el control del Congreso, junto con otros actores nacionales, como las dirigencias partidarias. Lo anterior en un contexto en el que es claro que en los estados ni fueron capaces de administrar mejor los servicios públicos, ni desarrollaron instituciones solventes de gobierno y rendición de cuentas.

 

Eso hizo posible que los responsables de organizar y calificar  las elecciones locales fueran electos desde el centro, que el IFAI pudiera atraer casos de institutos estatales, que el pago a los maestros se realizara de manera directa desde la SEP, así como que la evaluación educativa y los criterios para la contratación de maestros fuera nacional.

 

En la reforma fiscal no se contemplaron nuevas facultades para las entidades ni en materia tributaria ni de gasto. Tampoco en la reforma política se contempló una agenda para ampliar las facultades de agencias o actores  locales. Por el contrario, en el caso de la reelección serán las dirigencias nacionales de los partidos las que puedan volver a postular a un candidato.

 

No cabe duda que algunas de las medidas aprobadas para restringir el poder de los gobernadores pueden ser correctas. Otras, como las de naturaleza electoral, ya ocasionan conflictos entre los partidos. El problema es que en los hechos renunciamos a la estrategia de fortalecer la capacidad institucional y los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito local para mejorar la calidad de los servicios públicos y ofrecer nuevos espacios de participación ciudadana.

 

En un país del tamaño y diversidad regional como México es indispensable que las instancias locales desarrollen las instituciones que se requieren para ofrecer, de acuerdo a las características específicas,  servicios como educación y salud, para atender los problemas de seguridad pública y administración de justicia con eficacia y respeto a las garantías individuales, para establecer canales eficaces  de comunicación con la ciudadanía, para tener procesos de competencia política democráticos.

 

El balance entre estados y federación, los mecanismo para fortalecer lo local, el rol de los estados en mejorar la calidad de vida de los mexicanos es algo que tiene que ser discutido. No lo que no podemos hacer es sólo tratar de acotar el poder local, hacer a un lado a los estados de la agenda y sólo culparlos de los males del país. Ojalá en el Senado se retome la intención de discutir el federalismo.

 

 

@vidallerenas



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