Se cumplieron hace unos meses los primeros diez años de la guerra contra el narco, iniciada con la intervención militar del belicoso presidente Calderón en Michoacán para limitar los efectos del enfrentamiento entre la Familia Michoacana y los Zetas. Las cifras del conflicto son de vértigo: más de 100 mil muertos y 20 mil desaparecidos, miles de desplazados, comunidades enteras destruidas por la peste de la extracción local de rentas y el trasiego de drogas al país vecino. Y lejos de remitir, la violencia crece: como ha calculado el experto Alejandro Hope, los tres primeros meses de 2017 acumulan más de 6 mil muertos, cifras que nos acercan al registro máximo de asesinatos acaecido en 2011.
Casi la totalidad de analistas están de acuerdo en el diagnóstico: Calderón quiso apagar un fuego con gasolina (en algunas versiones, incluso se diría que el mismo Calderón fue el que encendió el fuego). Ante el inicio de enfrentamientos abiertos entre grupos criminales que hasta entonces habían respetado ciertos acuerdos de reparto territorial y no agresión, el gobierno de Calderón optó por desplegar al Ejército y a la nueva policía federal bajo la misión de descabezar y destruir a los grandes cárteles, para transformarlos en organizaciones más fácilmente manejables. Sin embargo, el descabezamiento produjo una furia brutal de violencia entre los grupos sucesores por el control de las plazas y rutas de trasiego que acabó con unas cifras de asesinatos espeluznantes, de las que el presidente Calderón sería responsable al menos político.
Pero aquí les pregunto, “¿qué hubieran hecho ustedes?”. Permítanme distinguir tres dudas estratégicas que Felipe Calderón seguramente tuvo cuando reflexionaba allá por 2006 sobre el mejor curso de acción contra la violencia criminal entonces creciente. En primer lugar, Calderón podría haber mirado para otro lado. Con su legitimidad electoral en duda, el presidente podría haberse dedicado a destruir legalmente a los gobernadores corruptos del nuevo PRI que ya asomaban la patita; o podría haber reforzado su perfil “socialdemócrata” con una agenda de expansión del gasto público para ganarse al perredismo más desencantado con el plantón del Zócalo. Pero frente a la naturaleza de los nuevos grupos criminales, algunos más atentos a la extracción rapaz de rentas de los ciudadanos mexicanos que al trasiego de drogas hacia Estados Unidos, Calderón se concentró en la recuperación del espacio público contra la amenaza criminal.
En segundo lugar, ¿cómo hacerle para lograr esa recuperación? Visto con perspectiva, seguramente cualquier miembro de la administración Calderón, de los gobiernos estatales y del Congreso federal habrían preferido gastarse los miles de millones de pesos que ha costado esta guerra en el fortalecimiento de las instituciones penales y de vigilancia (MPs, tribunales, cárceles, policías locales y estatales) que en el despliegue del Ejército. Pero este análisis supondría que los políticos son capaces de pensar en el largo plazo (imposible) y que los grupos criminales no se habrían lanzado unos contra otros para robarse las plazas (improbable). Con las débiles instituciones que tenemos y con la capacidad parasítica de los cárteles, el gobierno no tenía otra sino limitarse a un resultado negativo: no el fortalecimiento de las instituciones sino el debilitamiento del control territorial de los grupos criminales.
Y la tercera duda es ¿qué pasa si se despliega al Ejército? El beneficio sería poder responder con alta capacidad letal a organizaciones que disponen de armamento sofisticado y personal entrenado para usarlo (recuérdense los miles de soldados en cárceles por delitos contra la salud). Además, existe evidencia en la literatura sobre guerras civiles que demuestra que el descabezamiento de las organizaciones insurgentes es una estrategia muy efectiva para diezmarlas y reducir su violencia. Pero el precio a pagar por sacar al Ejército también parecía claro: dar manga ancha a los militares para que operaran sin ningún control, no sólo judicial sino incluso político (dado que los militares gestionan sus propias secretarías de Estado, sin que apenas haya civiles dispuestos a supervisar sus labores). El otro perjuicio que los asesores del presidente no parecieron anticipar fue la inflamación de la violencia provocada por la mera intervención del ejército, al multiplicar las peleas entre los crecientes grupos criminales. Cabe imaginarse a Felipe Calderón decidiendo entre dos males, el mayor (la consolidación de los nuevos grupos criminales parasitarios) y el supuestamente menor (los previsibles desmanes del Ejército). Al desplegar a un ejército en la ola de apoyo ciudadano, optó por lo segundo, pero provocó la tormenta perfecta: más violencia e ilegalidad. Como ha demostrado mi colega Brian Phillips, los grupos criminales no se comportan como las insurgencias, ya que cuando son descabezados, se incrementa la violencia por el botín, en vez de reducirse.
¿Hizo bien Calderón? Es fácil decir que no. Pero la cuestión clave es preguntarse qué puede hacer un Estado débil legalmente, con problemas de inconsistencia temporal, a la hora de enfrentarse a grupos violentos que extraen rentas de la ciudadanía y parasitan las instituciones. En otras palabras: ¿es la ilegitimidad de un Estado débil motivo suficiente para impedirle enfrentarse abiertamente contra grupos criminales que alimentan esa misma debilidad?
El estigma de la derrota en la llamada guerra contra las drogas acompañará siempre a Calderón. Peña Nieto, por su parte, ha seguido la misma estrategia, aunque le apagó el foco mediático. Pero como a perro flaco todo son pulgas, la violencia criminal va en aumento y con ella la discusión sobre cómo enfrentársela. Por un lado, surgen poderosos reclamos desde la sociedad civil para que el Ejército actúe dentro de la ley, pues la impunidad podría estar contribuyendo a alimentar la oleada criminal. Por el otro, el Ejército demanda al Congreso que apruebe una ley de Seguridad Interior que otorgue una amplia cobertura legal al despliegue militar, pues sin esta ley los militares se encontrarían indefensos y cada vez menos dispuestos a participar en la lucha contra los grupos criminales. Difícil papeleta para el presidente: atar las manos al Ejército y enfrentarse a su insubordinación, o apostarlo todo al Ejército y alienarse definitivamente a los pocos que siguen creyendo en la capacidad reformista de este gobierno. ¿Qué harían ustedes?