“Los gobiernos se equivocan de manera garrafal cuando ignoran los derechos humanos para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad”, indicó Human Rights Watch, al difundir su Informe Mundial 2015, pues los efectos colaterales de la violación sistemática siempre son contraproducentes.
En relación a México, la organización internacional aseguró que el gobierno mexicano le resta importancia a las desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales que predominan en el país y que sus esfuerzos para combatirlas producen pocos resultados. Es por ello que lo exhortó a adoptar medidas para dar cumplimiento al compromiso que tiene como Estado de “defender” los derechos humanos.
Pero lo más “duro” de esta recomendación de HRW, es el reproche de que en lugar de reconocer y afrontar la magnitud de los hechos que lastiman y transgreden los derechos humanos en México, el gobierno federal ha denostado y minimizado los informes que se han hecho en la materia, así como a los realizadores y responsables.
A finales de septiembre de 2015, dos días después del primer aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, México recibió una visita in loco de cinco días por parte de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En un informe preliminar, la presidenta de la Comisión, Rose-Marie Belle Antoine, concluyó que México padece “una grave crisis de derechos humanos”.
Como en otras ocasiones, el gobierno mexicano, que aunque reconoció la existencia de retos en materia de derechos humanos, aseguró, no compartir el informe preliminar pues no “refleja la situación general del país y no destaca los avances que existen para mejorar en la materia”.
Posteriormente en la CIDH, reiteró la tesis y agregó que la crisis está caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia; graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares.
Asimismo que los efectos de la violencia y las violaciones a los derechos fundamentales son especialmente graves en personas en estado de pobreza, los migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos, mujeres, niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas, pueblos indígenas, personas de la comunidad LGBTI, entre otros.
Entre las recomendaciones de este informe al Estado mexicano destacan las siguientes: El retiro gradual de las Fuerzas Armadas de tareas de seguridad pública, revisar la Ley General de Víctimas, adoptar una Ley Nacional sobre Desaparición y Desaparición Forzada y una Ley Nacional sobre Tortura, elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México, eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano, crear un Registro Único Nacional de personas detenidas y asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos.
Aunque en teoría reconocer que hay una crisis, es el primer paso para afrontarla, esta estrategia no se vislumbra en un futuro próximo, da la impresión de que estamos atrapados en una política de negación y simulación, muy a pesar de los hechos y cuestionamientos de especialistas y ONG nacionales e internacionales.
Incluso el gobierno de los Estados Unidos de América retuvo el 15% de los fondos anuales que destina a México dentro de la Iniciativa Mérida (5 millones de dólares), ya que el Departamento de Estado no pudo confirmar que México cumplió con las expectativas sobre el respeto a los derechos humanos en el ejercicio fiscal 2014 y, por tanto, no envió al Congreso ningún reporte al respecto.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por tal motivo en esta fecha cada año se celebra el Día de los Derechos Humanos. Hoy, el día está dedicado al lanzamiento de una campaña internacional con un año de duración para conmemorar el 50 aniversario de los dos pactos internacionales de derechos humanos.
Estos son: El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fueron adoptados por la Asamblea General el 16 de diciembre 1966. Los dos Pactos, junto con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, constituyen la Carta Internacional de Derechos Humanos, que establece los derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales que tiene todo ser humano al nacer.
Al ratificar México estos pactos, adquirió compromisos vinculantes, así como el compromiso de responder ante la comunidad internacional por el incumplimiento de esas obligaciones adquiridas.
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