En días pasados, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentó el Informe Especial Sobre Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en México, en el que señala que al menos 289 personas provenientes del estado de Guerrero manifestaron a la CNDH haber sido víctimas de DFI, lo cual coloca a la entidad en segundo lugar de incidencia, justo detrás de Nuevo León.

 

El mismo documento señala además que de acuerdo con referencias proporcionadas por terceros, se registraron en la entidad 2,165 casos de DFI, de los cuales, al menos 2,044, fueron a consecuencia de la violencia generada por el crimen organizado.

 

Es importante recalcar que las cifras arrojadas por el Informe de la CNDH se obtuvieron a través de testimonios recabados de familias, comunidades o actores relacionados con DFI en los municipios de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), Tecpan de Galeana, Acapulco y Chilpancingo; y por lo tanto, no reflejan la gravedad de la crisis humanitaria que se vive en Guerrero, en donde se ha visto éxodos de comunidades completas en diferentes municipios que huyen de la esclavitud y del terror de la delincuencia, sin mencionar los casos de las personas o familias que se ven obligadas a desplazarse víctimas de la violencia generalizada y que, por ello mismo, no dejan rastro para no ser perseguidas.

 

Lo único que queda en claro, es que en Guerrero el Desplazamiento Forzado Interno es una lamentable realidad que está lastimando a miles de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas que de la noche a la mañana pierden su hogar, sus pertenencias, sus afectos, sus arraigos y en los casos más extremos, su identidad.

 

El actual contexto de violencia que se vive en Guerrero, provocado en gran parte por la política de prohibición del cultivo de la amapola con fines medicinales, es una situación que debe ocupar a todas las autoridades mexicanas, pues estas situaciones, están alentando al crecimiento progresivo y desmedido de víctimas de DFI, los constantes actos de terror que se relacionan con el crimen organizado aunado a la desprotección de las víctimas han sido la principal causa del desplazamiento forzado en la entidad.

 

Los detractores de la paz, podrán argumentar como atenuante a la crisis humanitaria que azota a Guerrero que acorde con el Derecho Internacional, existen diferentes causas del DFI, los cuales incluyen: conflictos armados; violencia generalizada; violaciones de los derechos humanos; catástrofes naturales o provocadas por el ser humano; y proyectos de desarrollo; Sin embargo, son los mismo pobladores los que han señalado que es la violencia generada por grupos delincuenciales lo que les ha obligado a desplazarse, para muestra, el siguiente testimonio del párroco de una comunidad de desplazados validado por la CNDH:

 

“(---), Ejido de (---),

Municipio de (---), Guerrero

Asunto: Se solicita apoyo

(---), a 13 de agosto de 2013.

 

El que suscribe, (---), presidente del Comisariado Ejidal, del ejido (---), municipio de (---), Guerrero, me dirijo a Usted Señor Gobernador de la manera más atenta y respetuosa, para solicitarle a nombre propio y a nombre de 120 personas que fuimos afectadas en nuestra comunidad, ya que un grupo armado nos obligó a salir de ella, quemando algunas de nuestras viviendas y llevándose nuestras pertenencias, por tal razón nos encontramos en el municipio de (---) de manera temporal en un lugar que nos destinó el señor presidente de (---), con quien estamos muy agradecidos ya que él, su esposa y su personal nos han tratado muy bien, como también la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil del estado, asimismo la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría General de Gobierno, y conforme pasan los días siguen llegando a esta ciudad más familias afectadas de nuestra comunidad, buscando refugio, por lo que solicitamos su valioso apoyo consistente en:

 

1. Que nos brinde seguridad para ir a nuestra comunidad de (---) para traer las pocas pertenencias que hayan quedado.

 

2. Que nos reubique en un lugar seguro, donde podamos desarrollar nuestra labor de campo, ya que no queremos regresar a nuestra comunidad, y se nos brinde seguridad, ya que existe el temor que estas personas tomen represalias en contra de nosotros.

 

3. Que se le brinde las facilidades necesarias a las personas beneficiarias de los programas Oportunidades, Seguro Popular y Procampo Capitaliza, para realizar el cambio al lugar que se nos asigne.

 

4. Que nos apoye incorporándonos a algún centro de salud para recibir los servicios médicos.

 

5. Que se nos facilite la inscripción de nuestros hijos a las escuelas de nivel primaria y secundaria.

 

6. Asimismo solicitamos se nos apoye con proyectos productivos, como estanques para mojarra tilapia, invernaderos, para siembra de jitomate, chiles y hortalizas, etc., ya que somos gente de trabajo sabemos ganarnos el pan labrando la tierra,

 

7. Solicitamos el apoyo de vehículos para el servicio de nosotros en el lugar donde nos reubiquen.

 

Sin otro asunto particular que tratar, y sabedores de su alto espíritu humanitario de ayudar a los que necesitan, y en espera de una pronta y favorable respuesta, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

 

Atentamente

Presidente del Comisariado Ejidal del ejido de (---)

Municipio de (---)”

 

Es imperiosa la necesidad de frenar la violencia, de combatir y castigar a los delincuentes, para ello se requiere dar un golpe de timón, de corregir la estrategia, de contar con cuerpos de seguridad pública certificados y cambiar el enfoque de la política de drogas, pasando de un enfoque punitivo a un enfoque sanitario y de derechos humanos. México y Guerrero requieren ya de policías confiables y calificadas que brinden una mejor seguridad para la población.

 

La historia, como el caso de la desaparición forzada de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, nos enseña que mientras siga el contubernio de la policía municipal con la delincuencia auspiciado y tolerado por los gobiernos municipales, no va a haber intervención Federal que valga, no va a haber programa que frene la violencia en Guerrero, es urgente evaluar a los cuerpos policiacos para conformar una Policía Estatal Acreditable con las tres unidades especializadas que exige la ley: De Investigación, de Análisis Táctico y de Operaciones o de Reacción.

 

Es muy pronto para saber si la Policía Estatal Acreditable será la panacea que baje los índices de violencia en la entidad, lo que sí es un hecho es que en Nuevo León, de 2012 a 2014, después de la entrada del nuevo modelo policiaco, los homicidios dolosos disminuyeron 89%, al pasar de 1,236 a 135 casos.

 

Otro caso sobresaliente es el Chihuahua, donde se encuentra Ciudad Juárez que por tres años consecutivos fuera una de las 50 ciudades más violentas del mundo, redujo sus niveles de 1,689 homicidios en 2012 a 674 en 2014, un decremento de 60 por ciento.

 

Entonces, es urgente acelerar el establecimiento de la Policía Estatal Acreditable en Guerrero, donde la violencia ha convertido a Acapulco, en la ciudad más peligrosa de México y la tercera en el mundo, de acuerdo con el ranking 2015 que elabora la organización Seguridad Justicia y Paz. Esta situación no se va a remediar con discursos o con esconder la realidad sino atacándola de frente, el primer paso es limpiar totalmente la policía municipal. De otra manera, todo será una gran simulación.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 



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