La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó su primer Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno. Se trata de un reporte sumamente importante por que demanda el reconocimiento oficial a un problema social vinculado directa e indirectamente a múltiples violaciones a los derechos humanos. Además, como parte de sus recomendaciones, en su informe especial la CNDH pide atención a las víctimas bajo un esquema humanitario. Esta recomendación reconoce que el desplazamiento tiene un impacto profundo en las distintas dimensiones de la vida de las personas afectadas, además de colocarlas en una situación de riesgo y vulnerabilidad social difícil de remontar en el corto y mediano plazo.
De acuerdo con el Consejo Económico Social y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), el desplazamiento interno forzado se presenta cuando las personas son forzadas a abandonar su lugar de residencia como resultado de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos o catástrofes. Este tipo de desplazamiento, además, ocurre dentro de las fronteras estatales internacionales.
El desplazamiento forzado interno no es un fenómeno inédito en México. De hecho, históricamente ha sido consecuencia de conflictos armados motivados por disputas políticas y sociales, como la Revolución Mexicana, o por fundamentalismos y odios religiosos y étnicos, como la Guerra Cristera o los conflictos intercomunitarios en el contexto de la guerrilla zapatista a finales de los noventa. Sin embargo, en la actual coyuntura de combate frontal del Estado mexicano contra los grupos criminales vinculados al tráfico de drogas ilegales, el desplazamiento interno forzado ha adquirido una magnitud monumental.
Así, construir un registro completo y fidedigno del fenómeno del desplazamiento se enfrenta a múltiples obstáculos de tipo político, jurídico, logístico, entre otros. Por ejemplo, sin la voluntad política para reconocer la problemática es imposible integrar un registro puntual de las personas desplazadas que diferencie desplazamiento por motivos económicos y desplazamiento por violencia. Por si fuera poco, tampoco contamos con una norma que defina el caso de desplazamiento y permita establecer un marco de actuación estatal frente al fenómeno.
Por ello, el reporte de la CNDH adquiere enorme importancia ya que deja en claro que prácticamente todas las 35 mil 344 víctimas de desplazamiento registradas en su informe lo hicieron a causa de la violencia generalizada que ocurre en el país. Más aún, el 90% de los casos fueron víctimas de delincuencia en diferentes manifestaciones: extorsión, amenazas, destrucción de casa habitación, asesinato y secuestro, principalmente. Si esta cifra es de suyo alarmante, lo es más cuando se revisan los resultados de la encuesta que la CNDH levantó como parte de este reporte a través de mil cuestionarios en 65 municipios del país: 80.9% dijo tener miedo de resultar víctima del crimen organizado; 72% afirmó conocer a alguien que fue extorsionado; 25% conoce a una persona desplazada. Por lo menos, esto lleva a pensar que la cifra negra del desplazamiento forzado puede ser ingente.
El reporte de la CNDH es una primera aproximación que inevitablemente presenta debilidades metodológicas. Por ejemplo, el estado de la República con la cifra más alta de desplazamiento interno forzado es Tamaulipas, con 20 mil personas, lo que representa el 60 por ciento de los casos. Sin embargo, se trata de una cifra reportada por un funcionario público del municipio, quien además no ha dado constancia fehaciente de todos y cada uno de los casos.
A pesar de sus deficiencias, debemos celebrar el informe de la Comisión porque contribuye a visibilizar uno de los efectos no deseados ni previstos de una política de Estado fallida: una estrategia de combate frontal al crimen organizado, lo que desató la espiral de violencia que vivimos, así como la indiferencia institucional ante los efectos de esa política.
Aunque este reporte de la CNDH significa un paso importante en la visibilización del problema público expuesto sobre los desplazados internos por la violencia, quedan pendientes, al menos, dos líneas de acción estatal. Primero, el reconocimiento oficial de la gravedad y complejidad de este problema público. Segundo, la elaboración de un marco jurídico que integre protocolos de atención y protección de las víctimas bajo un esquema humanitario. Sólo así permitiremos la reinserción de nuestros desplazados en sus comunidades de origen o, en todo caso, su inserción exitosa en su nuevo entorno.