Estudios recientes sobre el universo de usuarias y usuarios mexicanos en internet[1] indican que 34%, es decir cerca de 22 millones son niñas, niños y adolescentes; quienes se conectan desde redes wi-fi en sus hogares (87%) y/o en ‘cualquier lugar’ desde sus dispositivos móviles (52%). El año pasado[2] la AMIPCI documentó que las familias encuestadas reconocían que 83% de sus hijos e hijas tenían acceso a internet, la edad promedio de inicio fue de 8 años (pero 43% empezó entre los 3 y 6 años) 6 de cada 10 por entretenimiento; y 4 de cada 10 por motivos escolares. A estos usuarios de internet se les denomina ‘nativos digitales’ porque nacieron en un momento histórico donde el mundo virtual es masivo, preponderante e indispensable.
Como sucede con otros datos, los promedios tienden a ocultar las desigualdades. Es obvio que el acceso a internet de niñas, niños y adolescentes es diferenciado por clase social, ubicación geográfica y contexto cultural. Aquellos que nacieron en pueblos originarios, barrios pobres o tienen alguna discapacidad aún enfrentan importantes brechas de desigualdad digital. Lo que representa en los hechos desventajas reales en su desarrollo, en el acceso a oportunidades de crecimiento y en la posibilidad de potenciar sus conocimientos.
Hasta hoy el Estado Mexicano carece de una política pública que asegure en todo el territorio nacional la conexión (gratuita y/o de pago) a internet como un medio para garantizar la realización de otros derechos humanos: “la libertad de expresión y la libre circulación de la información, las ideas y los conocimientos son esenciales para la sociedad de la información y beneficiosas para el desarrollo” de las y los mexicanos, incluidos niñas, niños y adolescentes que ahora mismo se enfrentan solos (y en ocasiones con sus familias) ante la “súper carretera de la información” sin más herramientas que su propia intuición.
Como dice el saber popular: “los espacios vacíos se ocupan”, es así que la fragilidad del Estado Mexicano en el mundo digital permiten que el crimen organizado trasnacional tenga una sólida presencia en el mundo virtual; más allá de los hackers, troles o ‘peñabot’, la fuerza económica-tecnológica de grupos criminales está ocupando todos los rincones que permite internet, teniendo entre sus principales presas a niñas, niños y adolescentes, nativos digitales, que van creciendo en el mundo virtual sin referentes claros y sin la protección del Estado.
Desde hace varios años las organizaciones que luchan contra la trata de personas y defienden derechos de niñas, niños y adolescentes hemos alertado sobre el incremento de riesgos en las conexiones a internet que realizan en México diariamente 22 millones de usuarios menores de edad. Especialmente preocupante la ausencia de “alfabetización digital” que les permita conocer sus derechos en internet, las mejores formas de potenciar la información disponible y especialmente importante cómo protegerse de depredadores sexuales o prácticas de riesgo en línea.
El mundo adulto tiende a criminalizar rápidamente aquello que no está bajo su control, es por ello que es urgente un diálogo intergeneracional que nos permita reconocer que niñas, niños y adolescentes están y estarán cada día más vinculados al internet y las tecnologías de comunicación. Tenemos que entender que prohibir tabletas y teléfonos no es inteligente; las y los adultos tenemos que asumirnos como desiguales, en desventaja y como ‘migrantes digitales’ para desde una relación horizontal aprender a dialogar y cuidarnos mutuamente.
Es una realidad que con los dispositivos móviles, el acceso a internet y la ausencia de alfabetización digital están sucediendo situaciones de alto riesgo para niñas, niños y adolescentes. Las presiones machistas hacia adolescentes para que realicen ‘sexting’ o entreguen su password como ‘prueba de amor’; la exigencia corruptora de maestros hacia sus alumnas para aprobar materias a cambio de fotos y videos eróticos; la venta e intercambio de sexting entre adolescentes como fuente de pequeños ingresos en barrios populares o la desaparición de adolescentes con fines de explotación sexual (capturadas a través de redes sociales) está llegando al punto de epidemia social. Y lo más grave está en la inexistencia de mecanismos legales de protección a quienes son víctimas de estas situaciones. En México lograr que se sancione un hecho delictivo que tiene como escenario las redes sociales, es prácticamente imposible.
En esta tesitura el 7 de marzo 2016 en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, se debatió sobre la importancia de reconocer la relación existente entre “Tecnología de la información y las comunicaciones y explotación sexual infantil”[3] entre los principios del debate están que es necesario mayor acceso a internet para niñas y niños como medida para superar las brechas de desigualdad digital, y por ello es urgente una mayor acción de los Estados para ofrecer parámetros de seguridad en su acceso diario; y llevar a los tribunales a quienes les abusen.
Este informe global destaca que “Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre 2011 y 2012 ha aumentado un 70% el material sexual infantil en que se muestra principalmente a niñas menores de 10 años y es frecuente encontrar material de abuso en que se muestra a niños pequeños o bebés (A/HRC/28/55, párr. 59). La mayoría de las víctimas son niñas: 81% de las personas mostradas en material conocido de abuso infantil son niñas. [..]
“La llegada de las redes sociales ha permitido a los explotadores de niños captar más fácilmente a los niños usando esas plataformas para comunicarse con los niños víctimas. Según el UNICEF, Internet desdibuja las fronteras tradicionales de la privacidad al crear situaciones en que los niños conversan en entornos que parecen privados, cuando en realidad se exponen, consciente o inconscientemente, a una audiencia desconocida en todo el mundo”
Este escenario de riesgo (en el mundo real y el digital) no cambiará para niñas, niños y adolescentes sí el Estado Mexicano sigue sin cumplir con su obligación de promover y garantizar los derechos digitales a la par de los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes, a través de políticas públicas que contemplen la “alfabetización digital”, la educación sexual, retarden el inicio de consumo de alcohol, disminuyan las tasas de embarazo temprano, prohíban el matrimonio infantil y luchen contra la impunidad de los agresores sexuales de niñas, niños y adolescentes.
LA MEJOR FORMA DE PROTEGER a niñas, niños y adolescentes es hacerlos participar del análisis de riesgos, encontrar con ellas/ellos soluciones cercanas a su realidad, ayudarles a reconocer y romper relaciones de desigualdad; y ofrecer certeza que las personas adultas tendrán disposición para acompañar sus aprendizajes en el mundo digital.
[1] AMIPCI; 12º Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2016, Asociación Mexicana de Internet https://www.amipci.org.mx/images/Estudio_Habitosdel_Usuario_2016.pdf
[2] AMIPCI 11º estudio sobre los hábitos de los usuarios de internet en México 2015 https://www.amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf
[3] Consejo de Derechos Humanos, 31 periodo de sesiones; A/HRC/31/34 Tecnología de la información y las comunicaciones y explotación sexual infantil; https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/272/79/PDF/G1527279.pdf