La estrategia de comunicación social del Gobierno Federal, consiste entre otras cosas, de enviar mensajes con los avances de la actual administración, tratando de demostrar que las políticas públicas implementadas caminan por la ruta correcta con cifras alentadoras.
Entre otras cosas, estos mensajes señalan que la tasa de inflación es la más baja de la historia, equivalente al 2.59% anual, no vista desde hace 40 años; que se han generado 1.5 millones de empleos en lo que va del sexenio, comparándolas con las cifras generadas en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Pero la desconfianza ciudadana se ciñe sobre el fracaso de las once reformas derivadas del Pacto por México, celebrado con todas las fuerzas políticas del país, a principios de esta gestión, pero que por factores externos o quizás por proyecciones mal calculadas, sus efectos no puedan notarse al corto plazo. Sobre todo, cuando se promete que no habrá aumentos a gasolinas.
Esto viene acompañado de la sensación de impunidad que conlleva el ejercicio de la corrupción en el servicio público, que se deposita en los niveles de impunidad y corrupción, que hacen que los esfuerzos realizados en diseñar e implementar las once reformas, no tengan el impacto deseado en el ingreso. Esto tiene alcance en la impartición de justicia.
Esta sensación y su alcance es lo que rodea al escape del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y a la falta de voluntad política para detener a los ex gobernadores de Chihuahua y Quintana Roo, César Duarte y Roberto Borge, respectivamente. Cabe la posibilidad que ante la empatía política que lograron la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía española, cuando la primera junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), intervinieron para la liberación del ex presidente del PRI, Humberto Moreira, ante las acusaciones por vínculos con el narcotráfico que le hizo la segunda, que alguno de los Duarte o Borge ya se encuentre gozando de un exilio convenido en las Islas Canarias o en Palma de Mallorca; y en retribución, que México en un futuro no muy lejano se convierta en refugio pactado de personajes de la clase política española con antecedentes de corrupción.
Por eso es que la corrupción y la impunidad son aliadas del sistema político mexicano, en el que para que exista corrupción es necesario que exista voluntad, discrecionalidad y una falla en el sistema de transparencia o acceso a la información, principalmente, que conduzca a la materialización de conductas ilícitas y su tácito perdón. Aquí también yace la subestima que normalmente el político tiene del ciudadano, que se convierte en cinismo.
Se genera cuando, en un mínimo esfuerzo, el gobierno no combate la impunidad, sino que parece que administra la corrupción. Prueba de ello son los esfuerzos del pueblo y gobierno de Guatemala, al permitir la creación de una comisión internacional para combatir la corrupción, que permitió llevar a la cárcel a su presidente.
Diversos estudios de universidades u organismos internacionales colocan a México, en los penosos primeros lugares de los países más corruptos del mundo, con una alta impunidad, con una tasa mínima de impartición de justicia, con policías corrompidas por la delincuencia, o bien, con amplias diferencias políticas, económicas, sociales o de sus derechos, que lo hacen de difícil colocación en el primer mundo, invocado en discursos oficiales.
Por estas razones es que el nombramiento de Raúl Cervantes, como titular de la PGR, no ha causado la expectativa deseada en círculos académicos o de derechos humanos, para que en un futuro pueda asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República, cuando todo parece indicar que su estancia en ese cargo es para cuidarle la espalda a la corrupción y sus servidores públicos generada en esta administración. Por lo menos se ve difícil que por sus vínculos partidistas hagan difícil o imposible, una separación de actividades políticas para no entorpecer alguna investigación.
Veremos qué tanto entusiasmo y voluntad tiene la nueva administración de la PGR para emprender acciones para combatir la corrupción. Casos le sobran: el expresidente del PRI, Humberto Moreira, Arturo Escobar y Vega y su partido verde, OHL, la Casa Blanca, Malinalco, Carlos Romero Deschamps, Arturo Castillo y la CONADE, las narcocamionetas de Televisa en Nicaragua; o bien, la impunidad en las mochadas en el presupuesto son ejemplos que quedan permanentes en la memoria.
Por todo esto, y más, el pesimismo no es por los resultados en las políticas públicas o en los programas de gobierno, sino entre otras cosas, la corrupción y en la sensación de impunidad que prevalece en el ánimo ciudadano.