No terminan los tiempos tormentosos para las fuerzas armadas. No termina el tiempo de ingobernabilidad, de desorden y estulticia que se refleja en el desconcierto entre soldados, marinos y elementos de la fuerza aérea.
El desorden viene de arriba, del mando supremo. Se va distribuyendo poco a poco, de manera inexorable entre los funcionarios del gabinete de seguridad. No hay guía, trabajosamente habrá ruta, objetivo real a partir de escenarios amplios y planeamiento a largo plazo.
Soldados y marinos tienen sus objetivos. Planean, calculan, sacan adelante las metas presupuestadas, pero lo hacen con lo poco claro que hay en su entorno; con escasas herramientas jurídicas, con un pobre marco legal, en medio de un desorden sin manchas.
Quedan siempre expuestos y en el camino acaban por abusar de quienes los ven como la última respuesta del Estado ante la inseguridad.
Pero el desconcierto alcanza a cimbrar el esquema y la estructura de seguridad del Estado y termina detonando los cimientos, por ejemplo, de la mítica comunidad de inteligencia civil y militar del país.
Las detenciones del personal del CISEN y del área de inteligencia de la Policía Federal vinculados a la fuga de Joaquín Guzmán Loera, son sólo un botón de muestra del fracaso y de la ineptitud que viene de arriba.
Es impensable (imperdonable, dirían algunos) que el mando militar al frente del 8° Regimiento Mecanizado de Reconocimiento, el general Enrique Velarde Sigüenza, no haya tenido un sólo elemento de sospecha, de duda razonable, a partir de los recorridos que las unidades y personal bajo su mando hacían en los alrededores del penal del Altiplano.
Era su misión, era parte fundamental de su trabajo reportar y documentar las cosas que sucedían en el entorno del penal de alta seguridad, si no ¿para qué demonios sirve el despliegue del 8° RMR en la zona aledaña a la prisión en la que están recluidos los capos más poderosos y peligrosos del país?
Lo otro es la coordinación con las autoridades federales, los civiles que tanto molestan e incomodan a la milicia. En las horas posteriores a la fuga de Guzmán Loera las autoridades federales negaron el acceso al penal del Altiplano a los militares del regimiento mecanizado.
Entorpecimiento, descoordinación o encubrimiento, los militares fueron impedidos para ingresar al penal y establecer perímetros de seguridad. Los civiles violaron el protocolo de seguridad aplicable para casos de motín o fuga en Almoloya. Descomposición.
Desde los Estados Unidos, el tradicional canibalismo político y mediático de los halcones de Washington encuentra fácil eco en la prensa mexicana en medio del coraje, la burla, el desconcierto y la afrenta causados por la fuga de El Chapo Guzmán. Corrupción, desconfianza e ineptitud, son las palabras e ideas que enmarcan el escape del capo más poderoso de México, tanto o más que el propio Estado mexicano y todas sus demacradas e inoperantes instituciones de seguridad.
Los gringos le soplan al oído a quienes quieran escucharlos y les cuentan que la captura de El Chapo en Mazatlán, aquel 22 de febrero de 2014, no fue obra de los comandos de Fuerzas Especiales de la Armada de México, sino personal de la DEA, del ICE y agentes del US Marshal Service que operaron en territorio nacional vestidos como personal de la Marina mexicana.
Total violación a las leyes nacionales. La Marina como monigote y palero de los norteamericanos justicieros. La Marina y sus mandos como figuras de ornato en los verdaderos momentos clave del combate al narco. Descomposición.
Y la agenda del respeto a los derechos humanos en México, otro orgullo para exportar a Francia y países vecinos. Tropas del 86 Batallón de Infantería de la 43 Zona Militar en Apatzingán, Michoacán, bajo el mando del general Jaime Contreras López (quien a su vez obedece al general Pedro Gurrola Ramírez, comandante de la XII Región Militar), acusadas de atacar a comuneros en Ostula, Michoacán, y de matar a un menor de edad de un tiro en la cara.
Acusaciones sin pruebas. Señalamientos masivos en las redes sociales. Silencio oficial. Una Sedena tardía. Un gobierno federal ausente. Descomposición.
En el norte del país, en Zacatecas, la Sedena ha reconocido que varios soldados del 97 Batallón de Infantería perteneciente a la 11 Zona Militar -bajo el mando del general Antelmo Rojas Yañez- están vinculados con la desaparición y ejecución de siete jóvenes ocurrida en el municipio de Calera, el 7 de julio.
Los militares fueron señalados por familiares y vecinos durante semanas. Los cuerpos fueron hallados con el paso de los días. La Sedena inició la averiguación previa correspondiente.
Los derechos humanos y su aplicación doctrinaria en las aulas y cuarteles de la Defensa Nacional, amenazan con convertirse en una anécdota más de esta y otras administraciones. Descomposición.