Las últimas cifras en materia de violencia advierten un incremento considerable de la incidencia delictiva en el país, en especial en algunos estados. Esta escalada criminal deja de manifiesto el colapso de instituciones para brindar seguridad a la población, que es su principal responsabilidad. 

Los vacíos de autoridad son ocupados por los delincuentes que imponen el terror y la muerte en varias regiones de la nación. No hay orden de gobierno que los frene, los detenga, los someta a la ley y los castigue. Es el reino de la impunidad y el desgobierno. Todos le sacan la vuelta al problema, se avientan el balón unos a otros, mientras que quien pierde es la ciudadanía.

Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) marzo fue el mes más violento del año y del sexenio al perpetrarse 2 mil 20 homicidios dolosos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación. En lo que va del año se han cometido 5 mil 775 homicidios dolosos, según lo que tiene documentado el ministerio público y sistematiza el secretariado ejecutivo del SNSP.

Esta estadística del horror puede evidentemente ser mayor en virtud de la cifra negra de delitos no denunciados, entre la que se incluyen los homicidios. De igual manera, casi todos los días aparecen fosas clandestinas en diferentes partes del país que acumulan vidas perdidas por la delincuencia.

En ese sentido el Informe Especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre Personas Desaparecidas y Fosas Clandestinas en México ilustra como en nuestra nación se acumulan estos lugares del crimen.

De conformidad con el mismo entre el 2007 y 2016 se tienen reportes oficiales de 855 fosas clandestinas en el país, donde fueron exhumados mil 548 cadáveres. En el tema de la desaparición forzada que amerita un artículo especial, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Desaparecidas, se llega casi a las 30 mil personas desaparecidas.

En Marzo los estados de Guerrero con 210 casos de homicidios dolosos, Estado de México con 168, Veracruz con 161, Baja California con 155 y Sinaloa con 128 fueron las entidades federativas con el mayor número de estos crímenes.

A este repunte de los asesinatos se suma el aumento de delitos como el secuestro, el robo y la extorsión, este último ilícito muchas veces no se denuncia por el temor de las víctimas a ser agredidas por los extorsionadores y por la falta de confianza en la autoridad.

La extorsión, también conocida como "cobro de piso", es un delito que cunde como epidemia, pero que ante la crisis de confianza social en las autoridades la gente prefiere callarse, no denunciar y, en ocasiones, incluso cierra su negocio o abandona su ciudad.

Cuando una entidad es incapaz de brindar seguridad a la población, de mantener la paz social y el imperio de la ley se puede hablar de un Estado fallido, aunque el término puede no gustar a algunos, instalados en el oficialismo o en la defensa del status quo donde domina la delincuencia y la criminalidad se ha instalado como un supra poder, ese es el término correcto: Estado fallido.

Toda esta situación de violencia lastima y erosiona la tranquilidad pública, la economía y la vida cotidiana de millones de mexicanos.

Esto no debe continuar, necesitamos recuperar el Estado de Derecho e impulsar gobiernos que si tengan como prioridad restablecer la seguridad y la paz públicas.

México, los estados y sus municipios no pueden seguir tolerando la descomposición y podredumbre política que genera vacíos de autoridad que en estos momentos llena la delincuencia.




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