Cada una de las víctimas de desaparición forzada tiene un nombre, un apellido, una familia, una historia, un perfil genético, el derecho a la vida. Para cada una de ellas la autoridad tiene que desarrollar un protocolo de actuación apegado a estándares internacionales aceptados y convenidos por México, éste deberá ser instrumentado antes de las primeras 72 horas de la ausencia. Procedimientos, protocolos y horas que no se cumplen, mientras esta tragedia humanitaria va en aumento.

 

Según las cifras oficiales hay alrededor de 27 mil personas desparecidas en el país. En Guerrero hay cientos de casos documentados de personas desaparecidas que al haber sido separadas del ámbito legal y de la sociedad en general se encuentran, de hecho, privadas de todos sus derechos y a merced de sus captores.

 

Algunos de los derechos humanos que las desapariciones forzadas violan con regularidad son el derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida; el derecho a una identidad, al libre tránsito; el derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales y sobre todo el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.

 

Este último derecho es la demanda más sensible por parte de las familias, prueba de ello es la tarea que se han propuesto familias enteras por conocer el paradero de sus hijos, padres, madres y parientes formando cuadrillas de búsqueda equipadas con una varilla, pico y pala para la extracción de cuerpos de fosas clandestinas en el estado de Guerrero en los alrededores de Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Acapulco.

 

Cuando hablamos de desapariciones forzadas el panorama se turbia y las violaciones a los derechos humanos se multiplican de manera alarmante. La desaparición forzada se diferencia del secuestro en que quien lo comente es una autoridad, o alguien que actúa con su aquiescencia, y en que además se niega el paradero de la persona, y se les mantiene en un status de incertidumbre a las familias y seres queridos que no tienen conocimiento del destino de la persona desaparecida. Al igual que el delito de tortura es imprescriptible.

 

Por estos delitos, México, fue objeto de 14 recomendaciones por parte de la ONU que, entre otras cuestiones, sugiere la implementación de mejores prácticas forenses o la creación de bancos con información genética, aunque una de ellas, la número cinco coincide con la que los familiares de desaparecidos han sostenido a los largo de años: dar con el paradero de las víctimas o sus restos.

 

Para el Gobierno Federal, el caso Iguala donde se perpetró la cruenta desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, representa un tema que le urge cerrar, aunque nunca se encuentre la verdad y no se castigue a los responsables. Sin embargo ha sido la lucha de los padres y la solidaridad nacional e internacional de ciudadanos y organismos de derechos humanos la que ha impedido que este caso quede en el olvido la lucha de los padres y la solidaridad nacional e internacional de ciudadanos y organismos de derechos humanos la que ha impedido que este caso quede en el olvido y en la impunidad.

 

La Asamblea de las Naciones Unidas ha declarado el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, por ello, en el Congreso de Guerrero, la Comisión Especial del caso Iguala-Ayotzinapa, a propuesta de diferentes colectivos de familiares de desaparecidos en la entidad, acordó con ellos que el recinto del Poder Legislativo local sea la sede para la realización del primero Foro sobre Desaparecidos “Entre el dolor y la esperanza: la lucha por la presentación con vida de los desaparecidos en Guerrero”.

 

Para la realización de este evento fue necesaria la convergencia de organizaciones sociales que, unidos bajo la premisa de dar con el paradero de sus familiares, han decidido que el caso de cada guerrerense y mexicano en situación de desaparición no caiga en el olvido ni en la impunidad. Participan familiares y representantes de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, de los desaparecidos en Chilapa, Acapulco, Iguala, Ciencia Forense Ciudadana, entre otras organizaciones enfocadas a la aparición con vida de los desaparecidos, a la búsqueda de la verdad y el castigo a los responsables.

 

Es urgente reconocer y combatir la epidemia de desapariciones forzadas que vive México y, en particular, el estado de Guerrero. Es fundamental escuchar el testimonio de las familiares de las víctimas de esta realidad innegable por la que atravesamos como sociedad y que no nos exenta de padecer un doble crimen, el de los autores materiales e intelectuales por un lado y el otro, la indolencia sistémica del aparato gubernamental. La sociedad debe mostrarse solidaria y empujar acciones conjuntas para erradicar este terrible mal.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

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