En esta tercera entrega (ver I y II) analizamos las sesiones más álgidas en el pleno de la Asamblea Constituyente en las cuales el debate sobre el derecho a la vida y la defensa de los derechos reproductivos ya ganados ocuparon gran parte de las energías de los asambleístas. Como ya señalamos, los principios de progresividad y no regresividad jugaron un papel clave (en la Constitución publicada el artículo 70 se vuelve fundamental).

De las sesiones del pleno destinadas a discutir el Dictamen de la Comisión Carta de Derechos, nos concentramos en las del 4 y 29 de enero porque en ellas la disputa por los derechos reproductivos fue intensa, básicamente inscrita en debates sobre la autodeterminación personal, el derecho a la vida y la vida digna.

Asambleístas de diversos grupos parlamentarios como Marcela Lagarde, Clara Jusidman, Olga Sánchez, Gabriela Rodríguez, Lol Kin Castañeda, Esthela Damián, Katia D´Artigues, entre otras, impulsaron la transversalidad de género y el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres ya ganados, a la vez que formaron un grupo importante para preservar el principio pro elección e impedir la inclusión del derecho a la vida desde el momento de la concepción, apelando al principio de no regresividad. Por su parte, los asambleístas de otros partidos, cercanos a posiciones en defensa de la vida (Provida), buscaron de diferentes maneras y en innumerables ocasiones, colocar el derecho a la vida como eje rector (y absoluto) de los demás derechos.

El procedimiento de la discusión en el pleno era el siguiente. Cada artículo se discutía en lo general, se presentaba la propuesta en términos del dictamen y se sometía al pleno si se admitía a discusión. Se iniciaba la ronda de oradores y se determinaba si estaba suficientemente discutido; desahogado esto, o en caso de no haber oradores en contra, se pasaba a votación con los numerales no reservados.

Una de las principales estrategias de los asambleístas cercanos a la derecha (principalmente del PAN, PRI y PVEM) era participar en la discusión en lo general y llevarla a un posicionamiento particular. Asimismo, solicitaban la palabra aduciendo alusiones personales, para hacer preguntas al orador o plantear mociones de procedimiento (el PAN estaba más atento del procedimiento a fin de acusar parcialidad en el proceso). De igual forma, en la presentación de varias de sus reservas sobre diversos artículos, utilizaban el momento para hacer mención o explayarse sobre el derecho a la vida.

Con ello rompían el procedimiento y buscaban que se abriera el debate sobre el tema. Se requería de la aprobación de la mitad más uno de los asambleístas presentes para someter a discusión las propuestas. Lo mismo ocurría con las reservas, si eran aprobadas se incorporaban al cuerpo del texto, pero en caso de que no se admitieran a discusión o no alcanzaran la mayoría calificada en la votación (dos terceras partes de los diputados presentes), eran desechadas.

Varios asambleístas buscaron la manera de abrir la discusión sobre la necesidad de incorporar en el artículo 11 del Dictamen el derecho a la vida, afirmando siempre que no contravenía el derecho a la autodeterminación ni hacía retroceder los derechos ya ganados en la Ciudad de México, particularmente la ILE. Ante el escenario inédito de discutir el derecho a la vida en un contexto de liberalización de las leyes sobre el aborto –recordemos que existe la ILE en la Ciudad de México desde el 24 de abril de 2007–, defendían su postura tratando de mostrarse respetuosos de las leyes. Lo que resultó muy difícil y fue múltiples veces evidenciado por los adversarios asambleístas. Por ejemplo, Roberto López (PRD) y Gabriela Rodríguez (Morena) en la sesión del 4 de enero le señalan a Yolanda de la Torre (PRI) los cambios que su grupo parlamentario hizo en el pleno al dictamen acordado. Rodríguez denunció sistemáticamente tanto en la sesión del 4 como en la del 29 la criminalización de las mujeres en diferentes estados del país a partir de incorporar el derecho a la vida en las constituciones. Con ello introducía la duda sobre la aparente inocua postura de varios partidos por introducir dicho derecho, sin pretender penalizar a las mujeres de nuevo.

En la sesión del 4 de enero la tónica por parte de los asambleístas progresistas fue sostener una postura negativa ante la posibilidad de volver a discutir estos temas –los cuáles habían sido tratados ampliamente en la Comisión– señalando que se encontraban en el momento de la discusión “en lo general” del artículo 11, reenmarcando la situación y votando por no discutir y desechar las reservas (en la Constitución ya publicada el tema de la autodeterminación quedaría en el artículo 6.A.1. “Toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad”).

En la sesión del 29 de enero, en la que se discutió una reserva al artículo 14 apartado A del Dictamen, sobre el tema de la vida digna inscrita en la temática más general de “Ciudad Solidaria” se volvió a discutir sobre la necesidad de incorporar el derecho a la vida. La discusión en el pleno del 29 de enero es el escenario en donde se puede observar con gran claridad las estrategias argumentativas de los grupos cercanos a posiciones Provida y su nuevo intento, ahora en un lugar muy diferente dentro de la “topografía constitucional” (término utilizado por Olga Sánchez Cordero), por colocar el derecho a la vida como un derecho absoluto, por encima del derecho a una vida digna. En esta ocasión también se desecharon los intentos, denunciando intereses escondidos como el de incorporar la defensa de la vida desde el momento de la concepción, buscando hacer regresivos los derechos y evidenciando que el derecho a la vida digna tenía que ver con eliminar la desigualdad estructural en la ciudad, con abordar el tema de la solidaridad (asambleístas Lagarde y Bátiz, 29 de enero de 2017). En la Constitución publicada el artículo se convierte en el 9. A.

En el breve recorrido planteado aquí se puede apreciar cómo la estrategia consistió en no discutir de frente ciertos tópicos como el de los derechos sexuales y reproductivos o el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sino tratar de colocar el derecho a la vida a través de lugares menos evidentes, como en el artículo dedicado a la Ciudad Solidaria. Estrategia que no rendiría frutos.

@institutomora

Dra. Alicia Márquez Murrieta

Profesora-Investigadora del Instituto Mora. Doctora en Sociología por el Centro de Estudios de los Movimientos Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Miembro del SNI. Ha trabajado desde hace varios años sobre el tema del aborto como problema público. En 2013 publicó el libro El aborto en México del siglo XXI. Acontecimiento y problema público en el Caso Paulina: de víctima a protagonistaamarquez@institutomora.edu.mx

Ismael Ruiz Ramos

Pasante de Licenciatura en Lengua y Literatura de Hispanoamérica, Universidad Autónoma de Baja California. Es becario en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha sido responsable de Información y Prensa en El Colegio de la Frontera Norte, redactor en la agencia de información Cuatro Comunicación y reportero en medios locales de Tijuana, Baja California. ruiz.ramos.ismael@gmail.com

 





Debe iniciar sesión para poder enviar información

Debe iniciar sesión para poder enviar información