Las instituciones policiales en Me´xico se han caracterizado ma´s por la implementacio´n de poli´ticas orientadas a la mano dura y la aplicacio´n de estrategias reactivas y punitivas. Si a esto sumamos la escasez de normas especiales que incluya reglamentos y manuales de procedimiento, asi´ como los programas de entrenamiento y poli´ticas sobre uso de la fuerza policial necesarios, no debe sorprendernos que en nuestro país la policía siga violando de manera reiterada los derechos humanos.

 

Si bien es cierto que en fechas recientes se ha avanzado, con bastante lentitud, en la elaboración y promulgación de leyes relativas al uso de la fuerza policial, también es cierto que la promulgación de las leyes no garantiza que se implementen de manera ágil o en lo absoluto. Esto debe de ir acompañado del adecuado adiestramiento, capacitación y entrenamiento de las fuerzas policiacas. Se requiere una cultura de respeto a los derechos humanos. La efectividad policial no va reñida con esta nueva conceptualización del uso de la fuerza.

 

Basta hacer un ejercicio de memoria bastante sencillo, para recordar graves ejemplos que ilustran las violaciones que pueden ocurrir cuando las fuerzas policiacas no cuentan con los protocolos necesarios para desarrollar sus tareas, de manera eficiente pero con respeto a quienes son sometidos a ellas.

 

Teniendo en cuenta que una accio´n de fuerza por lo general implica, a lo menos, la restriccio´n temporal o suspensio´n del ejercicio de algu´n derecho sin que haya mediado la intervención previa de un o´rgano de cara´cter jurisdiccional, por tanto, los diferentes niveles de uso de la fuerza deben evaluarse y aplicarse conforme a las situaciones que requieran su aplicación.

 

Para ello se deben tomar en cuenta al menos tres componentes que pueden ser considerados como los principios para un correcto uso de la fuerza: El principio de oportunidad, que establece que la fuerza debe utilizarse en el momento adecuado; el principio de proporcionalidad, para que el tipo y cantidad de fuerza sean los estrictamente necesarios y; el principio de responsabilidad del funcionario pu´blico que la utiliza.

 

Regular el uso de la fuerza policial no es una tarea sencilla debido a la diversidad de situaciones a las que se puede enfrentar el polici´a en el momento en que sea justificable (o no) su utilizacio´n, asi´ como a la diversidad de variables en esas situaciones.

 

Como bien sabemos, nuestro país no es ajeno a las graves consecuencias que produce el uso de la fuerza mal empleado. A partir del sexenio de Felipe Calderón y con la militarización de las calles, el uso de la fuerza dio pie a múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y las policías de todos los niveles de gobierno.

 

Recientemente podemos recordar la represión en contra de pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, el 9 de julio de 2014, que costara la vida de un niño de 12 años de nombre José Luis Tehuatlie Tamayo, sin que ese caso recibiera justicia hasta el día de hoy, ni los policías que participaron en el operativo fueran sancionados y llevados a la justicia, a pesar de que sus acciones dejaran más de 40 lesionados, con al menos 4 casos de gravedad. La rendición de cuentas por parte de los funcionarios que aplican la fuerza de manera excesiva tampoco es una realidad en nuestro país.

 

Recordamos también la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de 6 personas más, cometidos en Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en donde se tiene evidencia clara de la participación de las fuerzas públicas de todos los niveles de gobierno; o las múltiples detenciones con uso excesivo de la fuerza que realizara tanto la Policía Federal como la Policía Capitalina en contra de manifestantes que salieron a las calles a protestar por la desaparición de los normalistas en la ciudad de México durante el año 2014 y este 2015.

 

Por último, en una lista no exhaustiva, también debemos recordar lo sucedido el pasado 11 de noviembre, cuando las policías nuevamente incurrieron en uso excesivo de la fuerza contra estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en tramo Chilpancingo-Tixtla, deteniéndoles sin protocolos adecuados y violando nuevamente sus derechos humanos.

 

En todos estos casos, existió un uso desproporcionado de la fuerza pública, que demostró que el Estado mexicano no cuenta con los estándares mínimos para el ejercicio de la actividad policial y refuerza la urgencia de que los estados que cuentan con ordenamientos al respecto que agilicen su implementación, y aquellos que aún tienen pendiente esta tarea puedan legislar al respecto con urgencia.

 

En un país polarizado como el nuestro, que vive constantemente movilizaciones sociales de protesta contra políticas de gobierno ya sean federales, estatales y municipales, es urgente capacitar a las policías para que sepan distinguir y actuar conforme se requiera.

 

En los momentos ríspidos de las protestas sociales existe una delgada línea que separa los actos de legítima protesta de los actos delictivos, se vuelve cada vez más necesario que las fuerzas policiacas de todos los niveles sepan aplicar los protocolos de detención adecuados, contra las personas correctas, en el momento preciso, respetando los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos.

 



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