La gravedad de la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país hace necesaria una respuesta no convencional para enfrentar la crisis de credibilidad en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.

 

El caso Ayotzinapa ha sido, por la dimensión de la brutalidad que entraña, el catalizador del descontento social y de la pérdida de confianza ciudadana. Urgen medidas eficaces y audaces para resolver las violaciones graves a los derechos humanos que agravian al país, conocer la verdad de los hechos y castigar con todo el peso de la ley a los responsables.

 

Es indispensable, en consecuencia, impulsar dos acciones contundentes al respecto, que deben contar con el aval y anuencia del propio gobierno federal, si es que tiene la decisión de acabar con la impunidad: La creación de una Comisión de la Verdad, en el ámbito federal y otra en el ámbito local, y el nombramiento de un Fiscal Internacional que cuente con la coadyuvancia de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la propia CNDH, cuyas pesquisas debería hacer suyas el ministerio público. Por razones de espacio me abocaré al tema de la Comisión de la Verdad.

 

Todas las víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada tienen derecho a la verdad. Esta premisa, tan fuerte como compleja, se relaciona a nuestra historia reciente de una manera en la que jamás llegamos a pensar.

 

México avanza a pasos agigantados, pero no rumbo a una armonización conforme a los criterios internacionales en materia de derechos humanos, sino a violentarlos de manera sistemática en todo el territorio nacional, lo que se ha demostrado con la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa pero, además, con las fosas comunes descubiertas durante la investigación de ese caso, con los aumentos de feminicidios en entidades como Puebla y Estado de México y con la ola de violencia en contra de periodistas, dirigentes de movimientos sociales y personas defensoras de derechos humanos, entre otros.

 

Todos estos delitos hablan respecto a asuntos muy graves que tienen por sujeto común a sectores específicos o disidentes, o que son perpetrados con fines de censura, ante este tipo de delitos el derecho a la verdad es el único remedio posible para mitigar el dolor de las víctimas directas e indirectas, para acabar con la impunidad, reconstruir la armonía social y fortalecer instituciones que cuenten ahora con credibilidad.

 

En este sentido, para más de 30 países se han creado comisiones de la verdad: Organismos de investigación oficiales, temporales, no judiciales, encargados de indagar sobre una constante de abusos contra los derechos humanos, incluidos los crímenes contra el derecho internacional, y de determinar la verdad. La mayoría concluye su trabajo con un informe final en el que se recogen los resultados de la investigación y se formulan recomendaciones.

 

En América Latina se ha logrado esclarecer delitos contra la humanidad gracias a este tipo de comisiones, como en los casos que se mencionan a continuación:

 

• Argentina (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, 1983)

 

• Bolivia (Comisión Nacional de Investigación de Desaparecidos Forzados, 1982)

 

• Ecuador (Comisión "Verdad y Justicia", 1996; Comisión de la Verdad, 2007)

 

• El Salvador (Comisión de la Verdad, 1992)

 

• Guatemala (Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia que han Causado Sufrimientos a la Población Guatemalteca, 1997)

 

• Panamá (Comisión de la Verdad, 2001)

 

• Paraguay (Comisión de la Verdad y la Justicia, 2003)

 

• Perú (Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2000)

 

• Uruguay (Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la Motivaron, 1985, y Comisión para la Paz, 2000).

 

Obtener la verdad sobre los crímenes es vital para que las víctimas directas e indirectas conozcan todo aquello relacionado con los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron a fin de que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

 

También lo es para que los familiares, especialmente de víctimas de homicidio o de personas desaparecidas, averigüen qué les ocurrió a sus seres queridos y conozcan su paradero.

 

Además, el ejercicio pleno del derecho a la verdad permite que la sociedad afectada -porque este tipo de delitos afecta a toda la comunidad en la que ocurren- pueda conocer los hechos y colaborar en conjunto para garantizar que los mismos no se repitan y así lograr que la experiencia colectiva incluya también la preservación de la memoria de las víctimas.

 

Si bien es cierto que el caso de los 43 normalistas ha puesto los reflectores sobre los delitos contra la humanidad que se cometen en México, es de suma importancia recordar que no son las únicas víctimas y que todas aquellas que han denunciado y las que no, por temor a las autoridades, también tienen derecho a la verdad.

 

Falta un largo camino por recorrer y aún existen pendientes legislativos federales y estatales encaminados a sentar las bases para erradicar y sancionar adecuadamente estos delitos que se siguen cometiendo con absoluta impunidad en México, mientras en otras latitudes de América Latina se han dado grandes pasos para su reparación y no repetición.

 

En un país en donde se han cometido crímenes contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como es el caso de México, una comisión de la verdad es indispensable para centrar su atención en las víctimas y defender su derecho  a la verdad, justicia y una reparación plena. Por estas razones, en sus respectivos ámbitos de competencia, tanto federal como local, Movimiento Ciudadano ha  propuesto legislar sobre la creación de Comisiones de la Verdad.

 

Veremos si existe voluntad política del régimen en este tema, junto con el del nombramiento de un Fiscal Internacional. De no haberla es claro que al gobierno federal no le interesa la verdad sino sepultarla con una investigación que no le resulte incomoda a sus intereses.

 



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