Desde hace ya algunos años se ha venido señalando por diversos actores la problemática y los retos que enfrenta el sistema político-electoral por la utilización de medios electrónicos, en particular del Internet.

 

Para los medios tradicionales (radio y televisión) ya existe desde el 2007 una legislación que busca establecer cierto control sobre el número de spots pautados por candidatos y partidos políticos, la fecha, hora y lugares de transmisión, y la calidad técnica de los materiales.

 

La lógica del actual modelo de comunicación política parte de generar un acceso equitativo a los medios de comunicación a través de la distribución de los tiempos oficiales entre los partidos políticos en función de su fuerza electoral, incluyendo un espacio para todos los candidatos independientes.

 

El tiempo disponible para partidos y candidatos se incrementa drásticamente en tiempos electorales, y se “normaliza” fuera del periodo comicial. Ello ha generado constantes reclamos de las audiencias por la saturación de mensajes, y de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión por los espacios que deben ceder para los tiempos oficiales, y que dejan de comercializar para sus empresas.

 

Sin embargo,  es evidente que los medios de información y entretenimiento basados en el Internet, cada vez más van desplazando a la radio y a la televisión convencional. A diferencia del sistema de comunicación política rígido y saturado de spots, las redes sociales y otros medios en Internet permiten la participación activa de las audiencias, y posibilitan un diálogo constante y formas diferentes de comunicación.

 

Los criterios del Tribunal Electoral

 

Hasta ahora, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que el acceso a las redes sociales como “YouTube” y a otras páginas “personales” requieren el interés por parte de los usuarios registrados, y por ello lo que ahí se difunda no puede ser considerado como propaganda electoral.

 

Asimismo el Tribunal Electoral ha reconocido que debido a las características de las redes sociales, las autoridades electorales deben privilegiar la libre y genuina interacción entre los usuarios. De ahí que la exteriorización de opiniones sobre partidos, candidatos o alguna plataforma ideológica debe gozar la presunción de ser un actuar espontáneo propio de las redes sociales, y estar ampliamente protegida al tratarse del ejercicio de la libertad de expresión e información.   

 

Recién la semana pasada, la Sala Superior conoció del caso de un magistrado del Tribunal Electoral de Quintana Roo que fue sancionado por la Contraloría Interna, ya que desde su perfil personal de “Facebook” emitió opiniones que a juicio de la Contraloría ponían en riesgo su imparcialidad y el respecto para con el poder Ejecutivo del estado, y ejercían presión para evitar el despido de un familiar.

 

El Tribunal Electoral conoció excepcionalmente del asunto, al estimar que no se trataba solamente de una responsabilidad administrativa competencia del órgano de control, sino que la sanción trascendía a la libertad de expresión y al derecho de integrar un órgano electoral. De ahí que las y los magistrados determinaran por unanimidad revocar la sanción aplicada por la Contraloría Interna del Tribunal Electoral de Quintana Roo, al estimar que las manifestaciones del magistrado se realizaron al amparo de la libertad de expresión.

 

¿Usted cree en la encuestas?

 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que cualquier persona que solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales deberá entregar copia del estudio completo al INE, ajustándose a los criterios generales de carácter científico que al efecto emita esa institución.

 

Lo que parece, y de hecho es una intromisión de una autoridad administrativa en el trabajo de las empresas encuestadoras tiene una lógica muy clara: evitar distorsiones informativas que afecten la equidad de la contienda. Ello porque las encuestas tienen relevancia en la vida pública, y por lo tanto, pueden  o no influir en las decisiones que adopta un ciudadano al acudir a las urnas.

 

Entonces, si el sistema electoral busca controlar y regular los contenidos político-electorales que se difundan a través de la radio, la televisión y las encuestas; ¿por qué no el Internet?

 

Las elecciones presidenciales norteamericanas sorprendieron al mundo no solamente por la elección de Donald Trump, sino también por lo que parece ser una intromisión extranjera en las elecciones de ese país a través del Internet. Según las agencias de investigación norteamericanas (FBI) el modus operandi de los infractores consistió en enviar mensajes de correo y en redes sociales con mensajes maliciosos o con algún “bug” o virus buscando desacreditar a Clinton, y favorecer a Trump.

 

En abril próximo los franceses acudirán a las urnas, y el ministro de Defensa de ese país ya ha hecho públicas sus preocupaciones a partir de información confidencial, de ataques digitales destinados a hacer política e influir sobre la opinión pública.

 

De acuerdo con datos de la OCDE, México se ubica en el cuarto lugar a nivel mundial en el índice de accesibilidad a Internet, lo que significa que 57 de cada 100 ciudadanos tienen acceso a este medio. Es decir, es un medio de comunicación muy importante en nuestro país, y podría ser el vehículo que defina nuestras futuras contiendas electorales.

 

El problema para aplicar una regulación electoral en Internet es que no siempre es posible identificar al infractor, los administradores de las páginas web pueden residir fuera del territorio nacional, y la información se puede replicar infinitamente haciendo prácticamente imposible su eliminación de la red. Estamos pues ante una problemática global que involucra la libertad de expresión, la democracia y la seguridad nacional, y que dados los últimos acontecimientos en Estados Unidos y en Francia, todo ello puede estar a punto de cambiar.

 

@pacozorrilla 

@OpinionLSR


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