Existe una tendencia y posiciones de fondo, más allá de apariencias y coyunturas, para evaluar el costo-beneficio de nuestra democracia. Independientemente de la última crisis económica, derivada de los efectos tóxicos de la reforma fiscal, la baja de los precios del petróleo y de la disminución de su producción -último detonante de esta discusión- hay quienes han cuestionado con seriedad los altos costos y la inversión en la democracia frente a la desigualdad, la inequidad y la pobreza de más de la mitad de la población y los resultados insatisfactorios en términos de buenos gobiernos, funcionarios públicos ejemplares, acceso a la justicia, transparencia y rendición de cuentas, crecimiento económico y desarrollo incluyente.

 

Las distintas evaluaciones sobre el costo de la democracia reconocen las diferencias significativas de éste entre las democracias consolidadas y las que están en transición, lo que también está a debate en nuestro país como acaba de evidenciarse durante la última reforma política que creó al Instituto Nacional de Elecciones (INE), dotándolo de facultades para intervenir bajo determinadas circunstancias en los procesos locales a fin de acotar las prácticas anti democráticas de algunos gobernadores a través del control sobre los institutos electorales así como de nuevos criterios para fijar y sancionar los topes de campaña.

 

De acuerdo con la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales (IFES) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la democracia mexicana es de las más caras del mundo: medida según el costo por voto, sobre un padrón de 83.5 millones de ciudadanos con una participación aproximada del 40%, cada sufragio costó aproximadamente 80 dólares, un costo altísimo en el que sólo nos supera Camboya. Si lo medimos en gasto por partido, lo que han recibido desde 1997 llega a 80,000 millones de pesos en dieciocho años; tan solo en el 2015 la cifra fue de 5,355 millones de pesos, algo así como el 0.25% del gasto total del gobierno federal. 

 

Y con todo, no es posible saber lo que verdaderamente gastan los partidos en cada elección ante la falta de transparencia y las consideraciones bizantinas sobre financiamiento público y privado, de tal manera que existe una  cifra negra que con mucho supera lo que el INE autoriza. Un análisis somero, realizado por Macario Schettino en la revista Forbes en febrero de 2015  sobre el comportamiento del Producto Interno Bruto (PIB) en tiempos electorales, estima que el impacto total de gastos electorales es cercano al 0.3% del PIB, lo que en las últimas elecciones representó más de diez veces el financiamiento del INE.

 

Y si tomamos en cuenta el costo total del proceso electoral, alrededor de 35 mil 86 millones de pesos por la elección del 2015, representa unos 12 mil millones más que el presupuesto para docentes de la UNAM y más de tres veces la reducción al presupuesto de salud luego de los recortes presupuestales del último año. La verdad es que las cifras son impresionantes y escandalosas las comparaciones pero es necesario hacerlas para dimensionar la importancia de racionalizar el gasto electoral en nuestro país.

 

En ese sentido, es de la mayor importancia el análisis de las propuestas para reducir el gasto gubernamental y en particular el financiamiento público que reciben los partidos políticos. La propuesta del Partido Acción Nacional, presentada en la primera sesión de la LXIII Legislatura, incluye reformas a la Constitución y a la Ley General de Partidos Políticos a fin de reducir en un 50% los recursos públicos o prerrogativas. También propone eliminar el financiamiento que reciben de las autoridades locales para evitar duplicidades, ya que el INE destina recursos para este concepto.

 

Por otro lado es indispensable transparentar el gasto partidista, tal y como lo prevén las últimas reformas en materia de transparencia, las cuales luego de una larga lucha y de no pocas resistencias, incluyeron a los partidos políticos como sujetos obligados de fiscalización y rendición de cuentas. Medida indispensable si se considera que el control de cartera es uno de los mecanismos para consolidar nuestra democracia ante el riesgo de inyección de dinero del crimen organizado en los procesos electorales y las carretadas de dinero discrecional que algunos gobernadores le ponen a las campañas para favorecer a sus candidatos, cosa que ya hemos visto.

 

Racionalizar y transparentar el gasto partidista y electoral es una medida de justicia social y de honestidad política esencial para perfeccionar nuestro sistema electoral y consolidar nuestra democracia. Reducir el gasto electoral en un país con más de 50 millones de pobres es un imperativo ético. Tomar decisiones en esta materia debe considerarse una medida urgente y necesaria para responder al desencanto con la democracia de la mayoría de los ciudadanos, de tal manera que la inversión racional que hagamos en la democracia sea directamente proporcional a la estabilidad social y a la normalidad democrática como base de la convivencia justa y pacífica que supone nuestro régimen democrático. 

 

Para quienes argumentan que estos costos de la democracia son necesarios porque es más cara la pérdida de la estabilidad y la paz, habrá que recordarles que, a juzgar por los resultados, aún no vivimos en un país plenamente democrático ni en paz y que estos bienes no son proporcionales al gasto. En definitiva, debemos lograr que nuestra inversión en democracia se traduzca en resultados de Bien Común  para los ciudadanos y que, de acuerdo a la experiencia internacional y a las mejores prácticas democráticas, por ningún motivo sea un bien suntuoso.

 

@MarcoAdame



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