Concluyó el período legislativo sin la aprobación en el Senado de las leyes secundarias del sistema anticorrupción, el mando policial coordinado y el uso medicinal de la mariguana. Estos tres temas acapararon la atención de la opinión pública y publicada e hicieron que otras reformas y logros legislativos pasaran a segundo plano ante la polémica que generan por sí mismos, dada su importancia relativa para el país, la presión de los proponentes y, sobre todo, por la expectativa y el interés sobre su aprobación que tenían diversos sectores de la sociedad.

 

Por distintas razones, cada uno de estos temas acaparó la atención de la población y mereció espacios de deliberación en el Congreso, unos más amplios y profundos y otros hasta forzados por coyunturas mediáticas, protagonismos o agendas particulares de las partes que intervienen en el proceso legislativo.

 

El mando policial coordinado obedece a una necesidad imperiosa en el país puesto que carecemos de un sistema policiaco confiable, toda vez que ha quedado suficientemente demostrada la dispersión de mandos, la ineficacia administrativa y operativa de tantas policías como municipios existen y, sobre todo, la falta de coordinación con los mandos policiales de los distintos órdenes de gobierno, con lo que la debilidad de las instituciones de seguridad es la constante y su vulnerabilidad es el mayor riesgo ante las amenazas e infiltraciones del crimen organizado. 

 

Al momento se han logrado coincidencias respecto a la coordinación que se necesita y han quedado a salvo las atribuciones del orden municipal a fin de preservar aquellas corporaciones y modelos de operación policial que sí funcionan y, al mismo tiempo, fortalecer los eslabones más débiles de la cadena de seguridad. El consenso apunta a legislar sobre un mando coordinado más que un mando único a fin de contar con treinta y dos policías mejor preparadas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y optimizar el uso de los recursos que la sociedad destina a este rubro.

 

En relación al uso y nuevo marco legal de la mariguana, las consultas llegaron a su fin en la víspera de la sesión especial de Naciones Unidas sobre drogas (UNGASS), un encuentro anticipado a la sesión programada para 2019, luego de las sesiones de 1998 y 2009 ante los cambios observados en política de narcóticos en diversas naciones y de nuevos enfoques que pudiesen dejar obsoletos los tratados internacionales en la materia.

 

El debate ha sido intenso y las posiciones de los interesados incisivas; de manera sorprendente, la posición del gobierno federal fue dubitativa y hasta contradictoria al grado que fue pública y notoria la indecisión del presidente Peña y de su gabinete sobre su oposición a una modificación y la propia asistencia a la cumbre especial para las drogas en Naciones Unidas. No faltaron las interpretaciones sobre el cambio sorpresivo del Ejecutivo, lo que no abona a un análisis serio del tema, llegando incluso a interpretar el viraje como de oportunismo electoral a favor del gobierno y su partido ante las elecciones del 5 de junio.

 

Hasta ahora hay un consenso sobre la necesidad de modificar la posición de criminalización y combate de las drogas por el enfoque preventivo, médico y educativo ante el enervante; así lo expresa la iniciativa del presidente al proponer modificaciones como las cantidades de posesión legal y mecanismos de autorización para su uso medicinal. Con todo, el camino aún es muy largo y escabroso, pues nada o muy poco se ha dicho sobre las distintas etapas en la cadena productiva y de distribución de esta y otras drogas, lo que hace temer que una modificación de este tamaño deje el campo abierto a la intervención de los delincuentes para participar con jugosas ganancias en un mercado "legalizado". 

 

Con mucho, la joya de la corona de lo que se ha evaluado como el déficit legislativo es la resistencia del PRI y el Partido Verde a aprobar las leyes secundarias del sistema anticorrupción, en especial la negativa a incluir las siete iniciativas entre las que destaca la llamada ley tres de tres. Al momento no hay argumento que alcance para dejar satisfecha a la opinión pública sobre el porqué de la negativa a una propuesta ciudadana que logró reunir 643,143 firmas, muchas más de las 120,000 que exige la ley para una iniciativa popular. No es el objeto de esta entrega analizar el fondo de la iniciativa, sin embargo, resalta la dilación del Congreso y, en particular, la táctica utilizada por la bancada del PRI y del Verde para arrastrar los pies, llegar al límite del período y luego tratar de cargar culpas a todos los legisladores, en especial al PAN y al PRD que formaron un bloque legislativo para aprobar el paquete completo y asegurar la autonomía del fiscal anticorrupción.

 

Tratando de remediar el entuerto, se ha hablado de un período extraordinario después de las elecciones, incluso se ha especulado sobre la fecha en la segunda quincena de junio. También se ha evidenciado el cambio de posición de algunas de las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la iniciativa. Lo cierto y relevante es que este tema no tiene otro dueño que la ciudadanía, que tampoco sirve ni se agota en apuntalar protagonismos efímeros y que a pesar de las resistencias mostradas no hay cómo detenerlo ante el hartazgo de la sociedad por la corrupción y la impunidad.

 

No hay duda que nuestro país contará más temprano que tarde con un sistema anticorrupción eficaz e independiente y más vale que así sea, antes que el futuro nos alcance y se desborde el ánimo social. Por lo pronto ha quedado expresada con toda claridad la posición del Partido Acción Nacional a favor de un sistema anticorrupción autónomo y dotado de las capacidades institucionales para hacer cumplir la ley y para garantizar la justicia.

 

 

@MarcoAdame 

@OpinionLSR



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