Main logo

De intenciones y consecuencias

El gobierno no termina de salir del laberinto en que se metió con su actuación y respuesta pública ante el caso de Ayotzinapa y los escándalos de las casitas Higa.

Por
Escrito en OPINIÓN el

 

La caída en los índices de popularidad del presidente, los golpes a la imagen de su gobierno, las señales de ingobernabilidad y la publicación de artículos sumamente críticos en la prensa internacional, finalmente obligaron al gobierno del pasmo a dar una respuesta ante los escándalos relacionados con conflictos de interés. Una respuesta tardía, burocrática y para ser francos, insuficiente.

 

El mensaje y las propuestas del presidente pertenecen al mundo de la comunicación social en tiempos de crisis, al cambio de narrativas institucionales y golpes de efecto, pero no al lenguaje de la justificación pública y la rendición de cuentas.

 

La Presidencia juega en el terreno de la confianza ciudadana y en este momento está en bancarrota. Algo que no pueden, no quieren o no les interesa entender. El gobierno se sigue moviendo en el discurso de las intenciones y no en la política de la responsabilidad y las consecuencias.

 

A las graves acusaciones sobre conflictos de interés, lo que a estas alturas suena más a tráfico de influencias y corrupción pura y dura, la Presidencia ofrece la creación de una unidad especializada, protocolos, procedimientos, códigos de ética, ventanillas únicas y la promesa de una ley contra el conflicto de interés. A lo que se añade el nombramiento de Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública.

 

Muchas medidas administrativas a nivel federal. Ausentes elementos muy importantes. Primero, el compromiso presidencial con la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Realmente quieren poner límite a los conflictos de interés? ¿Les interesa establecer un marco institucional más efectivo para combatir la corrupción?

 

Una señal de buena fe ante el cochinero en casa, sería que el presidente asumiera públicamente las recomendaciones que han hecho organizaciones como México Evalúa, IMCO o Transparencia Mexicana e instruyera al PRI a integrarlas al dictamen de la ley anticorrupción que se discute en Congreso.

 

Segundo, una investigación independiente sobre el alcance de los conflictos de interés en el gabinete. ¿Qué funcionarios públicos se han beneficiado de la “generosidad” de Higa? ¿Cuántos contratos ha obtenido esta empresa desde que Enrique Peña Nieto fue gobernador del Estado de México?

 

La pregunta es si el secretario de la Función Pública, subordinado al presidente, y Virgilio Andrade, abiertamente identificado con el PRI tendrán la capacidad y la voluntad para investigar posibles delitos que involucran directamente al presidente y su gabinete. Sin la participación de organizaciones sociales y especialistas que avalen el proceso, nadie va a confiar en la veracidad de los resultados.

 

Tercero, las investigaciones deben ser trasparentes. Algo que ya está en duda ante las primeras declaraciones del secretario Andrade: las investigaciones se centrarán en los contratos otorgados a Higa y no se harán públicas las hipotecas de figuras como la Primera Dama y el secretario de Hacienda, pues esto es información privada.

 

En otras palabras, Hacienda puede exhibir a quienes no pagan sus impuestos, pero la Función Pública no puede hacer públicas las hipotecas de funcionarios públicos cuando involucran posibles conflictos de interés o tráfico de influencias. Hay algo torcido en el sentido de reciprocidad de esta administración.

 

Cuarto, ¿hasta dónde va a llegar la investigación? ¿Qué tipo de sanciones pueden aplicarse? Pensemos que los conflictos de interés involucran a secretarios de Estado, al presidente y su familia. En este punto específico las investigaciones pueden convertirse en un boomerang contra el gobierno. Veo cuatro escenarios:

 

1) Si el resultado arroja que no existieron conflictos de interés u otro tipo de delitos, los cuales son evidentes para todos (a nivel nacional e internacional) menos para el gobierno, la investigación no fue otra cosa que una cortina de humo y una celebración abierta de la impunidad.

 

2) Si la conclusión señala pequeñas multas y amonestaciones administrativas, o inhabilitación de la empresa privada sin sanciones a los funcionarios, estamos ante un reconocimiento público de la existencia de ilícitos pero sin el castigo correspondiente. El mensaje es: “Lo hicieron pero tienen patente de corso”.

 

3) Nuevamente se reconoce la existencia de ilícitos pero se señala que la ley limita el alcance de las sanciones y se señala que por lo mismo se propuso un nuevo marco legal. Para fines del debate público y la percepción ciudadana esto será irrelevante, simplemente las autoridades usaron su cargo impunemente  para obtener beneficios personales.

 

4) La investigación arroja que las autoridades recibieron bienes y créditos de Grupo Higa, los que fueron retribuidos con el otorgamiento de contratos para la realización de obra pública y que los funcionarios involucrados deben ser sancionados administrativa y penalmente. Esto implicaría renuncias y proceder legalmente contra los responsables. El pequeño detalle es que el caso no se limita al secretario de Hacienda y probablemente a otros secretarios de Estado, sino que involucra directamente al presidente Peña Nieto y a su esposa. ¿Van a llegar en este caso “tope donde tope”?

 

El gobierno no termina de salir del laberinto en que se metió con su actuación y respuesta pública ante el caso de Ayotzinapa y los escándalos de las casitas Higa. La Presidencia ofreció una investigación cuyos criterios y compromisos no convencen. Ahora debe entregar resultados.

 

Si la Presidencia quiere recuperar su credibilidad perdida, valdría la pena tener en mente la máxima de Lincoln: “Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo”.

 

@ja_leclercq