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De Informe de gobierno a problema de Estado

Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral.

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Escrito en OPINIÓN el

En el marco de la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, que abarca a ambas Cámaras, el Ejecutivo Federal por conducto del Secretario de Gobernación, presentó el informe de la administración a su cargo, correspondiente al tercer año de Gobierno.

 

Dicho documento contiene las acciones derivadas del Plan Nacional de Desarrollo, como documento rector y generador de políticas públicas, que se auxilia de los Programas Sectoriales de cada Secretaría de Estado, que articulan estas políticas que son impulsadas por el Presupuesto de Egresos.

 

Pasada la expectativa política previa al nombramiento de nuevos titulares en siete Secretarías de Estado y tres áreas sustantivas de la administración pública federal, las circunstancias económicas, -principalmente-, quizás no permitan visualizar el impacto de las once reformas estructurales, sobre todo en lo que concierne a la reforma energética, en cuyo análisis se colocaron altas expectativas para la captación de ingresos y estar en mejores condiciones para hacer frente a la paridad peso -  dólar así como el precio del barril de petróleo.

 

No creo que haya algún servidor público en el Gobierno Federal que tenga deseos que le vaya mal al país y que no ponga sus mejores esfuerzos en producir mejores resultados, sobre todo en política económica y social, que es donde es posible medir su impacto con los documentos rectores arriba citados.

 

El Índice Democrático de los Gobiernos en América Latina que presenta el rotativo The Economist Intelligence Unit[1] coloca a México en el séptimo lugar de un total de veinte, en el que señala algunas vulnerabilidades en libertades políticas y civiles.

 

No obstante lo anterior, la numeralia que presenta el Informe de Gobierno por medio del número de beneficiados de los programas sociales así como las diez acciones presentadas en materia de seguridad, justicia, derechos humanos y desarrollo regional principalmente, pudiera verse opacada por los escándalos que trascienden y es necesario que la clase política los coloque en un plano de autocrítica.

 

Trasciende cuando se trata de libertades políticas y civiles a que se refiere el informe de The Economist, persisten casos que comprometen seriamente la violación de derechos humanos, como Tlatlaya, Ayotzinapa, o Tanhuato, en el que se ven involucrados elementos de alguna corporación de seguridad o de las fuerzas armadas o que hay complicidad en la autoridad para no investigar.

 

Va más allá cuando en países de primer mundo, -a los que aspiramos en los discursos políticos-, nos tienen en un concepto de salvajes, por el grado de crueldad y sanguinario con el que se cometen delitos del alto impacto, sin que el Estado retome las riendas de la seguridad en el país. Prueba de ello son, conservadoramente, los casi 25 mil muertos en lo que va del sexenio.

 

El titular del Ejecutivo Federal mencionó un tibio mea culpa sobre algunos de los acontecimientos citados.

 

Molesta cuando no hay un ejercicio de autocrítica y de reconocimiento a un proceder a todas luces incorrecto o inmoral, como por ejemplo, la licitación del tren México – Querétaro, el escándalo de grupo Higa, la Casa Blanca y Malinalco, la fuga del Chapo, la exoneración del PVEM, los audios de OHL, reporte CONEVAL y los dos millones de personas en pobreza, la impopular designación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte, corrupción en PEMEX y CFE, los Congresos de Puebla, Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas y Baja California que aprobaron leyes antibronco que violan libertades políticas y civiles, etcétera.

 

Es asunto de Estado, cuando intervienen alguno, dos o los tres Poderes en los tres órdenes de gobierno, para consumar u omitir actos constitutivos de violaciones al derecho.

 

En concreto. La suspicacia que genera el informe no es por el contenido del Informe que pareciera que describe otro lugar, como dice la oposición. Es la corrupción e impunidad en las estructuras de los sistemas de justicia, económico, social o de distribución de la riqueza, que se gesta y reproduce en las once reformas estructurales, lo que impide verdaderamente que obtengamos los beneficios de las acciones del informe de gobierno en los sistemas económico y social, -y por extensión-, en el sistema democrático.

 

Twitter: @racevesj

 

[1] Calidad democrática de los gobiernos en América Latina. The Economist Intelligence Unit. Periódico “El País” del 28 de agosto de 2015. Consultado en internet el 31 de agosto de 2015 en Calidad democrática de los gobiernos en América Latina.