Una vez más sólo me queda agradecerle a las autoridades del Estado de México pues nos han dado una gran lección sobre cómo mejorar los índices de efectividad de una institución de procuración de justicia. Asimismo sólo me queda agradecerles porque a partir de dicha lección nos han mostrado cómo el debido proceso y los derechos humanos no son una prioridad en nuestro país para nuestros funcionarios. ¿Cómo consiguieron alcanzar estos resultados? Muy sencillo, el pasado 25 de abril, Fernando Ulises Cárdenas, Director de Litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), apareció en un video en el cual está regañando a colaboradores de la procuraduría por el bajo porcentaje de sentencias condenatorias de imputados en la entidad. En dicho video el funcionario estatal insiste en que lo importante para la PGJEM es la "estadística de efectividad", es decir, cuántos casos se ganan en el poder judicial y que la excusa no puede ser que los agentes del ministerio público no pueden fabricar culpables, cuando eso es algo que siempre ha sucedido en la institución. Incluso para que no quedara duda alguna respecto a dicha aseveración, Fernando Ulises Cárdenas citó casos ocurridos de 2009 a 2014.
En otras palabras, este funcionario da a conocer que las claves para mejorar la efectividad de la PGJEM son los falsos positivos y la construcción de pruebas ad hoc para demostrar su presunta culpabilidad. Lamentablemente, no sólo esto nos permitió corroborar que el debido proceso y los derechos humanos no son una prioridad sino también el silencio por parte del presidente Enrique Peña Nieto -quien gobernó el Estado de México de 2006 a 2012-, del gobernador Eruviel Ávila y del procurador Alejandro Gómez. ¿Acaso no les parece preocupante que se aplique la justicia a modo, que cientos de personas estén purgando penas por delitos que no cometieron sólo porque los funcionarios optaron por tratar de aparentar que la PGJEM es eficiente y para ello construyeron pruebas?
Este silencio y el que las afirmaciones de Fernando Ulises Cárdenas sólo fueran publicadas en algunas notas informativas, permite que nos percatemos que difícilmente la profunda reestructuración que requiere nuestro sistema de justicia será una realidad. Qué podemos esperar si estas afirmaciones que debieron de haber levantado un sinnúmero de quejas de todas las instituciones de procuración y administración de justicia, no levantaron siquiera reclamo alguno.
Ante esta situación me gustaría imaginarme qué pasaría en cualquier país con un verdadero Estado de Derecho, si se presentara algún hecho similar. Por ejemplo, ¿qué sucedería si algún fiscal en algún estado de Estados Unidos afirmase que se construyen culpables y pruebas al interior de dicha institución de justicia? ¿Hasta dónde llegaría el escándalo en torno a los falsos positivos y la creación de pruebas ad hoc? ¿Cuántas liberaciones de personas detenidas se solicitarían y se ejecutarían? ¿Cuántos funcionarios renunciarían y cuántos de ellos serían detenidos y sancionados? Definitivamente me gustaría imaginarme qué sucedería ante tal atropello del debido proceso y de los derechos humanos en los Estados Unidos. Quizás ante la dimensión del problema, inclusive el presidente emitiría algún pronunciamiento oficial y con mayor razón si esto sucediese en la entidad que él gobernó previamente.
Estoy seguro que una noticia de este tipo en cualquier país con un verdadero Estado de Derecho sería un escándalo y a la vez una oportunidad. Sería un escándalo porque pondría en tela de juicio todo el sistema de justicia de un país, desde los casos más conocidos y relevantes, hasta las sanciones y condenas más pequeñas. Mientras que sería una oportunidad porque llevaría a una profunda revisión del sistema de justicia para que se encuentre apegado a derecho y sea respetuoso de los derechos humanos.
Respecto a las afirmaciones de Fernando Ulises Cárdenas creo que no deben ser consideradas como irrefutables, pues muy probablemente muchos ministerios públicos y policías ministeriales de la entidad hicieron un trabajo exhaustivo en tratar de brindar acceso a la justicia a las víctimas. Sin embargo, ello no debe restarles importancia pues son un reflejo de la percepción de los funcionarios sobre el proceso de justicia y respecto al tipo de presión ejercen los mandos sobre los colaboradores de la institución.
Desde esta perspectiva, las afirmaciones de este funcionario del Estado de México se pueden considerar como la cristalización del por qué los ciudadanos no confiamos en los procesos de justicia; del por qué tenemos una cifra negra[1] promedio de 92.8% de 2010 a 2014 de todos los delitos cometidos; del por qué participamos, toleramos o justificamos la corrupción como forma de enfrentar los procesos judiciales, de por qué afirmamos que en México no hay justicia. Finalmente, estas aseveraciones evidencian por qué en nuestro país no existe un verdadero Estado de Derecho.
Las autoridades del Estado de México y las de procuración de justicia de todo el país deben aprovechar este momento para relanzar una campaña de sensibilización acerca de la importancia del debido proceso y el respeto a los derechos humanos; capacitar y profesionalizar a los servidores públicos entorno a los protocolos de actuación y las normas en cada una de las materias; generar espacios de observación y supervisión ciudadana en los procesos de acceso a la justicia; generar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para que la sociedad cuente con una explicación respecto a cómo y por qué el Estado responde de determinada manera frente a las problemáticas de seguridad y justicia.
Mientras que como sociedad debemos tomar lo sucedido en el Estado de México como una oportunidad para discutir y acordar cuál debe ser el indicador para evaluar una procuraduría, la labor de un ministerio público; cómo trascender la mera evaluación cuantitativa que incentiva que las autoridades prefieran bajo cualquier circunstancia las sentencias condenatorias por encima de los debidos procesos. Ante la crisis de seguridad humana que enfrenta nuestro país es fundamental que trabajemos para que cada una de las personas que vive en este país comprenda que una autoridad que viola los derechos humanos y el debido proceso, no respeta nada y no permite el acceso a la justicia.
Debemos exigir no sólo una sanción para aquellos funcionarios que han fabricado culpables y para quienes sabiendo de la existencia de estas prácticas, toleraron la situación y callaron, sino que también debe prevalecer una investigación profunda apegada a derecho. Se necesita tener plena certeza sobre cada inocente que se encuentra preso debido a las pruebas construidas por los funcionarios de la PGJEM para tratar de repararles el daño correspondiente. Si este video es la evidencia de la crisis en el sistema de justicia del país y la violación sistemática a los derechos humanos, la respuesta oficial y social debe ir encaminada a mostrar cómo el apego a derecho y el debido proceso son la clave para generar seguridad y justicia.
Ante lo sucedido sólo me queda darle nuevamente las gracias a las autoridades del Estado de México por convocarnos en favor del debido proceso. Gracias por evidenciar que el debido proceso y los derechos humanos no son prioridades para diversas autoridades de procuración de justicia en México. Gracias por abrirnos los ojos respecto a cómo se mejora la efectividad de las instituciones de procuración de justicia mediante los falsos positivos y la construcción de pruebas ad hoc. No me sorprende que esta situación se haya presentado en la PGJEM, una institución en la cual se ha rechazado la colaboración constructiva con la sociedad civil para fortalecer la procuración de justicia, el registro y sistematización de información estadística así como la cultura de la legalidad.
Espero que este llamado de atención sirva para entender que urge un cambio, que con sistemas de transparencia y cooperación con la ciudadanía, es posible erradicar la corrupción y el abuso. Espero que cada una de las autoridades aprenda que los tiempos han cambiado, que hay una sociedad civil atenta que no permitirá que haya más inocentes purgando sentencias, actos de tortura, denigración de la persona, sea esta quien sea.
[1] La cifra negra equivale a los delitos no denunciados y en los cuales las autoridades ni iniciaron averiguación previa alguna.