La cuenta pública es el documento final en el que el gobierno reporta los ingresos y el ejercicio del gasto federal durante un año. En el documento se explica y documenta la manera en la que se administró la hacienda pública, las decisiones que se tomaron durante el año en materia de gasto, ingresos y deuda. En general, la cuenta pública en México permite conocer lo fundamental de la evolución ingreso-gasto federal, pero existen problemas serios en cuanto a su oportunidad, al nivel de las explicaciones que se ofrecen y en general, en el monitoreo presupuestal durante el año fiscal. De hecho, los datos de la cuenta pública que se presentan el 30 de abril, ya los conocíamos desde el cuarto informe trimestral de finanzas que se da a conocer en febrero. Es más, no existe una razón técnica solida por la que la cuenta en realidad se entregue en febrero, lo que haría el proceso de fiscalización del gasto más expedito. Los informes trimestrales ofrecen valiosa información de lo que sucede durante el año, pero es parcial, debido a que no son mecanismos formales de rendición de cuentas (la Auditoría Superior de la Federación solo analiza el informe de análisis financiero, no el trimestral), las decisiones importantes de gasto se conocen hasta el cuarto informe.

Aun cuando la SHCP inició un proceso para ofrecer información de datos abiertos en varios programas de gobierno, la cuenta y el presupuesto no se publica en línea a nivel de la partida, lo que dificulta comparar las prioridades. Si uno realiza ese nivel de análisis uno puede conocer, por ejemplo, que los gastos de la obscura partida de “gastos de seguridad pública y nacional” fue de 8,683 mdp mayor de la autorizada y la de “servicios de comunicación social y publicidad” 4,592 mdp más de lo aprobado. Lo peor es que se trata de una tendencia que se confirma año con año, en ambas partidas. El gasto de la Marina fue de 4,700 millones más de lo aprobado, el de la Presidencia de la República 1,627 mdp más de lo autorizado y el del ramo de Gobernación 15,700 millones de más. En general, año con año el presupuesto ejercido no se parece al aprobado y las explicaciones de cambios de miles de millones de pesos, no alcanzan a ser de un párrafo. La cuenta pública sirve para registrar el gasto, no para dar cuenta de lo que se hace con el mismo.

De la lectura de la cuenta, uno encuentra que el gobierno no respeta las prioridades establecidas en el Congreso.  Por ejemplo, durante el ejercicio se enviaron a fideicomisos 122 mil mdp más de lo aprobado en el presupuesto y se redujo el monto designado a la inversión en casi 30 mil mdp. Es decir, el gobierno en lugar de impulsar la economía con inversión pública, decidió guardar el dinero y castigar a la inversión. El gobierno pudo disponer de 613 mil mdp, algo así como 3.3% del PIB en exceso, por el dinero que le transfirió el Banco de México por el remanente y por tener ingresos mayores a los estimados, como los que se derivan de la renta y de los impuestos especiales a las gasolinas. Es verdad que el uso del remanente tiene reglas, pero también que una vez alcanzada la meta de déficit, deja un amplio margen de acción. En la cuenta pública es imposible relacionar los incrementos de gasto con las fuentes de ingresos adicionales, como no se pueden conocer los famosos proyectos de alto impacto que no se contabilizan en el déficit.


Podemos decir que la cuenta pública que presenta el gobierno, es un ejercicio todavía deficiente de rendición de cuentas sobre lo que hace con los ingresos y el gasto.

Son varias las acciones que se tienen que tomar para mejorar el monitoreo del gasto y reducir los márgenes de discrecionalidad del gobierno federal. Una, es legislar para reducir las atribuciones de la Secretaría de Hacienda para realizar cambios al presupuesto sin aprobación legislativa. Otra, es mejorar el sistema de reporte para que parte del mismo sea en línea y que la Auditoría Superior de la Federación analice y emita opinión de los informes trimestrales. Una más, es que expertos e instituciones independientes ayuden a que las estimaciones con base a las cuales se estiman las variables presupuestales, sean más razonables, no parte de una estrategia para que las autoridades hacendarias cuenten con amplios márgenes de acción durante el ejercicio. Uno más, es que contemos una oficina de presupuesto, con las facultades y las capacidades necesarias para realizar un escrutinio profundo a la información que surge de las finanzas públicas y generar un círculo virtuoso para mejorar la calidad y la oportunidad de la información. Por lo pronto podemos decir que la cuenta pública que presenta el gobierno, es un ejercicio todavía deficiente de rendición de cuentas sobre lo que hace con los ingresos y el gasto.

@vidallerenas

@OpinionLSR




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