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Cuarto Informe, números rojos

Hablar de una especie de misión cumplida sonaría casi a traición.

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Escrito en OPINIÓN el

Los saldos del peñismo en su antepenúltimo año de gobierno son devastadores. La agenda de la seguridad interior a la que tanto despreció y que intentó mantener en bajo perfil, terminó rebasando todas las capacidades y formas de respuesta de su gobierno y exhibiendo la impreparación de un mandatario con estatura insuficiente para el reto de sacar adelante a un país dominado por la corrupción y el engaño.

 

Espacios perdidos, zonas y regiones, estados que están de nuevo en manos del crimen organizado; homicidios que superan la sangría heredada de la guerra sin pies ni cabeza del calderonismo.

 

Militarización desgastante y sin mayores resultados concretos que la atomización de los cárteles, el surgimiento de nuevas organizaciones criminales, su desplazamiento hacia otros puntos para crear más polos delictivos y una cadena de abusos y violaciones de todo tipo por parte del personal militar, naval y de la Policía Federal marcan irremediablemente la rendición de cuentas de un presidente que en materia de seguridad y manejo de crisis política y social no alcanza tampoco a hacer un buen copy-paste de otras estrategias exitosas o emergentes en el planeta para enfrentar la crisis de inseguridad que vive el país bajo su gobierno.

 

Cifras oficiales, estadísticas de organismos civiles, investigaciones periodísticas y reportes de centros de investigación continúan revelando la magnitud del desplome.

 

La publicación Reporte Índigo documentó hace unos días, por ejemplo, la escandalosa caída en el aseguramiento de armas por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), que en 2009 registraba poco más de 98 mil pistolas, rifles, ametralladoras, granadas, lanzacohetes, minas, morteros incautados en centenares de operaciones efectuadas contra el crimen organizado.

 

Hoy, la cifra de armas aseguradas no llega a las 10 mil piezas. Algo similar ocurre con la Marina, que entiempo de Calderón se ufanó de llevar casi 37 toneladas de cocaína aseguradas en recintos portuarios y en operaciones marítimas y alrededor de 200 toneladas de mariguana localizadas y destruidas en varios puntos del país.

 

Hoy, los marinos no llegan a las 10 toneladas de cocaína incautadas desde que inició el gobierno de Peña Nieto, esto pese al esfuerzo naval y a la muy estrecha colaboración que con sus pares de los Estados Unidos mantienen desde finales de 2011, que les ha redituado la captura de 5, 040 kilogramos de cocaína tan solo en este 2016 (contra las 2 toneladas y media aseguradas desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2015).

 

La Armada de México, por ejemplo, va delante de la Sedena en cuanto a Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sumando 13 desde el 2013 por casos graves.

 

La Sedena lleva 6 Recomendaciones en este sexenio y ambas dependencias llevan una más de tipo General -junto con otras dependencias- por abusos contra defensores de derechos humanos y por atentar contra la libertad de expresión de los comunicadores. La cuenta va entonces 14 Recomendaciones para la Marina y 7 para la Sedena en el cuarto año de la administración peñista.

 

Los recuentos de diversos medios de comunicación nacionales elevan la cifra de homicidios y desaparecidos en el actual gobierno e incluso, advierten que las ejecuciones con Peña Nieto superaron las ocurridas en el sexenio anterior.

 

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas Desaparecidas (RNPED) señaló hace unas semanas que del año 2013 al mes de abril de este año, desaparecieron en el país 13 mil 156 personas.

 

Esta cifra es mayor en 72 casos y es reveladora del tamaño del desorden que se vive en materia de seguridad, ya que en todo el sexenio de Calderón se registraron 13 mil 084 desapariciones y en menos de cuatro de gobierno priísta ya se rebasó esa cifra.

 

Por cierto, los datos del RNPED se congelaron en mayo de este año, fecha de la última actualización de las estadísticas de la dependencia.

 

Otra coordenada del fracaso en materia de seguridad del presidente Peña es la situación de violencia sin control que viven estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Colima, Nayarit, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas, Sinaloa, Durango y el Estado de México.

 

Hablamos de la mitad de la geografía del país, en una suerte de mapa del desastre en el que se pueden leer también los espacios y zonas oscuras del crimen organizado desde una perspectiva como la de sus comunicaciones estratégicas.

 

Una nota de El Universal presenta un recuento sobre el aseguramiento de sistemas de radiocomunicación hechos a los distintos grupos de crimen organizado, contabilizando un total de 21 mil 180 aparatos o equipos con distintos niveles de sofisticación y efectividad asegurados por fuerzas federales en 10 estados del país: Veracruz (724 aparatos), Durango (672 aparatos), Michoacán (1,166 aparatos), Baja California (711 aparatos), Sonora (1,173 aparatos), Chihuahua (1,699 aparatos), Coahuila (1,249 aparatos), Nuevo León (3,204 aparatos) y Tamaulipas, con 7 mil 205 aparatos de radiocomunicación desmantelados y que operaban en una red creada por varios cárteles.

 

El quiebre de instituciones y de toda forma del estado de derecho que se vive en Tamaulipas bastaría para exigirle cuentas al presidente y a sus colaboradores ante el estrepitoso fracaso de todos los esquemas de seguridad ideados y puestos en marcha para rescatar a ese estado.

 

El problema es que además de Tamaulipas, el escenario se multiplica en otros estados mientras el sistema policiaco y carcelario sigue cayéndose a pedazos junto con las reformas que buscaban rescatarlo.

 

Ahora, a las masacres de Tlatlaya e Iguala se suma la de Tanhuato, cometida presuntamente por policías federales quienes habrían ejecutado a 22 civiles (de un total de 43 individuos) contra los que se habían enfrentado y a quienes sometieron para luego, heridos y/o desarmados, dispararles a corta distancia o desde el aire, rafagueándolos desde uno o dos helicópteros artillados.

 

La CNDH emitió un informe de 700 páginas en el que señala que la Policía Federal habría ejecutado a casi la mitad de las víctimas que aparentemente pertenecían a la estructura del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

 

Diez días después de presentar el documento y a unas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto rinda su Cuarto Informe de Gobierno, el Comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, es separado del cargo para ahondar en la investigación sobre las violaciones graves cometidas por policías federales en Tanhuato y en Nochixtlán, Oaxaca, en donde una operación de desbloqueo carretero terminó en refriega en la que varias personas murieron por heridas de bala.

 

El Cuarto Informe de Gobierno de EPN no puede ser o pretender ser triunfalista o alegre o sobrio en cuanto a logros en seguridad.

 

Las propias cifras y hechos registrados dentro y fuera del país lo contradicen de inmediato.

 

Sus retrocesos lo avalan en sentido contrario.

 

Hablar de una especie de misión cumplida sonaría casi a traición.

 

@JorgeMedellin95

@OpinionLSR

 

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