Los analistas periodísticos y los locutores de radio fueron contundentes. Dejaron a un lado los matices y entraron al fondo de la cuestión: los integrantes de la banda llamada Los Porkys de Costa de Oro violaron a la menor de edad Daphne. Se trata de un juicio penal desarrollado en las páginas de opinión y ante los micrófonos de las estaciones radiofónicas. Y así fue como emitieron el veredicto: los cuatro jóvenes señalados con sus nombres y apellidos son culpables. Punto. No hizo falta ni intentar la tramitación de un amparo. La sentencia fue definitiva e inatacable.
Lo que me extraña es que varios de esos analistas han participado en importantes batallas a favor del Estado de derecho en México. Algunos fueron precursores en la lucha contra la discriminación; otros se emplearon a fondo para lograr la liberación de Florence Cassez frente a su injusto encarcelamiento; unos más contribuyeron para la reforma del procedimiento penal mexicano.
Pero en un caso en el que abundan las declaraciones mediáticas y escasean las pruebas, decidieron hacer a un lado la Constitución, los tratados de derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana y todas nuestras leyes, que establecen el derecho de toda persona a ser presumida inocente, el derecho a un debido proceso legal, el derecho a la defensa y hasta el derecho a la protección de la familia (incluso algún analista dejó entrever que los familiares de uno de los jóvenes de Veracruz estaban vinculados con el narcotráfico; un comentario propio del peor periodismo que se puede hacer).
Para decirlo de forma clara: mientras no haya una sentencia en la que se condene a esos jóvenes, se les debe considerar como legalmente inocentes. Nadie es penalmente responsable de nada solo porque lo digan las redes sociales o lo repitan los medios de comunicación. La responsabilidad penal no se determina en función de los humores y rumores de la opinión pública. El artículo 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que la responsabilidad penal debe acreditarse “más allá de toda duda razonable”. Si no se alcanza ese estándar de prueba –bastante exigente, para protección de la libertad de todos nosotros- el juzgador debe dictar una sentencia absolutoria.
Puede ser que Daphne haya sido violada. Yo no lo sé y no tengo forma de saberlo. En todo caso, el único que lo puede dictaminar es un juez. Si la procuraduría de Veracruz por buenas o por malas razones ha demorado la investigación, los representantes de la víctima (de cualquier víctima) pueden promover un amparo, para que un juez federal obligue a que se concluya la investigación y se dictamine conforme a derecho.
Ese tipo de amparos se suele resolver en un plazo relativamente breve; desde luego, en mucho menos tiempo que el año de demora que lleva la indagatoria en el caso de Daphne, según el papá de la menor. Por ahí debería empezar, desde el punto de vista legal. Otra cosa muy distinta es intentar ganar el caso dando entrevistas en ejercicio de su libertad de expresión (nadie puede impedir que ejerza ese derecho), lo cual quizá sirva para generar reclamos y expectativas que no sabemos si serán debidamente cumplidas.
En México, según una estimación de la Secretaría de Salud del gobierno federal, se cometen anualmente unas 20 mil violaciones; una enorme mayoría de casos es contra mujeres, muchas de ellas menores de edad. En el 80% de los casos el perpetrador de los hechos es un familiar o un personaje del círculo familiar o de amistades de la víctima. Como sucede con el resto de delitos, la impunidad reina en la mayor parte de los casos de violación. Es un drama enorme, que a nadie debe dejar indiferente.
Es por ello comprensible que la sociedad clame justicia, en aquellos casos que por una u otra razón llegan a ocupar espacio en los medios de comunicación. Pero tampoco nos hagamos falsas ilusiones del interés de muchos por hacer justicia: es la misma sociedad que prefiere ver las telenovelas y comprar las revistas de chismes que reproducen estereotipos contra las mujeres y cuentan historias de violencia de género casi siempre de forma laudatoria.
Es la misma sociedad que nunca se ha preguntado por el valor del debido proceso legal, de la presunción de inocencia y por el deber de las autoridades de actuar conforme a las pruebas que existan en un caso concreto, no por reclamos en las redes sociales. Es la misma sociedad que, con su voto, puso al frente del gobierno de Veracruz a un conjunto de personas ineptas y buenas para nada.
Ahí está el verdadero reto de un país que quiere ser moderno, sin serlo; que quiere ser grande, pero amanece cada día lastrado y atenazado por una sed que no es de justicia, sino de venganza. Si queremos justicia y que los delitos no queden impunes, comencemos por tomar en serio las leyes. Empezando por esa disposición que dice que nadie puede ser llamado violador hasta que así lo disponga una sentencia definitiva, dictada por un juez competente. Nunca antes, nunca sin pruebas y sin juicio, nunca a manos del griterío amarillista de los medios.