La corrupción se ha convertido en tema central de las campañas electorales. Faltando un mes para la elección federal, las acusaciones mutuas sobre enriquecimiento ilícito o la revelación de actos que involucran desviación de recursos públicos, han desplazado del debate a la oferta política de los diferentes partidos. Esto no es gratuito.
Si bien la corrupción aparece como un fenómeno omnipresente en la historia moderna de México, el lubricante o engrudo político del que hablaba Alan Riding, en los últimos años ha dejado una marca muy particular en nuestra vida pública. La cascada de prácticas irregularidades parece no tener fin: la práctica de los “moches”, los conflictos de interés del gabinete, el otorgamiento de contratos preferentes a contratistas consentidos, el uso de helicópteros oficiales para fines privados, la contratación de aeronaves en forma poco clara para las campañas electorales, compra de bienes inmuebles en el extranjero a nombre de esposas de funcionarios y exfuncionarios, sin dejar de lado la desviación de recursos públicos para comprar votos o acarrear votantes durante las campañas.
Lo que los últimos meses nos dejan como enseñanza, es que la corrupción en México no tiene límites o colores y que, a pesar de la aprobación del flamante sistema anticorrupción, los actores políticos no parecen tener la intención de erradicar esta práctica de la política nacional. Por poner un solo ejemplo, si tanto importa la corrupción en el discurso de campaña, ¿dónde está la investigación y los responsables de esa forma de extorsión institucionalizada que son los “moches”?
En el Índice Global de Impunidad (IGI 2015: p. 46, en http://www.udlap.mx/cesij) destacamos la existencia de una correlación entre mayores grados de corrupción e impunidad. En otras palabras, el tamaño de nuestra corrupción es directamente proporcional a nuestros niveles de impunidad. Más que un producto de la mecánica política nacional, el “robo pero poquito” manifiesta abierta y cínicamente lo que se asume como un valor entendido: la corrupción es un equilibrio que es posible porque a final de cuentas no hay consecuencias.
Otra enseñanza es que la revelación de escándalos sobre la corrupción no necesariamente se va a traducir en sanciones administrativas o penales contra los corruptos. La forma en que la corrupción ha entrado en el debate de las campañas electorales no augura necesariamente más transparencia o mejor rendición de cuentas. Estamos ante un intercambio de acusaciones cuyo objeto es destruir la credibilidad del rival porque es más corrupto, porque su conducta inapropiada es más visible o porque está mejor documentada en medios de comunicación. Una competencia entre fuerzas políticas que señalan con el dedo la corrupción en el otro, cuando el problema está igualmente extendido en casa.
Vivimos la transformación de la corrupción en un arma arrojadiza electoral entre actores políticos que no tienen necesariamente la intención de renunciar a la impunidad. Más que ejercicio de la razón pública ante un grave problema, representa una estrategia de campaña que asume que se puede arrojar la piedra porque el tema pasará al olvido una vez terminada la jornada electoral. Sin que importe que con ello sigan destruyendo la credibilidad ciudadana en los partidos políticos, las instituciones y las autoridades.
Aunque hay otra enseñanza importante, la indignación y presión social pueden sancionar la conducta indebida de servidores públicos e impulsar el cambio. Organizaciones sociales como el IMCO, Transparencia Mexicana, México Evalúa o Mexicanos Primero, por citar sólo a algunos, nos han demostrado que es posible contribuir al cambio institucional y a la implementación de mejores prácticas en favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el control de la corrupción.
El trabajo de estas organizaciones es fundamental porque aunque son medidas que tomarán forma gradualmente, sus efectos pueden ser incrementales para nuestra vida pública. Implica poner en el centro del debate la necesidad de erradicar la práctica de la corrupción diseñando mejores marcos institucionales y mecanismos para atacar también la impunidad de que se alimenta.