No hay nada que festejarle al gobierno federal con relación a la recaptura de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. A ellos se les fugó, ahora resulta, según algunos, que hay que aplaudirles. Vaya desfachatez.

 

No hay nada que festinarles en primer lugar porque este personaje criminal se fugó de un penal de máxima seguridad por la complicidad, infiltración, corrupción y negligencia de elementos del actual gobierno federal, y, en segundo término, porque esta fuga sigue impune y muchos de quienes debieron haber sido destituidos y procesados por esta escandalosa evasión siguen despachando muy tranquilamente como servidores públicos. Es el grave problema de la impunidad y la corrupción prevalecientes en el país.

 

Al respecto, vale la pena revisar la manera como se enfrenta y combate el problema de la corrupción gubernamental a altos niveles en México y en Brasil lo que pone de manifiesto el gran contraste entre ambos países.

 

En Brasil, funcionarios de gobierno y diversos ejecutivos vinculados a ellos están siendo investigados por corrupción, pero en México –país que desde hace años padece de esta terrible plaga social-, la impunidad sigue en aumento y la respuesta a incidentes realmente graves que han vinculado a Enrique Peña Nieto y a diversos miembros de su gabinete, con sus casas "adquiridas" al principal contratista del gobierno, ha sido de una complicidad absoluta y de un cinismo extremo.

 

Como ya se ha discutido de manera previa en este espacio, la corrupción en México alcanza niveles incalculablesque en muchas ocasiones incluyen a los Poderes del Estado y la impunidad para perseguir y sancionar los delitos derivados de la corrupción es casi absoluta.

 

En nuestro país los delincuentes no pisan la cárcel, los que sí lo hacen logran escapar y son reaprendidos mientras los asesinos de periodistas y las miles de desapariciones de personas en nuestro país ni siquiera son investigadas.

 

Los escándalos petroleros han sido detonados por los medios, pero las sanciones penales son prácticamente nulas, el caso Oceanografía es un claro ejemplo de que en este país a pesar de que pase algo grave, no pasa nada, a pesar de que se ha comprobado que familiares de ex funcionarios públicos se han vinculado con empresas extranjeras para explotar recursos naturales, o que funcionarios actuales tuvieron cargos ejecutivos importantes en las mismas antes de iniciar su participación en gobierno.

 

Volviendo al caso brasileño, los recientes descubrimientos de desvío de recursos en Petrobras, la empresa del estado responsable de la explotación petrolera en dicho país, ha desencadenado un torrente de denuncias y señalamientos políticos y sociales que han alcanzado a la propia presidenta del país, Dilma Rousseff, quien actualmente enfrenta la posible realización de un procedimiento de “desafuero” en su contra.

 

Los niveles de aprobación de la presidenta y su gobierno se encuentran en su nivel más bajo.

 

El 69% de los entrevistados considera la gestión de Rousseff "mala o pésima", el porcentaje de desaprobación más alto de un Gobierno en los 27 años de existencia del sondeo. Sólo el 20% califica el trabajo del Ejecutivo como "regular" y el 10%, como "bueno o muy bueno". El 90% de los entrevistados cree que los impuestos son el principal problema de Brasil, seguidos por el tipo de interés (89%), la salud (84%) y el combate a la inflación (83%).

 

En cuanto a nuestro país, el titular del Ejecutivo federal tiene un nivel de aprobación inusitadamente bajo. Sólo 33.4 por ciento de los mexicanos aprueba el gobierno de Peña Nieto, según la encuesta de Consulta Mitofsky levantada del 6 al 9 de noviembre de 2015 y divulgada el 24 de noviembre. En una encuesta de Parametría, que cubre el periodo septiembre-octubre, el presidente Peña Nieto muestra una aprobación de 35 por ciento. Pero si a la opinión positiva se resta la negativa, queda una opinión efectiva de 23 por ciento, la más baja de todos los personajes medidos en el estudio. Entre 10 temas de desempeño, la corrupción es en lo que más desaprueban los ciudadanos (76%) y líderes (93%) a la administración federal, emanada del Partido Revolucionario Institucional.

 

Sin embargo, Brasil y México tienen una gran diferencia, misma que reside en la fortaleza de las instituciones legales del país sudamericano, además de una arraigada creencia en la libertad de expresión, misma que permea todos los niveles de gobierno y la población, y de la que no gozamos de manera plena en nuestro país desde hace mucho tiempo.

 

Brasil parece darse cuenta de que los estándares sobre corrupción, derechos humanos y libertad de expresión han cambiado a nivel internacional, y México sigue rezagado en las tres áreas.

 

En México, Peña Nieto se encogió de hombros después de una pregunta sobre corrupción calificándola de “problema cultural”. Dilma Rousseff, ha emprendido diversas medidas que tan sólo en 4 meses la han llevado a levantar seis puntos en las encuestas. Pero además una sociedad civil crítica y demandante no le ha dado tregua.

 

Aunque México se coloca por encima de Brasil en la encuesta sobre facilidad para hacer negocios, realizada por el Banco Mundial, aparece en la posición 103 de la lista de Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción, peor que China. Brasil se ubica en el lugar 69.

 

La respuesta de nuestro gobierno a cada uno de los penosos incidentes de corrupción ha sido el silencio y el cinismo, y este fin de semana, mientras el dólar parece enfilarse hacia los 20 pesos, el tema de éxito promovido por el gobierno federal y sus corifeos es la recaptura de un criminal que, nuevamente, reaparece en el momento en el que se necesita disfrazar la impunidad y el fracaso del gobierno federal con un dólar por las nubes y un barril del petróleo que se va al despeñadero.

 

@RicardoMeb



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