Empresarios, académicos, periodistas y organismos de la sociedad civil, entre otros sectores, están logrando alinear esfuerzos para llevar a otro nivel la irritación ciudadana ante la corrupción pública, que exhibe uno de los periodos más agudos y extendidos en la historia reciente el país.

 

Claudio X. González Guajardo, quien encabezó Fundación Televisa, fundador entre otros organismos, de “Mexicanos Primero” -una plataforma que resultó clave en el debate sobre el sistema educativo nacional-, ha asumido por sí mismo o alentado por sus aliados, una nueva misión: combatir el saqueo de las arcas públicas que protagonizan autoridades de todos los niveles, lo mismo en el gobierno federal, que en los estados y en la ciudad de México, en muchos de los casos de la mano de empresarios que son invitados a esta orgía de ladrones de los impuestos de los mexicanos.  

 

De acuerdo con información disponible, para darle solidez a esta iniciativa González Guajardo acordó su conducción con la reconocida politóloga, catedrática del CIDE, María Amparo Casar, quien ha coordinado diversos reportes en materia de corrupción dentro de su colaboración con el IMCO, que dirige Juan Pardinas.

 

En otro frente de acción, el periodista Daniel Lizárraga, de amplia trayectoria profesional en varios medios y pieza clave en el equipo de Carmen Aristegui –con quien coordinó la investigación por la ¨Casa Blanca¨ presidencial, entre otros trabajos-, ha configurado junto con varios de sus colegas un proyecto que durante muchos meses lo llevó a  tocar puertas en pos de recursos tanto en México como en el extranjero.

 

Ese proyecto ha empezado a aglutinar a periodistas independientes –hartos de laborar en medios cómodos para el poder político y económico-, que orientarán sus investigaciones fundamentalmente en temas de corrupción. Lo singular de su iniciativa es que contará con apoyo económico de fondos internacionales pero también de empresarios nacionales, que consideran esencial sanear la vida de los negocios, la política y el uso que dan al erario los funcionarios públicos en México.

 

En el propio ámbito empresarial llamó también la atención el jueves pasado la firma de un pronunciamiento de largo título,  la llamada “Declaración de Tijuana: Combatir corrupción e impunidad y potenciar el desarrollo de México”, concretada por la Coparmex, cuyo dirigente nacional es Gustavo de Hoyos.

 

De acuerdo con el propio Hoyos, el organismo que encabeza –tradicional vocero de los sectores más conservadores del sector- denunciará dentro y fuera del país a los integrantes del Congreso mexicano, que han bloqueado una serie de iniciativas de ley que buscan dotar de mayor transparencia a la función pública, imponer un sistema de rendición de cuentas y sancionar con mayor rigor la venalidad en el uso del erario, equiparándolo con el crimen organizado cuando, como regularmente ocurre,  supone una maquinación de tres o más personas.

 

Ciertamente, en ambas Cámaras del Congreso ha existido un bloque abiertamente opuesto a este tema, protagonizado principalmente por las fracciones del PRI, que encabezan César Camacho, en Diputados, y Emilio Gamboa, en el Senado, éste último reiteradamente mencionado como facilitador de negocios entre empresarios y funcionarios públicos. “Va pa’tras, papá”, se le oye decir en una vieja grabación telefónica en donde ofrece a un impresentable empresario poblano atajar una propuesta de nueva legislación.

 

En esta construcción de un halo protector a la corrupción, al PRI se han sumado, mansa e interesadamente, los legisladores del Partido Verde, cuyos miembros están atenidos a los dictados de una familia y de diversos grupos de interés. Se diría que ambos están engarzados por la corrupción, y que sectores del PRI, y todo el Verde en su conjunto,  no podrían dar paso a una legislación sólida en este campo sin atentar contra su propia existencia.

 

La dimensión de los intereses implicados ha ido torciendo la mano a las fracciones del Partido Acción Nacional, que por meses fueron receptivas a los reclamos de organismos de la sociedad civil, particularmente a la propuesta de ley llamada “3 de 3”, con base en la cual todos los funcionarios públicos y candidatos a ser electos deberían dar a conocer su declaraciones patrimonial, de impuestos y de relaciones que pudieran suponer conflictos de interés.

 

Los grupos parlamentarios panistas, que dirigen Marko Cortés en Diputados y Fernando Herrera en el Senado, hallan cada vez más difícil explicar sus negociaciones, si bien en charlas con periodistas “fuera de grabadora” aseguran que están buscando pactar cambios de estructura en la PGR que dirige Arely Gómez, lo mismo que crear un organismo ciudadano dentro de la Fiscalía Anticorrupción, el cual dirigiría el respetado investigador del CIDE Mauricio Merino.

 

Para muchos observadores, la evolución del PAN en esta agenda tiene el aroma de la claudicación.

 

Cada grupo y cada voz deberá asumir una definición en junio durante el nuevo debate en el Congreso, que se dio un periodo extraordinario de sesiones para sacar adelante este y otros temas esenciales. 

 

Como se ve, los legisladores van rezagados, por mucho, ante sectores que ya asumieron que la corrupción corroe las bases mismas de la sociedad, burla las normas mínimas de nuestra convivencia, nos pone en ridículo ante el mundo y ancla la búsqueda de un futuro como nación. Así lo entendieron ya en Brasil. ¿Nosotros cuándo?

 

rockroberto@gmail.com

@OpinionLSR



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