La disputa por los derechos de las audiencias continúa, como le comentaba en mis colaboraciones anteriores además de la Consejería Jurídica y la Cámara de Senadores en este mes de abril se unió la Cámara de Diputados para tratar de derogarlos y minar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para tutelarlos.
Diversas organizaciones sociales defensoras de estos derechos como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias, A Favor de lo Mejor, Redes, la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, entre otras, y personas expertas de la talla de Clara Luz Álvarez, Gabriel Sosa Plata, Irene Levy, Jenaro Villamil, Raúl Trejo Delarbre y otras más, han dado argumentos más que sólidos en contra del Dictamen aprobado en la Cámara baja por la Comisión de Radio y Televisión para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) que darían al traste no solamente contra las disposiciones que protegen a las audiencias, sino contra la noción misma de servicio público en la que esta catalogada el servicio de radiodifusión.
Ante la ola de protestas la semana pasada la diputada federal Lía Limón del Partido Verde Ecologista de México y presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, propuso una adenda al dictamen aprobado para que el IFT siga manteniendo la atribución de ordenar la suspensión precautoria de las transmisiones de radio y televisión cuando se afecten los derechos de las audiencias infantiles, sin que se pueda aplicar a programas informativos, sin embargo el resto del dictamen se mantiene intacto en sus principales puntos que incluso son anticonstitucionales como derogar la prohibición concreta de transmitir publicidad o propaganda como si fuera información periodística, por cuanto configura un claro engaño a las audiencias.
A esta intentona de contrarreforma a la LFTR se ha unido la voz del senador Francisco Búrquez del Partido Acción Nacional con argumentos más que lamentables comparando la protección de los derechos de las audiencias al modelo ¡venezolano! Ignorante de lo que significa la protección en clave de derechos humanos que implica un diseño institucional y legal para evitar que particulares violen los derechos de terceros, en su lógica no importan las posibles afectaciones a sectores vulnerables como la niñez o el engaño a las audiencias, asumiendo que la libertad de expresión es absoluta, cuando es claro que tiene límites cuando afecta los derechos de terceros. Aplaude que se conculquen las facultades al IFT para regular en este terreno, lo que hace suponer que opta por que sea la Secretaría de Gobernación quien lo realice, o sea que prefiere que sea una instancia dependiente del Ejecutivo quien lo haga… precisamente como el modelo venezolano.
Otra pifia de este senador es pretender que desaparezcan los medios de uso público, definidos por organismos internacionales de derechos humanos como indispensables para fomentar el pluralismo y la diversidad mediática, y como parte de las responsabilidades estatales para fortalecer la libertad de expresión, la cultura, la educación, entre otros objetivos. No cabe duda que este legislador esta más perdido que un gato regalado en el metro de Tokio a la hora pico.
Queda muy poco tiempo para que termine el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, todo parece indicar que esta perniciosa iniciativa bautizada como la #LeyTelevisaDöring no se aprobará, pero ante los albazos legislativos habrá que ver que pasa, pues esa comisión ha optado por la opacidad y los acuerdos en lo oscurito desoyendo la demanda ciudadana de tener un debate abierto de cara a la sociedad.
Lo cierto es que tanto el poder ejecutivo como el congreso han realizado una serie de acciones tendientes a debilitar al órgano regulador que ellos mismos propusieron y aprobaron crear y que hasta el momento es un modelo en América Latina no solamente por contar con autonomía constitucional, sino porque también es un regulador convergente.
Pero la apuesta al desgaste del IFT, que además nada se defiende, también viene por otros lados, hay que ver la reciente ratificación del Senado de la propuesta del Presidente de la república para nombrar al comisionado que sustituirá a Ernesto Estrada que terminó su periodo en febrero de este año. De la lista de las personas con mejores calificaciones en el examen había perfiles experimentados, sin embargo para sorpresa de muchos, incluyendo gente al interior del IFT, a quién se escogió fue al Ingeniero Arturo Robles Rovalo que era Director General Adjunto de Investigación en Prospectiva en el Instituto y que cuenta con una trayectoria mucho menos meritoria que otros que también pasaron el examen con las más altas calificaciones.
A pesar que el proceso diseñado desde la Constitución para integrar al regulador intentó evitar la discrecionalidad y dotarlo de mayor transparencia, lo cierto es que la práctica no logra ese objetivo, públicamente no se sabe qué calificación en específico tuvieron las personas que integran las listas, como tampoco los criterios y parámetros objetivos para dictaminar los méritos de las propuestas más allá de la comparecencia pública. Tampoco es pública qué información le proporciona el Ejecutivo al Senado cuando le envía su propuesta seleccionada, si le da el expediente completo, evaluación u otros criterios orientadores. Ni el Poder Ejecutivo ni las Comisiones del Senado tomaron una decisión basada en méritos, y ante igualdad de méritos y credenciales, tampoco promovieron la equidad de género en el Pleno del IFT.
Coincido con Irene Levy en que este tipo de prácticas desincentiva la participación de expertos con méritos y trayectoria para participar en este tipo de procesos, esperemos que el Ingeniero Robles tenga una actuación destacada que nos obligue a decir que nos equivocamos.
Presidencia del Pleno
Otro punto en el que habrá que estar atentos es en la próxima designación de la presidencia del Pleno del IFT que deberá de cambiar en septiembre de este año. El nombramiento tiene que hacerlo el Senado por mayoría calificada y debería de ser bajo un proceso objetivo, competitivo, transparente, con equidad de género y basado en capacidades y habilidades de liderazgo, visión, innovación, negociación, independencia real del poder público y de los poderes fácticos y lejanía de aspiraciones políticas a corto plazo ¿ o veremos nuevamente repartos de cuotas partidistas o de intereses de grupo como ha sucedido hasta el momento en otras tantas designaciones?