En este sexenio se perpetró una contrarreforma conservadora que prácticamente dejo irreconocible a la Constitución Política de la República de 1917, surgida del movimiento revolucionario elaborada por el Constituyente de Querétaro.

 

La Constitución Política de la República es nuestra ley fundamental, y con base en el estado democrático de derecho, es la norma suprema que regula todo nuestro andamiaje jurídico.

 

Si bien la Constitución es y debe ser un documento flexible que se ajuste a la realidad social, muchas de las decenas de reformas de que ha sido objeto son producto de la desconfianza entre los actores políticos que han venido engrosando el texto constitucional en el entendido que es más complejo modificarla que las leyes ordinarias y, en el colmo, en este sexenio se abusó de los artículos transitorios a niveles que rayaron en lo ridículo, con evidente falta de técnica legislativa.

 

No obstante el cúmulo de reformas y modificaciones a la Constitución, nuestra ley suprema contenía también principios y postulados que definían un proyecto de nación y grandes decisiones nacionales.

 

Todo ello se modificó mediante reformas estructurales que si bien contaron con una cuestionable legalidad en su procesamiento es evidente que no contaron con la legitimidad social, fueron impuestas por el Pacto por México y elaboradas por el área jurídica de Los Pinos. Estas enmiendas implicaron cambios tan drásticos a la Constitución que la desfiguraron.

 

Las reformas surgidas al amparo del Pacto por México entregaron el petróleo y los recursos energéticos del subsuelo a grupos privados extranjeros; consolidaron a los poderes fácticos en materia de telecomunicaciones; golpearon a los maestros y a la gratuidad de la educación pública; incrementaron los impuestos de manera desproporcionada; fortalecieron a la banca extranjera en detrimento de los usuarios de servicios financieros; crearon un Instituto Nacional Electoral que ha acentuado la inequidad en las contiendas políticas y que duplica funciones con los órganos locales electorales; extremaron el centralismo legislativo en perjuicio de la soberanía de los estados.

 

Estas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México han contribuido a sumir al país en una crisis política, social y económica de grandes dimensiones. Estas reformas modificaron contenidos estratégicos y decisiones políticas fundamentales que por su alcance y magnitud debieron haberse sometido a consulta o a referéndum.

 

Varias de las reformas del Pacto por México que modificaron el texto constitucional fueron aprobadas en un Congreso de la Unión amurallado para que las protestas y manifestaciones no alterarán la imposición.

 

En especial la reforma energética se aprobó en un recinto de la Cámara de Diputados, no en el salón de plenos que estaba tomado por la oposición, sino en el auditorio E, mientras afuera del inmueble de San Lázaro diferentes corporaciones policiacas mantenían un estado de sitio. Se trataba de aprobar esa reforma privatizadora a como diera lugar.

 

En esas condiciones se concretó la reforma energética privatizadora en un virtual golpe de Estado legislativo. Además para imponer esas reformas se basaron en mentiras y en un monumental engaño a la población. En la propaganda oficial y oficiosa se decía que estas reformas llevarían a México a altísimos niveles de bienestar y crecimiento económico, de igual manera propagandizaron que en el caso de la reforma energética bajarían las tarifas del gas y de la electricidad, y que ya no habría más gasolinazos. Todo fue una gran mentira, no sólo no han disminuido las tarifas sino que se han incrementado exponencialmente.

 

Estas reformas han sido un rotundo fracaso, han polarizado al país, generado encono social, debilitado la economía y entregado la riqueza del país a extranjeros. No en balde Enrique Peña Nieto es el Presidente de la República peor calificado en la historia contemporánea, solamente aprueba su gestión entre un 9 y un 12 por ciento.

 

Frente a esta situación es fundamental dar la batalla política y legislativa para revertir estas reformas constitucionales regresivas y ajustar nuestra Constitución a un nuevo modelo de desarrollo. Requerimos una ley fundamental que responda a los retos del país y a un entorno internacional donde sólo a partir de las fortalezas nacionales se puede competir en las nuevas realidades geopolíticas.

 

@RicardoMeb

@OpinionLSR

 

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