La corrupción en la vida pública es, con mucho, la enfermedad más grave y extendida que afecta a nuestro país y uno de los obstáculos más grandes para lograr el desarrollo sustentable de nuestra nación. La impunidad, la pobreza, el crimen y la injusticia reflejan la profundidad de la herida y el dolor evitable que hoy lastima a millones de mexicanos, especialmente a los más desprotegidos.

 

El llamado reiterado que hacen los organismos internacionales a nuestro país para crecer en educación y en justicia para lograr el desarrollo se topa con la realidad de un sistema educativo mediatizado por la opacidad y secuestrado por grupos violentos -en estados como Oaxaca, Michoacán y Guerrero- que han hecho de la insurgencia magisterial la bandera para obtener, por la vía del chantaje y el bloqueo, ganancias económicas y espacios de control político al margen de la legalidad y el derecho universal de los niños a recibir educación. Se estampa con un sistema de justicia inquisitorial obsoleto, corroído por la corrupción a todos los niveles y sin capacidad para garantizar el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia.

 

Lo que pasa en educación y justicia sucede de manera generalizada en los diversos ámbitos de la actividad pública, afectadas por prácticas arraigadas de abuso de poder para obtener privilegios o ventajas que, por inexplicables, de otra manera serían inaccesibles. La corrupción genera desconfianza y le cuesta mucho al país, con toda razón se afirma que es el impuesto más caro e injusto que paga la población. Para tener una idea más clara del tamaño del problema hay que agregar al costo humano que genera la impunidad e injusticia, a todas luces incalculable, el valor económico estimado por Transparencia Mexicana en nueve puntos del producto interno bruto que equivalen a 1.5 billones de pesos cada año.

 

Por ello se ha insistido en la aprobación del sistema nacional anticorrupción y se han denunciado en todos los tonos y por distintos líderes de organizaciones sociales, económicas y políticas las tácticas dilatorias del PRI y los intentos por diluir los contenidos propuestos por el PAN para asegurar la autonomía y la capacidad de los órganos del Estado mexicano para investigar y sancionar a los responsables. ¿Cómo se espera que los órganos de fiscalización sean eficaces, transparentes y justos si mantienen la subordinación a los poderes sujetos a su revisión?¿Cómo esperar que la simulación que existe y la que se pretende con un sistema a modo, goce de la confianza y credibilidad de la sociedad si el órgano revisor acaba siendo simple y llanamente juez y parte?

 

Ante tal riesgo de complicidad y atonía, se hace indispensable exigir una definición clara de las distintas fuerzas políticas con respecto a su voluntad para darle a México el sistema anticorrupción que necesita. Es preciso superar la etapa declarativa y pasar a definir de una vez por todas las nuevas reglas de transparencia y rendición de cuentas para los servidores públicos. Las nuevas facultades institucionales para investigar y sancionar conductas ilícitas y los nuevos instrumentos para conocer y verificar la información sobre el patrimonio, los intereses y el comportamiento fiscal de quienes nos gobiernan y de quienes aspiran a representarnos en los espacios públicos.

 

Asimismo, para darle contenido al encendido debate sobre conflictos de interés, recientemente exacerbado por el nombramiento del secretario de la Función Pública, subordinado del presidente y amigo de juventud del secretario de Hacienda, a quienes va a investigar; y por las órdenes ejecutivas para agregar a partir de este año a la declaración patrimonial la de posibles conflictos de interés es necesario acudir a la experiencia internacional, como el emitido por la OCDE en 2004, sobre la gestión de los conflictos de interés, donde de manera enfática promueve directrices y criterios para los servidores públicos, comenzando por el espíritu de servicio al interés general y la necesidad de controles del servicio público a partir de la responsabilidad y el ejemplo personal, asícomo la generación de una cultura organizacional  que sea intolerante con los conflictos de interés.

 

Para muestra un botón, en el citado documento se refiere la importancia de definir y aplicar políticas, procedimientos y prácticas que fomenten el control efectivo y la gestión de conflictos de interés, que obliguen a revelar y debatir estos conflictos y establecer medidas razonables para evitar el uso abusivo de esta información por terceras personas, sin que esto sea en detrimento de la integridad personal y de la solidez de las instituciones.

 

Como se ve, contar con un sistema nacional anticorrupción es una necesidad y una exigencia sustentada en el principio de sobre vivencia para el sistema político mexicano y para la salud de la vida pública, de esto depende en buena medida la superación de la pobreza y la inequidad, en especial en momentos de crisis e incertidumbre económica y social; aquíse juega el acceso a la justicia en medio de una de las más severas crisis de inseguridad, violencia e impunidad.

 

Por ello, declaremos el interés en resolver los conflictos de interés entre la clase política y la ciudadanía, dejemos claro que lo que importa para el bien general es asegurar que el ejercicio del poder estásupeditado a la ley y al interés general de la acción por encima de los intereses particulares, es especial si son ilegítimos.

 

@MarcoAdame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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