A finales del año pasado, la Unesco realizó una consulta global sobre la universalidad de Internet, con miras a que los distintos sectores aportaran propuestas y preocupaciones para la elaboración de lo que será la Agenda Post 2015 de la llamada Sociedad de la Información, la consulta en América Latina obtuvo la participación de poco más de cien actores entre académicos, activistas, investigadores y tomadores de decisiones, de entre los diversos temas que se abordaron, tres fueron lo más reiterativos en cuanto a preocupaciones en la región[1].
El primero de ellos fue la falta de infraestructura suficiente para conectar a la mayor parte de la población, el segundo la regulación y las políticas públicas para garantizar la neutralidad de la red, la libertad de información y expresión, la alfabetización digital y la creación de contenidos locales; y el tercero fue la concentración de las empresas operadoras de servicios, buscadores y aplicaciones. Por cuestiones de espacio sólo abordaré el primero de los temas que es el de la infraestructura.
De acuerdo a los resultados de la consulta, una buena parte de las respuestas son coincidentes en el grave rezago que existen en muchos países de América Latina en materia de infraestructura para que los diferentes sectores de la sociedad, especialmente los menos favorecidos por el desarrollo, puedan acceder en la práctica a la banda ancha e internet. La conectividad y su acceso en varios países de la región están incluso en marcos legales que los reconocen como un derecho de las sociedades, sin embargo, en la práctica, grandes mayorías están fuera de la posibilidad de hacer una realidad el acceso universal a internet.
En la región latinoamericana las personas con acceso a internet hacen un uso intensivo de él con cerca de 21 horas al mes conectado[2], sin embargo la mitad de la población aún no accede a la banda ancha y a internet por falta de infraestructura lo que genera una desigualdad ingente si tomamos en cuenta que el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’S) se conforma hoy en día como habilitador del conocimiento y del ejercicio de otros tantos derechos humanos como lo son la educación, el trabajo, la salud, entre otros.
En México 65.1 millones de los 120.4 millones de población, están desconectados, la mayor parte de ellos están en las zonas rurales, mientras en las zonas urbanas el porcentaje de conexión de los hogares es de un 30 por ciento, en los rurales apenas llega a un 4 por ciento, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Esto no habla de una disparidad enorme, pues apenas dos de cada cien entre los más pobres tienen conectividad. Bajo estas cifras muy lejos estamos de que sea una realidad material el acceso universal a las TICS que establece el artículo 6º constitucional.
Llevamos ya dos años de retraso por parte del gobierno federal para la implementación de la red mayorista para banda ancha móvil con la banda del 700, que está ya comenzando a moverse. El pasado viernes 18 de julio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitió las prebases de licitación, después de haber recibido las manifestaciones de interés de 37 empresas, además también tendrán que licitarse los segmentos de la banda 2.5 Ghz y recién la semana pasada el Instituto Federal de Telecomunicaciones anunció en el marco del Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, que también despejará la banda del 600 Khz para servicios móviles de banda ancha.
Todas estas son buenas noticias, sin embargo, lo que aún nos está haciendo falta es conocer la política integral de políticas del espectro que garanticen la inclusión y el acceso universal, no basta licitar el espectro para incentivar competencia también se necesitan de medidas de inclusión para la población más pobre, que es nada más ni nada menos que la mitad del país. A esta política integral del espectro también tiene que añadirse la red troncal para la banda ancha fija, pero hasta el momento ese parece ser la parte más retrasada, poca o casi nula ha sido la información sobre las inversiones para construir los más de 20 mil kilómetros de fibra óptica que se necesitan para llevar conectividad a lo largo y ancho del país, que deben de agregarse a la ya construida por la Comisión Federal de Electricidad.
La infraestructura es uno de los grandes problemas en nuestro país, pero la clave estará en las bases de licitación y las condiciones de operación que establezcan tanto la SCT como el Instituto Federal de Telecomunicaciones a los nuevos operadores. Priorizar la cobertura social por sobre la recaudación económica, será una de las condiciones necesarias para evitar que el desarrollo de la infraestructura y la competencia económica se den sólo en las zonas urbanas como mercados relevantes, dejando de fuera a las grandes mayorías. Los reguladores deberían de ver experiencias como las de Colombia, Uruguay y Chile que han sido exitosas en términos de cobertura e inclusión.
[1] Consulta en America Latina sobre internet
[2] Uso intensivo de internet pero falta conectividad y contenido local