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Con una Ley de Altura gana la niñez, gana México, ganamos todas y todos

El proyecto ignoraba de forma tajante a las OSC al plantear una regulación sin mecanismos de corresponsabilidad con sociedad civil organizada.

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Escrito en OPINIÓN el

El pasado 1° de septiembre la Presidencia entregó a la Cámara de Senadores su iniciativa de Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, con carácter de preferente. Esta, fue la primera ocasión en que el presidente Enrique Peña Nieto recurrió a la facultad constitucional que implica que el Senado de la República, discuta en 30 días dicha iniciativa.

 

Como antecedente, recordamos que en 2012, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados presentó su proyecto de Ley General para la Protección Integral de los Derechos de la Niñez. En esa ocasión, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), ciudadanas y ciudadanos; se unieron para frenar la iniciativa cuya mirada hacia la infancia mantenía el enfoque asistencial.

 

Ese año, desde la Red por los Derechos de la Infancia en México #REDIM, impulsamos la campaña Por una ley de altura (#x1leydealtura) a la cual se sumaron OSC, niñas, niños, adolescentes y académicos; en un esfuerzo por contribuir con argumentos claros basados en investigación, experiencias y en instrumentos internacionales al debate que permitiera que esta oportunidad de cambiar la historia no fuera desaprovechada con la aprobación un proyecto incompleto.

 

Ahora en 2014 nuevamente vivimos una historia similar, pero con un final distinto. Encaramos la dificultad que representó la iniciativa preferente de la Presidencia, la cual contenía vacíos que significarían un claro retroceso para la garantía de los derechos de la infancia. En este sentido, desde #REDIM observamos con gran preocupación la ausencia de mecanismos públicos de diálogo para su elaboración ya que no contó con la participación de sociedad civil, ciudadanas y ciudadanos, ni tampoco de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa se había formulado “en lo oscurito”.

 

En este sentido, consideramos que el proyecto de ley enviado al Senado carecía de un enfoque de derechos de la infancia y se auto limitaba a la "protección de niñas y niños", no lograba superar la visión tutelar asistencial que ha caracterizado al Estado Mexicano que no reconoce a la infancia con capacidad de decisión fuera de su familia.

 

Si  bien, la iniciativa preferente atendía al llamado internacional de crear un mecanismo de coordinación de alto nivel, no delimitaba las competencias y responsabilidades de estas articulaciones a nivel federal, estatal y municipal. Un verdadero sistema nacional de garantías debe rediseñar la organización entre las instituciones que atienden a la infancia.

 

El proyecto ignoraba de forma tajante a las OSC -quienes actualmente operan 7 de cada 10 albergues y programas destinados a la infancia en México- al plantear una regulación sin mecanismos de corresponsabilidad con sociedad civil organizada.

 

Asimismo, no establecía un contraste con los compromisos adquiridos a nivel internacional, con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), sus Protocolos Facultativos y con las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas y en el Examen Periódico Universal.

 

Ante este panorama, desde REDIM realizamos un análisis de acuerdo con el "Índice de medición de calidad de las leyes" en materia de derechos de la infancia un instrumento que da cuenta de la armonización entre una ley para infancia y los principios de la CDN. De los 50 puntos máximos que contiene el Índice, la iniciativa presidencial sólo cumplió con 15.

En los últimos días, la Cámara de Senadores, tuvo la gran tarea de modificar la propuesta Presidencial, como respuesta al compromiso con cerca de 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Para ello, enfrentó los obstáculos que el Ejecutivo había sorteado: Las y los senadores citaron a las OSC, academia y organismos internacionales a audiencias públicas para que dieran a conocer sus opiniones y recomendaciones sobre la iniciativa preferente.

 

Desde la #REDIM destacamos la importancia de garantizar presupuesto suficiente y transparente para la implementación de la ley; contemplar la participación de la Sociedad Civil con voz y voto y establecer mecanismos de participación real para niñas, niños y adolescentes donde sus opiniones puedan ser tomadas en cuenta para la construcción de la política pública dirigida a la infancia.

 

Consideramos que con la votación por unanimidad en el pleno del Senado de la República el pasado lunes, se logró dar un salto cualitativo importante en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; sin embargo, queda pendiente la revisión, ajuste y aprobación en la Cámara de Diputados, donde seguramente varios temas podrán ser precisados para lograr la mayor armonización posible. Avanzar hacia la implementación de la esta ley demandará voluntad política del Presidente de la República, del secretario de Gobernación, secretarias y secretarios y gobernadores de todo el país.

 

En este proceso, será muy importante reconocer las inercias institucionales, así como la gran tarea de formación y capacitación a las y los funcionarios que operarán esta Ley General. También será necesario para el Poder Legislativo Federal y los Congreso Estatales armonizar las leyes federales, locales y municipales que obstaculicen su implementación, evitando con ello que esta Ley General se quede sólo en el papel.

 

Será indispensable que en esta oportunidad la Cámara de Diputados se comprometa a destinar mayor presupuesto etiquetado para la implementación de la Ley General en proceso de aprobación. Ese presupuesto deberá verse reflejado en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación.

 

Desde las organizaciones de la #REDIM nos mantendremos al pendiente de los avances en la Cámara de Diputados, esperando se aproveche esta gran oportunidad histórica de contar con una Ley General de Derechos que dé respuesta a la deuda pendiente con las niñas, niños y adolescentes en México.

 

@juanmartinmx